DISPENDIOS Y DISPENSARIOS.

DISPENDIOS Y DISPENSARIOS.

El primer gran desafío que tiene el gobierno no es la lucha contra la pobreza sino la lucha contra la corrupción. Es que si la corrupción continúa socavando a las instituciones del estado no importará mucho que se recaude más o se obtengan ayudas de fuentes internacionales porque esos recursos terminarán siendo desviados para engrosar los bolsillos de políticos y funcionarios corruptos. Hay un montón de denuncias de robo y malversación de fondos destinados a la ayuda de campesinos, a comunidades indígenas y a pequeños productores que siguen impunes, mientras los destinatarios iniciales siguen en la más absoluta carencia de los bienes mínimos necesarios para una vida digna. Existe una cultura prebendaria y clientelista que subsiste, lamentablemente, con mucha fuerza en nuestro medio. Estamos tan acostumbrados a esa práctica que hasta de las miserias de nuestros conciudadanos que sufren penurias con la emergencia de las inundaciones, se busca lucrar. En ese sentido hay una denuncia de desvíos de víveres destinados a las víctimas de las inundaciones, en los que estarían involucrados algunas unidades militares. Pero hay más en este tema de la ayuda y asistencia a los damnificados. En fecha reciente fue inaugurado un dispensario médico en una seccional colorada, equipado con ambulancia, con medicamentos y personal médico. De por sí no estaría mal que una agrupación política cuente con un dispensario para atender a sus afiliados y a las personas en general que requieran de esos servicios. Pero con una condición: Que sea realmente del partido y que cubra con sus recursos todos los gastos que representa poner en funcionamiento el mencionado servicio.  Lo que no nunca será correcto es que aquello sea a costa del estado, con financiamiento del erario público, malversando el impuesto de toda la ciudadanía. En estas condiciones contar con un dispensario, por más buenas que sean las intenciones, sería un acto ilegal y abusivo, una rémora reprochable de una práctica prebendaria que viene desde los tiempos de la dictadura.

Hubo una digna reacción de protesta de las organizaciones de las víctimas de las inundaciones cuando la ayuda se quiso canalizar a través de las seccionales coloradas y no a través de la Secretaría de Emergencia Nacional  como corresponde.

Pero en materia de clientelismo y prebendas las cosas no paran. La organización “Poder Ciudadano” a través de su representante la abogada Rosa Vachetta denunció el pago indebido a los operadores de los partidos políticos comisionados desde la Justicia Electoral. Señaló que es un acto ilegal porque este tipo de comisionamiento no está previsto en la Ley de la Función Pública. Se debe cortar este pago indebido que representa la erogación de  miles de millones de guaraníes al estado paraguayo.  Que los partidos políticos paguen a sus operadores con los fondos que ya tienen a su favor – también injustificadamente- que suman 73 mil millones de las elecciones pasadas, a los que todavía deben sumarse los fondos anuales por aporte estatal.

Estos hechos deben interpelarnos seriamente y por sobre todo  avergonzarnos porque mientras se desvían y malversan los escasos recursos disponibles, se sigue condenando a cientos de miles de compatriotas a chapotear en la miseria en sus precarios asentamientos.