PROPUESTA INMORAL E INJUSTA
La ciudadanía tiene fundada razón
para el rechazo y hasta el desprecio de una clase política que no la representa
porque a menudo opera a espalda de la misma y en contra de sus verdaderos
intereses. Una
prueba más de ello, constituye la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley que crea el Fondo Jubilatorio
para los gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales. Lo venían tratando desde el mes de
diciembre con la complicidad del sigilo, sin audiencia y sin debate público,
sin méritos ni fundamento alguno y lo difunden como un hecho consumado ya con
la media sanción. No se tendría
objeción alguna si se tratara de una caja jubilatoria contributiva, es decir
con fondos constituidos por el aporte de los beneficiarios, como es el caso del
Instituto de Previsión Social. Pero no, en este caso se trata de la modalidad
de caja no contributiva, en que los beneficiarios no aportan nada o no aportan
lo suficiente para constituir los fondos jubilatorios. Esta modalidad no contributiva
en nuestro país se ha establecido para compensar por servicios de interés
colectivo en circunstancias extraordinarias como el caso de los veteranos de la
guerra del Chaco, a quiénes por la Ley 431/73 se les reconoce con toda
justicia, honores y privilegios, la pensión por jubilación o haber de retiro,
por tan extraordinario servicio a la patria. ¿Qué servicios han prestado o
prestan los gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales del país para
merecer esta distinción? ¿Qué justificación tenemos para crear a costa del
erario público, una casta de privilegiados sin merecimiento alguno? Dicen los proyectistas que el caso es
similar al Sistema Jubilatorio de los parlamentarios, como si ese error y abuso
de privilegio, consumados con aquella legislación, pudiera dar legitimidad a
otro abuso. Según la legislación con
media sanción, los beneficiarios aportarán el 20% de sus dietas y beneficios y
el 10% el Estado paraguayo, es decir todos nosotros, para posibilitar esta
jubilación inmerecida e injusta. Los
ciudadanos comunes, los trabajadores y profesionales, deben aportar durante 25
años y cumplir 60 años de edad para jubilarse, mientras que gobernadores y
miembros de las Juntas Departamentales, podrán jubilarse parcialmente, con 5
años y 55 años de edad. Esto, a su vez, abriría paso para que muy pronto
los miembros de Juntas Municipales, también pretendan, porque no, el beneficio
de la jubilación especial. Volviendo al
punto de partida ¿qué han aportado las Gobernaciones? Su finalidad es
coordinación según la Constitución Nacional. ¿Coordinar qué? Sin recursos, sin
autonomía económica, y que para no hacer nada tiene hasta gabinete propio, con
los Secretarios de Áreas, todos con buenos salarios y sin función determinada.
Las gobernaciones no han conseguido desterrar la corrupción de los municipios en
los que, cuantiosos recursos han sido despilfarrados impunemente, lo que
resulta sumamente grave para un país de muchas necesidades en salud, en
vivienda y en educación.” Los Diputados
deberían sentir vergüenza por incubar y sancionar una norma absolutamente
inmoral e injusta” como lo afirmara Diego Zavala, Presidente del Instituto
Paraguayo de Derecho y Economía, según lo publicó el Diario ABC Color en su
edición del 22 de mayo de 2017. Ahora el proyecto pasa a la consideración del
Senado. La ciudadanía debe permanecer
atenta, porque al menor descuido,
nuestros dichosos parlamentarios, pueden ofrecernos una ley perversa e
injusta, como un hecho consumado.
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