LA MAFIA Y LA POLÍTICA
Hemos hecho de la mentira y de la falsedad fundamentos
importantes y vigentes del sistema político nacional. Y la verdad es que nadie
quiere cambiar este sistema. Muy por el contrario de las proclamas de los
parlamentarios y dirigentes políticos, de los anuncios de combate a la narco
política y a la mafia, en la realidad no se hace nada absolutamente para
cambiar esta situación. Tiemblan los tribunales de conducta de los partidos
ante las denuncias e imputaciones de narco tráfico contra sus dirigentes porque
tienen que simular acciones y procesos que saben de antemano que no llegarán a
ningún puerto. Alegan que la sola denuncia o las imputaciones no son
suficientes elementos que ameriten considerar la causa de la suspensión o la
expulsión partidaria. Es que se corre el
riesgo de ser diezmado, y por sobre todo perder importantes recursos económicos
necesarios para sus éxitos electorales. En síntesis el sistema político
establecido en base a la mafia y a la narco política seguirá vigente y el país
seguirá sufriendo sus consecuencias. En este momento están hablando de una
propuesta de modificación de la Ley de financiamiento político. Otra mentira
más. No se va a aprobar y si por ahí se aprueba no se va aplicar. Anuncian que
la intención de las modificaciones es ejercer un control del origen de los
financiamientos a nivel de las candidaturas partidarias que busca impedir –
dicen – candidaturas financiadas por el narcotráfico y el lavado de dinero.
Según el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados que deberá dictaminar sobre el mencionado proyecto, se buscará que
los fondos de todos los candidatos a ocupar una banca en el Congreso Nacional
sean auditados por órganos de control de la República. Plantea además la
posibilidad de impugnar las candidaturas y la pérdida de investidura en los
casos en que se descubra el uso de fondos mal habidos. La intención puede ser
buena pero el control es casi imposible.
En este país no se tiene el control de los bienes de las personas. De
alguna manera nadie está obligado a justificar el origen de los bienes que
tiene y aunque teóricamente se le obligue no existe un sistema de control. Por
eso no se persigue el delito de enriquecimientos ilícitos. Y en la política
esto es grave, porque en la práctica es en las internas partidarias donde se
compran las candidaturas, de manera directa o indirecta. No triunfan los
mejores sino los que disponen de más recursos. Se gastan sumas siderales porque
saben que después se podrá recuperar por medio de la corrupción. Es un sistema
perverso porque la ilicitud ya está en el mismo origen de los cargos electivos.
Es una verdadera plutocracia. Por eso se rechaza el desbloqueo de lista, no
porque pueda cambiar las cosas, sino por la posibilidad de que se altere las
posiciones adquiridas. Todas las movilizaciones partidarias son promovidas por
los operadores políticos, que son verdaderos profesionales de la política que
responden al mejor postor. Es una pena. Lastima mucho formular estas
consideraciones, pero esa es la verdad aunque duela. Dolorosamente debemos
reconocer que la estructura política de nuestro país está dominada por la mafia
y en estas condiciones será muy difícil superar los niveles de atraso que nos
imponen el clientelismo y la corrupción. ¿Podrá nuestro país cambiar este
sistema? Es el gran desafío que nos interpela seriamente a todos los
paraguayos.
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