DEFENSORÍA...¿DE QUÉ?

DEFENSORÍA… ¿DE QUÉ?

La Defensoría del Pueblo, una de las más importantes instituciones creadas por la  Asamblea Nacional Constituyente de 1992, se diluyó en la dejadez y en la inoperancia. El primer  y único Defensor nombrado hasta ahora, venció su mandato en agosto del 2008 y sigue en el cargo esperando un sucesor.  Ya está más de once años en funciones pero pocos han oído hablar de él y es seguro que muchos no recuerdan ni su nombre. La única vez que se le mencionó fue cuando las víctimas de la Dictadura reclamaron el cobro de sus haberes o cuando se cuestionó el pago a personas que no merecerían ser beneficiarias de esta indemnización del Estado.  Es un gran desperdicio y un costo no justificado. ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo? Porque para los políticos no es una prioridad la defensa de los derechos humanos y para la ciudadanía pasó inadvertida esta situación. Por fin por presión de organismos internacionales que reclaman al gobierno por esta irregularidad se abrió el proceso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo. ¿Qué proceso? Hay 80 candidatos  inscriptos, hablan de audiencias públicas para conocer el perfil y los planes de cada uno, pero finalmente el famoso cuoteo político terminará por imponerse. Pero eso no debe desanimar a la ciudadanía que debe involucrarse en exigir condiciones mínimas para la selección de los candidatos y candidatas, porque hay que convertir a esta institución en un referente importante para denunciar los atropellos y las violaciones constantes de los derechos humanos fundamentales; es decir,  hay que presionar para convertir el cargo en una verdadera contraloría ciudadana. Veamos lo que dice la Constitución Nacional sobre el cargo. El Art. 276 establece que el Defensor del Pueblo es un Comisionado Parlamentario que goza de autonomía. Tiene tres funciones: 1) Defensa de los Derechos Humanos, 2) Canalización de los reclamos populares y 3) Protección de los intereses comunitarios. Debe ser nombrado por una mayoría de 2/3 de los Diputados, de una terna seleccionada y remitida por los Senadores. Qué señorío de cargo y qué oportunidades perdidas con el Defensor que se tuvo y que todavía se tiene. Tantas violaciones de los derechos humanos y ninguna autocrítica para el estado, tantos robos en las instituciones y tantos atropellos a comunidades campesinas e indígenas que jamás fueron temas de denuncia por esta defensoría. Esta situación nos vuelve a plantear la necesidad de la revocatoria de mandato. Un Comisionado Parlamentario, no podría permanecer en el cargo por más de 11 años sin cumplir el rol que se le tiene asignado con presupuesto que paga el pueblo. Por todo ello, es importantísimo que la ciudadanía no se quede quieta ni callada, debe exigir su derecho de participación en la elección del funcionario como en el control de su ejecutoria. Aunque por el momento y una vez más la irresponsabilidad política siga causando daño  a la credibilidad y a la institucionalidad de la República.  Una lamentable situación que la ciudadanía  puede  y debe cambiar.