DURO GOLPE A LA CREDIBILIDAD CIUDADANA

DURO GOLPE A LA CREDIBILIDAD CIUDADANA

La ciudadanía reaccionó conmocionada por el inoportuno y desacertado cambio del Fiscal Adjunto de Delitos Económicos Carlos Aguirre dispuesto en fecha reciente por el Fiscal General del Estado Francisco Javier Díaz Verón. El efecto inmediato es el debilitamiento de la fuerza y la capacidad de llevar adelante las investigaciones de los sospechados delitos cometidos por destacados parlamentarios. El desafuero de los indiciados está en proceso, pero hay que tener en cuenta que los procedimientos no concluyen con el desafuero sino que se inician en cuanto a las imputaciones y las eventuales sanciones que puedan determinar los jueces de las causas. El cambio – dice que por rutina – del Fiscal Adjunto constituye un mensaje negativo tanto a los jueces y fiscales como a la ciudadanía con respecto a la posibilidad de un juicio justo y una sentencia justa para los investigados. Se hiere así la causa del reclamo ciudadano formulado en multitudinarias manifestaciones cuando el Senado denegó el desafuero del Senador Víctor Bogado, la causa de que ningún ciudadano, cualquiera sea su cargo, puede ubicarse por encima de la ley. Si a partir de este acto de la Fiscalía General, los jueces y fiscales que entienden en las causas, en adelante no actúan con todo el rigor de la ley, y con todo el respaldo institucional que corresponde, los investigados serán beneficiados con un privilegio indebido que igualmente los colocará por encima de la ley con respecto a los demás ciudadanos. Esta posible situación de impunidad y la sumisión y debilidad de la Fiscalía General ante la presión política, distorsionan la justicia y debilitan la institucionalidad de la República. Para la ciudadanía esta es una afrenta grave y se prepara de nuevo para exigir el fin de toda impunidad que distorsiona el sentido de la democracia y la vigencia plena de la justicia en nuestro país.

“Una vez más, la sumisión y debilidad del Poder Judicial averguenza al país. La decisión de cambiar al Fiscal Adjunto Carlos Arregui, expone claramente el nivel de sumisión del Sistema de Justicia a la voluntad política de turno” afirman representantes de 28 organizaciones de la sociedad civil en su firme y rotundo comunicado (Diario Ultima Hora, pág 4 del 8 de marzo 2014). En el mismo documento denuncian la “ilegítima presión política motivada por intereses partidarios y crematísticos” y acusan al Fiscal General de desoír abiertamente el reclamo ciudadano. “Esta desacertada maniobra – sigue diciendo – instala mayor desconfianza y desasosiego a causa de la embestida brutal de quienes están detrás del poder por el poder, y que siguen guiando impunemente los destinos de la justicia en el Paraguay”. El documento concluye afirmando que: “Con la impunidad danzando entre nosotros, pierde el estado de derecho, pierde la democracia y perdemos todos los paraguayos”. Ante este hecho y estos hechos, la ciudadanía tiene un mensaje para las autoridades y dirigentes políticos: Dejen de jugar con fuego y no abusen de la paciencia de la gente. En la lectura de los signos de los tiempos hay que comprender que para la ciudadanía ya resulta intolerable el privilegio de la injusticia y que ya no puede detenerse la marcha institucional de la República.