ATROPELLO HUMILLANTE

ATROPELLO HUMILLANTE

De humillante y doloroso se puede calificar el grave atropello de productores brasileños que desalojaron violentamente y de forma totalmente ilegal a campesinos compatriotas ocupantes de colonias asentadas en tierra fiscal administrada por el INDERT (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra). El INDERT es una institución del Estado Paraguayo encargada y responsable de la administración de las tierras públicas o estatales de conformidad al Estatuto Agrario y es inconcebible que fiscales y jueces autoricen estos violentos desalojos en colonias autorizadas por la misma. Si se respetara la institucionalidad, los fiscales y jueces deberían solicitar informes al INDERT ante las pretensiones o denuncias de supuestos propietarios antes de conceder y encaminar los desalojos. Además no se puede conceder una orden de desalojo si los demandantes no arriman los comprobantes de la propiedad del inmueble que reclaman. Todo esto se viola sistemáticamente en el interior del país, como si fuera que para nuestros compatriotas campesinos rigieran otras leyes. Según el amplio informe del Periódico Digital E´a en su edición de la fecha, 14 de enero del 2016, el violento desalojo tuvo lugar en las colonias Guahory y San Sebastián, Departamento de Caaguzú, dirigido por el Fiscal de la Zona Alfirio González, con participación incluso de policías brasileños, sin orden judicial alguna, por simple denuncia de los sojeros, según lo reconoce el INDERT. Incineraron más de 100 viviendas con todos los enseres adentros, e incluso la capilla del lugar, dejando un tendal de heridos algunos de gravedad. Estos vandálicos hechos ya fueron denunciados por el Obispo de la Diócesis de Coronel Oviedo, y en el propio parlamento por el Senador Nacional Luis Alberto Wagner. Claro, la prensa comercial se mantiene callada. El INDERT, ha resuelto intervenir las colonias invadidas para posibilitar el retorno de unas 250 familias que residían en ese inmueble de 2000 hectáreas y cuyas viviendas fueron arrasadas e incendiadas con todos los enseres adentro.  ¿Podrá el INDERT revertir esta desgraciada y miserable situación? Lo más grave es que no se trata de un caso aislado, es una situación que se viene repitiendo en varios puntos del país en violación abierta del Estatuto Agrario, pervirtiendo el fin social que las tierras del Estado deben cumplir al servicio de los compatriotas campesinos. ¿Por qué se calla el nuevo Ministro de Agricultura y Ganadería ante atropellos de esta naturaleza? ¿No es que iba a desarrollar una política de apoyo a los pequeños agricultores para combatir la pobreza? Un primer requisito para el desarrollo de los pequeños agricultores es la defensa y la garantía de sus tierras de cultivos y la vigencia plena del Estatuto Agrario. No se puede permitir una política agraria que solamente beneficie a los productores empresariales. Eso es ausencia de Estado o lo que es peor, presencia de un Estado que permite la vigencia de un régimen de injusticia y marginación de nuestros compatriotas agricultores. Es indignante que la ciudadanía se mantenga callada e indiferente frente a estos graves atropellos que sufren nuestros compatriotas del interior del país. Es una grave irresponsabilidad que puede costarnos a todos dolorosos obstáculos en el esfuerzo por construir un país en justicia, con libertad y soberanía.