¿QUIÉN DEFIENDE AL IPS?

¿QUIÉN DEFIENDE AL IPS?

Es incuantificable el daño que se le viene ocasionando al Instituto de Previsión Social a través de una política prebendaría y clientelista que se le impone desde el Poder Ejecutivo y desde la corrupta clase política. El IPS es un ente autárquico con personería jurídica y patrimonio propio conforme se establece en el Art. 4 de su Carta Orgánica. La institución es propiedad principalmente de sus aportantes, empleadores y trabajadores, y de sus jubilados y pensionados, además del Estado a través del Poder Ejecutivo que nombra a su Presidente y a los Miembros de su Consejo de Administración. Sin embargo en la práctica la institución es manejada como si fuera totalmente del Estado a pesar de que el mismo ni siquiera aporta el porcentaje de contrapartida establecido en la legislación vigente. En estos días se anuncia la decisión de cubrir una deuda pendiente de aportes del Ministerio de Educación de 50 millones de dólares por la vía de colocación de bonos. Será sin lugar a dudas una gran ayuda para mejorar el deficiente servicio de atención a los beneficiarios y  la provisión de medicamentos.  Todavía seguirán pendientes unos 300 millones de dólares que conforman la deuda histórica del Estado para con el IPS, por el incumplimiento del aporte del 1.5% por cada asegurado. El constante atropello a los intereses de la institución y por lo tanto de los asegurados tiene varios frentes. Uno de ellos se da desde el mismo Parlamento con propuestas de leyes inconsultas y sin fundamentos, manejadas dentro del clientelismo populistas que arremeten con la intención de cargar a la institución con colectivo de asegurados que amenazan con colapsar la institución, porque en los planteos son desconocidos o desconsiderados los cálculos actuariales necesarios para la sostenibilidad del sistema jubilatorio. Por otro lado, una red de jueces, abogados e incluso médicos, desangra al Instituto de Previsión Social a través de amparos judiciales con un costo de aproximadamente 60 mil millones de guaraníes anuales. Estos amparos son planteados por pacientes que no son asegurados para ser atendidos en áreas complejas como terapia intensiva, hemodiálisis, quimioterapia o incluso retiran costosas drogas oncológicas. La cuestión de los amparos es una vieja discusión entre jueces y el IPS. Los magistrados alegan el derecho a la vida garantizado en la Constitución Nacional. Esta garantía le corresponde al Estado y en todo caso esos costos deberían ser asumidos por el mismo Estado y no se tendría porque cargar a la espalda de los asegurados. La responsabilidad final es del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es decir del Estado. De un estado  que no cubre sus compromisos de aportes. ¿Quién defiende al IPS? En primer lugar deberían ser los miembros del Consejo de Administración que representan a los empleadores, a los trabajadores  y a los jubilados y pensionados. Estos son nombrados por el Poder Ejecutivo a través de las ternas propuestas por las entidades representadas. ¿Cómo son elegidas esas ternas? ¿Con qué propuestas y programas? Nada, silencio, irresponsabilidad. La Carta Orgánica, tenía previstos inicialmente dos representantes para empleadores y para los trabajadores.  Pero esto fue modificado por la Ley 98/92, que deja una representación a cada sector. Actualmente el Estado controla las decisiones con los representantes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, más el doble voto del Presidente. La prensa y toda la ciudadanía no pueden estar calladas y ausentes. El IPS abre el camino para el seguro universal a través de la Ley 4933/13 que autoriza la afiliación voluntaria de trabajadores independientes, amas de casa y trabajadores domésticos. Sería un grave error destruir el IPS y que la salud quede a merced del actualmente deficiente servicio público o del engañoso servicio privado explotador.