EL DELITO DE SER
CAMPESINO
Hoy se cumple 4 años
de la masacre Marina Cué en Curuguaty y el juicio abierto a 11 campesinos por la muerte de
6 policías está llegando a su fin en Primera Instancia. Desde ayer los fiscales están presentando
sus alegatos finales. Están cambiando la calificación de tentativa de
homicidio, por el de homicidio doloso de dos de los acusados seguramente
porque querrán la condena a pena máxima.
De esta manera va concluyendo la primera etapa de esta
parodia de juicio. Nunca se investigó la muerte de 11 campesinos, varios de
ellos ajusticiados cuando fueron encontrados o alcanzados por sus
perseguidores. Ninguno fue auxiliado a pesar de los dramáticos pedidos de
auxilio. No se pudo demostrar nunca que los campesinos emboscaron a la policía.
Los campesinos nunca tuvieron poder de fuego para protagonizar la tremenda
balacera. Algunas viejas escopetas presentadas como prueba no fueron
suficientes. Tres grupos de policías
tenían cercados a los campesinos y de algunos de esos grupos provinieron las balas
que mataron por igual a policías y campesinos. El médico forense Floriano Irala
que inspeccionó los cadáveres de los policías afirmó que todos ellos
fallecieron por heridas de balas de grueso calibre. No se hicieron las
autopsias, se perdieron las placas radiográficas tomadas a los cadáveres. Se
opusieron a la exhumación de los cadáveres para comprobar el tipo de proyectil
que causó la muerte de los policías.
Todo estuvo dirigido para inculpar a los campesinos. Jamás podrán aceptar la posibilidad de que
los policías fueron muertos por sus propios camaradas. Eso sería dejar al
descubierto el montaje de la operación con fines políticos. El resultado hasta ahora era lo
proyectado. Interrumpir a un gobierno
que no obedecía los intereses del sistema e impedir toda remota posibilidad de
un nuevo mandato. El juicio es apenas una pantalla legal para intentar disimular los
ribetes y el alcance de un régimen político
y económico reinante. El Paraguay
tiene su tierra enajenada. Además de la ocupación brasileña ya están presentes
varias empresas tras-nacionales. Tenemos un estado que no defiende su
territorio y su soberanía y por lo tanto incumple lo que establece su Carta
Magna. También este estado incumple la Constitución Nacional porque no protege
la vida y el derecho de sus ciudadanos más vulnerables. Solo protege a un dos
por ciento de la población que asume y detenta todo el poder político y
económico. El delito de los campesinos
es su misma condición de campesinos, porque con su sola presencia
constituyen un obstáculo para la expansión del dominio de los detentadores de
poder. Así confirman los alegatos
finales de los fiscales. Sostienen que hay que dar un escarmiento para que
nunca más se insinúe ningún tipo de resistencia de parte de los campesinos.
Para eso está la ley. Para eso está el Estado. Para este escarmiento no importa que se cometa
injusticia, no importa que los campesinos enjuiciados sean inocentes, deberán
ser castigados como ejemplo. Nadie puede
estar ajeno a este juicio y su implicancia. No es una cuestión campesina sino
de toda la nación. Contar con un estado títere afectará la soberanía y
terminará afectando a toda la ciudadanía.
La lucha no será fácil porque la fuerza de ocupación está
afianzada. Si se tarda en reaccionar
recuperando la conciencia ciudadana, la conciencia de la libertad y la
dignidad, muy pronto todos los luchadores terminarán siendo incriminados por la
fuerza de un régimen corrupto y totalitario.
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