LA TORRE PUEDE NO SER
TAN BLANCA
Es deplorable y
deprimente el historial de la corrupción de una de las instituciones más
importantes del Estado paraguayo creadas por la Constitución Nacional de 1992:
La Controlaría General de la República. Su misión, cuidar de los bienes
públicos, una misión que nunca cumplió, porque desde su creación ha sido
sometida a los designios de los dirigentes políticos corruptos. Sus autoridades
siempre respondieron al compromiso resultante del miserable sistema del cuoteo
político y sus acciones propias, de auditoría de gestión y administración,
fueron condicionadas y controladas desde las órbitas de los intereses mezquinos
de los manipuladores del poder político y económico. Ha llegado al colmo de
falsear sus propios informes para
intentar proteger a dirigentes políticos o altos funcionarios imputados por el
Ministerio Público. Por primera vez en
el historial de la institución, bajo presión de la prensa y la ciudadanía se
pudo vencer la resistencia de esa protección de la que gozaban el Contralor y
la Sub Contralor, para ser sometidos a juicio político. El libelo
acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados era igual para ambos, pero la
Cámara de Senadores, que actúa como tribunal, desdobló el juicio. Primero para
el Contralor General Oscar Rubén Velázquez Gadea, que renunció minutos antes de
su remoción, quedando en segundo lugar el juicio de la Sub Contralora Abogada
Nancy Torreblanca. Nunca se pudo dar una explicación convincente de la
separación de los casos, lo que ha dado lugar a especulaciones referentes a la
intención de proteger y salvar de la condena a la mencionada Sub Contralora.
Por de pronto tiene más tiempo para articular su defensa por medios probatorios
legales o a través de algún voto
salvador en base a algún compromiso subterráneo. Tiene preguntas de muy difícil contestación como las que se refieren a
deslindar responsabilidades de las arbitrariedades cometidas y en especial al
incumplimiento de la obligación que tiene todo funcionario público de denunciar
todo delito o atentado contra la ley de que tenga conocimiento. El no hacerlo
le convierte en cómplice. Una nueva publicación viene a enturbiar más su
caso. Apareció en el Diario Última Hora, en la página 3 de la edición del 18 de
agosto este titular: “DESDE LA CASA DE TORREBLANCA, SU ESPOSO FACTURA A ENTES
AUDITADOS POR LA CGR” Su propio esposo, en su propia casa, prepara y cobra por
informes de auditoría a municipalidades y gobernaciones que después tienen que
ser aprobados o rechazados por la institución en la que ella ejerce el cargo de
Contralor. El Diputado Edgar Ortíz,
según la misma publicación mencionada, calificó el hecho como “elemento de
chantaje” Se podrá discutir si este hecho es legal o ilegal, pero lo que no se podrá negar es que se trata de un
acto “éticamente muy reprobable” Más allá de la indignación que genera este
enjuiciamiento, se tiene que tomar esta situación como la gran oportunidad de
limpiar, ordenar y fortalecer esta institución tan importante para la vida de
la República. Si no se la respeta y se
la manosea de nuevo, será la confirmación
de que el combate a la corrupción es una gran mentira. Hay 131 nuevos
candidatos para los cargos de Contralor y Sub Contralor, y los politiqueros
corruptos están expectantes. La ciudadanía también tiene que estar expectante,
porque no se debe permitir que una vez más se imponga el mero cuoteo político
en la selección de las nuevas autoridades de una de las instituciones más
importantes en la vida de la nación: La Contraloría General de la República.
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