EL DOLOR DE LA IMPOTENCIA.

EL DOLOR DE LA IMPOTENCIA.

Las imágenes son fuertes, impactantes. Desde hace 126 días están crucificados. Son trabajadores de una empresa de transporte. Sus reclamos no fueron atendidos y terminan siendo imputados por ocupar la calle frente al edificio que tenían que ser refugio para ellos. Fueron convocados por una jueza y ellos respetuosos de la Ley se dispusieron a acudir junto a la magistrada con la cruz a cuesta. Previamente habían sido desalojados con sus carpas precarias. Entre los crucificados una señora, esposa de uno de los crucificados, también dejaba traslucir el dolor físico que sentía. Todos sufrían pero estaban animados y decididos a continuar en la lucha. “Que se reconozca nuestro sindicato y levantamos la medida de la crucifixión” afirmaban. Ahí estaba el problema. ¿Sindicatos? En este país y en este momento esa palabra está casi prohibida. No importan los robos miserables, sus autores caminan libres y arrogantes. ¿Pero organizar un sindicato? Eso sí es una falta grave. Este es el caso de la Línea 49, ciudad de Limpio. Su propietario un diputado nacional, que tiene prohibido por la Constitución Nacional poseer y administrar una empresa de servicio público. Pero eso qué importa. Hay muchos otros colegas que están en la misma situación. Está tranquilo con su falta, porque solamente puede ser juzgado por sus colegas y entonces no tiene porqué preocuparse. En ese recinto nadie mueve el avispero. Funciona un pacto de impunidad. Pero lo más triste es el papel que desempeña el Ministro de Trabajo que ni siquiera simula la apariencia de equidistancia al defender sin disimulo la parte patronal. El Art. 96 de la Constitución Nacional establece que “Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa” ni de la patronal ni de ninguna autoridad. El Ministerio de Trabajo lo único que debe hacer es registrar la nueva organización sindical, no autorizarla. Es un mero trámite administrativo que este Ministerio lo convierte en una potestad de reconocimiento. Si se han cumplido los requisitos mínimos tiene que registrar y reconocer. Hasta ahora no lo reconoce. La creación del sindicato es anterior a los despidos de la patronal. Incluso, el sindicato creado posteriormente con iniciativa de la patronal, ya cuenta con personería gremial. “Los trabajadores pueden volver al trabajo o retirarse si quieren” afirma hipócritamente el diputado propietario. El tema central en este caso es que si se reconoce la personería gremial del sindicato inicialmente constituido, sus dirigentes ya no pueden ser despedidos porque adquieren estabilidad sindical. Por eso esta lucha. No es solamente volver al trabajo sin ninguna garantía de permanencia. El tema es crucial, porque los trabajadores del volante son esclavos modernos. Cumplen doble función de conductor y cobrador. Trabajan hasta 18 horas y no tienen cubertura del seguro social. Nadie defiende a este trabajador. Ni el municipio, ni el Gobierno Nacional. Tampoco cuentan con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. El servicio del transporte público en manos privadas nunca dará resultado ni a favor del público usuario ni de los propios trabajadores. Por eso este es un tema clave. La injusticia y la impotencia que ocasiona el servicio del transporte público no tienen dimensión civilizada. La lucha de la organización y la solidaridad es el único camino con que cuentan nuestros sacrificados trabajadores del transporte público.