DESIGUAL LUCHA POR LA TIERRA
Una vez más el gobierno ha dado
muestra de su disposición de favorecer a inversionistas extranjeros que se
dedican a la producción agrícola empresarial y que en ese plan, cada vez más,
extienden sus dominios y ocupación dentro del territorio nacional, sin
miramiento alguno y sin importar que eso
genere como consecuencia la expulsión de comunidades campesinas e
indígenas. El caso de la Colonia Guahory, en el
Departamento de Caaguazú, confirma lo afirmado porque en ese lugar se
materializó un desalojo violento y un gravísimo atropello a los campesinos
asentados en la misma. Se trata de una
colonia antigua donde los colonos paraguayos venían pagando por sus lotes,
incluso algunos ya habían terminado de pagar.
Los brasileños tenían también algunos lotes en propiedad pero aspiraban
tener toda la colonia y ni siquiera querían vecinos paraguayos. Según las
publicaciones, funcionarios corruptos del
INDERT, Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, se prestaron a una sucia maniobra. Titularon
los lotes, no a nombre de los colonos que ocupaban esos lotes, sino de otros
colonos paraguayos, también confabulados, que se dedicaron a vender
posteriormente esos lotes a los brasileños,
de manera ilegal, porque no lo pueden hacer antes de que transcurran los
10 años como lo exige el estatuto agrario. Y con esos títulos de dudosa
legalidad arrasaron con todo, quemando ranchos y escuelas sin permitir que los
cultivos sean cosechados. Ante esta circunstancia el Congreso de la
Nación aprobó la ley de expropiación de esos lotes para devolver a los colonos
paraguayos, pero la ley fue vetada por el Presidente de la República. La
Federación Nacional Campesina repudió el veto presidencial porque demuestra “su
política contra los pobres y le hace responsable de la pobreza y la miseria
reinante en el país” Señala además que “el veto beneficia a los eternos
privilegiados que sostienen y mantienen la concentración de la tierra como
medio de especulación por un lado y como modelo productivo agro exportador, por
el otro” Finalmente “convoca a todos los
sectores patrióticos, democráticos y honestos para seguir empeñando los mejores
esfuerzos en la lucha por la tierra y por un modelo de desarrollo nacional
independiente” Lo que se puede decir es
que el “caso Guahory” desnuda el fracaso de este gobierno en materia de su
política social. Si no protege a la
agricultura familiar campesina aumentará la demanda de las villas miserias. Los agro- ganaderos no se detienen en su
ambición de contar cada vez con más superficie de explotación. Por lo tanto si el gobierno no plantea la
zonificación del cultivo de la soja seguirá condenando al desamparo a
campesinos e indígenas, que terminan siendo expulsados de sus lotes y
comunidades en flagrante violación de sus derechos fundamentales. El gobierno alardea del crecimiento macro económico
pero no consigue disminuir la desigualdad ni controlar los índices de la pobreza y de la pobreza extrema.
Tampoco controla los márgenes de la corrupción y la evasión fiscal. Por todo
eso, la lucha por la tenencia de la tierra puede resultar vital en la
evaluación del modelo económico vigente. Nunca se podrá hablar de progreso si
una parte importante de la población sigue en la pobreza y la miseria.
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