DESALIENTO SOCIAL

DESALIENTO SOCIAL

El panorama de los últimos acontecimientos no resulta muy alentador  para la ciudadanía.  Comenzó con el incendio en el Penal de “Tacumbú” que causó la muerte de cinco internos y el Jefe de Seguridad de la institución penitenciaria, hecho  que renovó el debate sobre la penosa situación del sistema penitenciario del país. El hacinamiento inhumano, que el 80% de la población penal corresponda a prisión preventiva, histórico abandono de las obras de mejoramiento y una atención deficiente de las distintas jurisdicciones judiciales,  proyecta al propio estado la responsabilidad de los hechos ante la sociedad y los familiares de las víctimas por abandono y graves deficiencias.  El panorama negativo  continuó con las denuncias de la complicidad de las fuerzas policiales en la venta de documentos de identidad para un narcotraficante buscado por la Interpol en todo el continente.  Aparentemente el delincuente en cuestión vivía, vive documentado y protegido en nuestro país. A renglón seguido  se denunció también la venta de pasaportes no retirados a cualquiera que tenga interés en pagar el canon solicitado. La corrupción policial es una cuestión grave que hasta ahora no tiene viso de solución. Los hechos continúan con la denuncia de unos 6 mil estudiantes, que han pagado y completados sus estudios en una institución trucha, una más de las que viene funcionando de manera ilegal, ofreciendo carreras no habilitadas, y que incurren por ello en verdaderos fraudes que ameritan la sanción penal correspondiente. Unos días antes, el Senado de la Nación, deja de sesionar por abandono de sus miembros para dejar que una disposición ilegal e inconstitucional tenga sanción ficta. Se trata de una concesión a un consorcio de empresas, sin licitación alguna, por 30 años, con el único argumento de que la obra era necesaria. El Ministro de Obras Públicas, declaró que se inhibía de estudiar el caso, como si esa inhibición pudiera cambiar la ilegalidad de que su propio padre sea miembro de una de las empresas del consorcio beneficiado, que la ley prohíbe expresamente. 19 parlamentarios imputados por la Fiscalía, la mayoría de ellos por corrupción, tienen paralizados sus casos por medio de chicanería y la complicidad judicial. El Senado no sesiona en las últimas dos semanas y hay varias cuestiones que no avanzan, como por ejemplo, el juicio  a miembros de la Corte. Se abrió el proceso a uno de ellos pero está paralizado. Dicen que van a esperar las internas del Partido Liberal Radical para seguir las negociaciones para ver si se reúnen los votos para la sanción correspondiente.  Hasta ahora no se pudo seleccionar las ternas para elegir al nuevo Contralor y Sub-contralor, tampoco las ternas para la Defensoría del Pueblo una decisión que tiene una postergación de más de ocho años. Ahora la pelea es por la presidencia del Senado en una encarnizada lucha de poder. Mientras tanto hay cada vez más asaltos, la seguridad no mejora, la pobreza extrema se dramatiza con el frío y con el hambre, no hay medicamento en los hospitales y las escuelas se derrumban.  El problema de fondo del país que se caracteriza por una corrupción galopante y la deficiencia de la clase política gobernante,  no cuenta con escenario apropiado para un debate serio respecto al futuro del país. No se visibiliza ninguna opción esperanzadora para el 2018. Todo indica, desgraciadamente, que nos encaminamos hacia el colapso que se viene por la pobreza y la incapacidad de nuestros dirigentes políticos que solo atinan a negociar en base a sus intereses económicos mezquinos, dejando al país a la deriva y sin rumbo.