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LA TORRE PUEDE NO SER TAN BLANCA

LA TORRE PUEDE NO SER TAN BLANCA


Es deplorable y deprimente el historial de la corrupción de una de las instituciones más importantes del Estado paraguayo creadas por la Constitución Nacional de 1992: La Controlaría General de la República. Su misión, cuidar de los bienes públicos, una misión que nunca cumplió, porque desde su creación ha sido sometida a los designios de los dirigentes políticos corruptos. Sus autoridades siempre respondieron al compromiso resultante del miserable sistema del cuoteo político y sus acciones propias, de auditoría de gestión y administración, fueron condicionadas y controladas desde las órbitas de los intereses mezquinos de los manipuladores del poder político y económico. Ha llegado al colmo de falsear sus propios informes  para intentar proteger a dirigentes políticos o altos funcionarios imputados por el Ministerio Público. Por primera vez en el historial de la institución, bajo presión de la prensa y la ciudadanía se pudo vencer la resistencia de esa protección de la que gozaban el Contralor y la Sub Contralor, para ser sometidos a juicio político. El libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados era igual para ambos, pero la Cámara de Senadores, que actúa como tribunal, desdobló el juicio. Primero para el Contralor General Oscar Rubén Velázquez Gadea, que renunció minutos antes de su remoción, quedando en segundo lugar el juicio de la Sub Contralora Abogada Nancy Torreblanca. Nunca se pudo dar una explicación convincente de la separación de los casos, lo que ha dado lugar a especulaciones referentes a la intención de proteger y salvar de la condena a la mencionada Sub Contralora. Por de pronto tiene más tiempo para articular su defensa por medios probatorios legales o  a través de algún voto salvador en base a algún compromiso subterráneo. Tiene preguntas de muy difícil contestación como las que se refieren a deslindar responsabilidades de las arbitrariedades cometidas y en especial al incumplimiento de la obligación que tiene todo funcionario público de denunciar todo delito o atentado contra la ley de que tenga conocimiento. El no hacerlo le convierte en cómplice. Una nueva publicación viene a enturbiar más su caso. Apareció en el Diario Última Hora, en la página 3 de la edición del 18 de agosto este titular: “DESDE LA CASA DE TORREBLANCA, SU ESPOSO FACTURA A ENTES AUDITADOS POR LA CGR” Su propio esposo, en su propia casa, prepara y cobra por informes de auditoría a municipalidades y gobernaciones que después tienen que ser aprobados o rechazados por la institución en la que ella ejerce el cargo de Contralor. El Diputado Edgar Ortíz, según la misma publicación mencionada, calificó el hecho como “elemento de chantaje” Se podrá discutir si este hecho es legal o ilegal, pero lo que no se podrá negar es que se trata de un acto “éticamente muy reprobable” Más allá de la indignación que genera este enjuiciamiento, se tiene que tomar esta situación como la gran oportunidad de limpiar, ordenar y fortalecer esta institución tan importante para la vida de la República. Si no se la respeta y se la manosea de nuevo, será la confirmación  de que el combate a la corrupción es una gran mentira. Hay 131 nuevos candidatos para los cargos de Contralor y Sub Contralor, y los politiqueros corruptos están expectantes. La ciudadanía también tiene que estar expectante, porque no se debe permitir que una vez más se imponga el mero cuoteo político en la selección de las nuevas autoridades de una de las instituciones más importantes en la vida de la nación: La Contraloría General de la República.

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