EMERGENCIA EDUCATIVA

EMERGENCIA EDUCATIVA

No es una simple frase política. No es un acuerdo de una declaración firmada. No importará quienes la firmen ni en qué condiciones se concrete el compromiso. Es una emergencia dramática. Por décadas se ha dejado de invertir en reparaciones y manteniendo de los edificios escolares. Todos los viejos edificios están por derrumbarse y lo peor, también los supuestos nuevos edificios construidos últimamente caerán, algunos ya cayeron, por la mala calidad de material utilizado.  Jamás en la historia del país se ha contado con tantos recursos para la infraestructura educativa, pero así también jamás en la historia se ha robado y dilapidado tantos recursos. Este gran fraude se materializó bajo la vigencia de la Ley 4.758/2012 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Esta ley se creó – según sus propiciadores – para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe y de esa manera asegurar que los recursos sean asignados, única y exclusivamente, en inversiones de capital físico y capital humano.  Era para establecer el blindaje de estos recursos para que no sean utilizados para otros fines y rubros. Fracaso total. A nivel de gobernaciones y municipios los fondos fueron miserablemente mal gastados, con el agravante de la impunidad para los delincuentes. Nadie investiga, nadie va preso, nadie devuelve los fondos sustraídos. El sistema funcionó para la corrupción. En este momento,  la valiente actitud de los jóvenes estudiantes, apoyados por sus padres, sus maestros y la ciudadanía, a través de manifestaciones y tomas de colegios, exigieron y lograron que el gobierno asuma el compromiso de combatir la corrupción y evitar el robo de los recursos que deben ser destinados a la educación.  Pero el gobierno no tuvo hasta ahora la capacidad de impedir este gran fraude y todavía tiene que asumir un compromiso histórico por la dejadez y la desatención de los edificios escolares que para este tiempo ya están colapsados y cayéndose a pedazos.  Ahora se habla de una ley de emergencia estructural para la educación,  con el fin – dicen  - de evitar la burocracia y realizar las inversiones que sean urgentes  sin necesidad de las licitaciones.  Una gran noticia para los corruptos.  El carnaval del robo será más amplio. ¿Qué pasará con los 23 municipios que no rindieron cuenta? Sus intendentes reclamarán que se les levante la suspensión por emergencia. Hay otra urgencia que no se reclama como por ejemplo la modificación de la famosa Ley del FONACIDE.  Sus fondos son distribuidos en base a los parámetros de distribución de los royalties lo que hace una irracional distribución de recursos a los municipios, no en base a la necesidad poblacional sino al área de superficie inundado por las hidroeléctricas.  Pero lo peor, es que traslada la responsabilidad de la calidad de la educación al control de una entidad privada con prevalencia de representación empresarial. Se humilla al Ministerio de Educación que debe presentar sus proyectos a una entidad privada para tener acceso a los recursos para sus proyectos educativos.  El gran problema de nuestra educación no se agota con los desastres estructurales, todavía nos queda el gran debate sobre ¿Qué país queremos y qué educación necesitamos? La ciudadanía no debe abandonar a los jóvenes estudiantes que armados de coraje y de sueños se lanzaron a las calles. Eso sería una traición a la esperanza.