EMERGENCIA EDUCATIVA
No es una simple
frase política. No es un acuerdo de una declaración firmada. No importará
quienes la firmen ni en qué condiciones se concrete el compromiso. Es una
emergencia dramática. Por décadas se ha dejado de invertir en reparaciones y
manteniendo de los edificios escolares. Todos los viejos edificios están por
derrumbarse y lo peor, también los supuestos nuevos edificios construidos
últimamente caerán, algunos ya cayeron, por la mala calidad de material
utilizado. Jamás en la historia del
país se ha contado con tantos recursos para la infraestructura educativa, pero
así también jamás en la historia se ha robado y dilapidado tantos recursos. Este
gran fraude se materializó bajo la vigencia de la Ley 4.758/2012 que crea el Fondo
Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la
Excelencia de la Educación y la Investigación. Esta ley se creó – según sus propiciadores – para asignar en forma
racional y eficiente los ingresos que el país recibe y de esa manera asegurar
que los recursos sean asignados, única y exclusivamente, en inversiones de
capital físico y capital humano. Era
para establecer el blindaje de estos recursos para que no sean utilizados para
otros fines y rubros. Fracaso total. A nivel de gobernaciones y municipios
los fondos fueron miserablemente mal gastados, con el agravante de la impunidad
para los delincuentes. Nadie investiga, nadie va preso, nadie devuelve los
fondos sustraídos. El sistema funcionó para la corrupción. En este momento, la valiente
actitud de los jóvenes estudiantes, apoyados por sus padres, sus maestros y la
ciudadanía, a través de manifestaciones y tomas de colegios, exigieron y
lograron que el gobierno asuma el compromiso de combatir la corrupción y evitar
el robo de los recursos que deben ser destinados a la educación. Pero el gobierno no tuvo hasta ahora la
capacidad de impedir este gran fraude y todavía tiene que asumir un compromiso
histórico por la dejadez y la desatención de los edificios escolares que para
este tiempo ya están colapsados y cayéndose a pedazos. Ahora se habla de una ley de emergencia
estructural para la educación, con el
fin – dicen - de evitar la burocracia y
realizar las inversiones que sean urgentes sin necesidad de las licitaciones. Una gran noticia para los corruptos. El carnaval del robo será más amplio. ¿Qué
pasará con los 23 municipios que no rindieron cuenta? Sus intendentes
reclamarán que se les levante la suspensión por emergencia. Hay otra urgencia que no se reclama como por ejemplo la modificación
de la famosa Ley del FONACIDE. Sus
fondos son distribuidos en base a los parámetros de distribución de los
royalties lo que hace una irracional distribución de recursos a los municipios,
no en base a la necesidad poblacional sino al área de superficie inundado por
las hidroeléctricas. Pero lo peor, es
que traslada la responsabilidad de la calidad de la educación al control de una
entidad privada con prevalencia de representación empresarial. Se humilla al
Ministerio de Educación que debe presentar sus proyectos a una entidad privada
para tener acceso a los recursos para sus proyectos educativos. El gran problema de nuestra educación no se
agota con los desastres estructurales, todavía nos queda el gran debate sobre
¿Qué país queremos y qué educación necesitamos? La ciudadanía no debe abandonar
a los jóvenes estudiantes que armados de coraje y de sueños se lanzaron a las
calles. Eso sería una traición a la esperanza.
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