LA INFORMALIDAD SE GANÓ LAS CALLES.
En realidad la informalidad sobre ruedas se ganó las calles
y las rutas del país. En este tema
seguramente somos los únicos en el mundo porque en ningún otro lugar se permite
que circulen ningún vehículo automotor sin la placa correspondiente, como viene
ocurriendo en nuestro país. Cada
vehículo para salir a circular debe contar con una placa provisoria, pero nunca
jamás circular sin placa. Y no se trata de casos aislados. Se habla de por lo
menos 250 mil automóviles y camionetas y de aproximadamente un millón de
motocicletas, que están transitando por las calles de las ciudades y las rutas
del país sin ninguna chapa provisoria. Son vehículos sin identificación y sin
responsables que circulan arriesgando la vida y los bienes de los demás con
total impunidad. Naturalmente son los más agresivos y los que más a menudo
violentan toda regla de circulación. Si cometen accidentes, si pueden,
desaparecen del lugar sin importar la suerte de los accidentados eventuales. Si
no pueden desaparecer, abandonan el vehículo sin que se pueda establecer la
identidad del propietario o el conductor ocasional del mismo. Se impone la ley
del sálvese quien pueda. Se dictan leyes que nadie cumple. Se pone plazos de
regularizaciones que a nadie le importa porque casi todos están seguros de que
habrá nuevas prórrogas. Ahora la informalidad también se apodera de las
instituciones de control del cumplimiento de las normas legales vigentes. La
patrullera, la policía nacional y los agentes de tránsito, cada uno disparan
por su lado. Bienvenidos al caos. Se ha
hecho de la informalidad un gran negocio. A las fábricas y a los comerciantes
de motocicletas, no se preocupan por vender sus vehículos aunque sea con chapa
provisoria; tampoco les importa si el comprador cuenta con registro de conducir
o cuántos de estos compradores serán víctimas de accidentes. Existirían un
millón de motocicletas sin chapas. Los corralones están llenos de estos
vehículos, porque al final es más fácil retirar otra motocicleta que pagar las
multas y adquirir las documentaciones. A nadie le importa mucho que esta
realidad se imponga, mientras haya venta
y la gente se endeude. Pero el gran negocio sigue siendo la importación de
chatarras. El 75 % de los vehículos importados tienen más de 10 años de
antigüedad como lo establece como límite la ley, para eso cuentan los
importadores con la Corte Suprema de Justicia que concede esta exención por la
vía de la declaración de inconstitucionalidad de la ley vigente. Poco importa además que los vehículos que
ingresen hayan sido robados en los países vecinos y que con documentos
adulterados superen los controles aduaneros. Es tan poderosa la cofradía de los
importadores de chatarra vía Chile, que han conseguido eliminar la
obligatoriedad del control técnico vehicular, porque sus vehículos no están en
condiciones de ser sometidos a prueba alguna. A nadie importa los daños
ambientales. Todo lo que se construya en infraestructura vial desde ahora ya no
sirve. Todos los conductores ya están condenados a la marcha promedio de 5
kilómetros por hora de velocidad. La
informalidad del parque automotor es tan poderosa que llega a tener influencia
para que no se renueven las unidades del transporte público, que el Metrobús se
dilate, que los trenes de pasajeros de trecho corto no se concreten. La
informalidad elude impuesto, lava dinero, corrompe a las instituciones,
ocasiona el caos. No hay autoridad, no hay protestas, no hay acciones. Mientras se permita que la informalidad siga
siendo fuente de riquezas mal habidas, el país no podrá salir de su postración
y de su atraso.
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