SOSPECHOSO SIGILO PARLAMENTARIO

SOSPECHOSO SIGILO PARLAMENTARIO

Una amplia información sobre los procesos legislativos es importante y fundamental para la sociedad. A eso apunta la ley de transparencia y amplia difusión de la que se hizo gala en algún momento en los acostumbrados discursos políticos.  Los proyectos de leyes deberían ser publicados siempre en los medios masivos de comunicación pero no sabemos exactamente lo que está pasando. Estos medios no cuentan con corresponsales parlamentarios, o existen una política de omisión voluntaria o interesada que llevan a minimizar o a esconder proyectos de leyes, que no solamente requieren de amplia información sino hasta de audiencia pública por su importancia y trascendencia para la vida nacional. Tenemos como ejemplo reciente, el proyecto de Ley de Control de Tráfico y Contenido de la información de carácter privado por internet. Este proyecto tomó estado público después de que la aprobara el Senado de la Nación y solamente falta que la Cámara de Diputados se pronuncie para su aprobación final. ¿Cómo no se va a debatir públicamente una ley que puede estar violando los derechos fundamentales de privacidad de las personas? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál va a ser el procedimiento de su aplicación? No se puede utilizar el justificativo de la lucha contra la delincuencia como único argumento porque bajo ese pretexto ya fueron aprobadas varias leyes de dudosa legitimidad constitucional. Con ese criterio y con el mismo sigilo ya se creó por ejemplo la Secretaría Nacional de Inteligencia, que nunca se discutió su verdadero alcance ni de qué manera y por quienes será implementada. Pero hay más novedades del procedimiento sigiloso de nuestros parlamentarios. En estos días nos desayunamos con un proyecto de Ley que pretende modificar la Ley 904/81 que determina el Estatuto de Comunidades Indígenas del Paraguay y nos enteramos por medio de las redes sociales y porque los indígenas saltaron a las calles bloqueando caminos con sus arcos y flechas, protestando contra un proyecto que consideran un atentado contra sus derechos consuetudinarios, de manera totalmente inconsulta, en violación abierta de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT (Organización Interamericana de Trabajo) Este proyecto tampoco tuvo difusión por los medios masivos de comunicación y ya está a punto de ser aprobado por el Senado. Por suerte y parece ser como consecuencia de las denuncias y protestas, el proyecto fue remitido finalmente como corresponde al INDI (Instituto Nacional del Indígena) para la toma de conocimientos, análisis y el pronunciamiento de los afectados directos que son las comunidades indígenas del país.  Aparentemente se pretendería habilitar proyectos de inversión agropecuaria al interior de las comunidades indígenas. Falta que se analice y se aclare cómo se daría el relacionamiento con los pueblos originarios, y de qué manera y con qué beneficios, podría darse esta relación. Y falta, fundamentalmente, que las comunidades indígenas acepten la propuesta ¿Qué otros proyectos se están cocinando entre gallos y medianoche? Sin prejuzgar la intención de los parlamentarios, debemos dejar en claro y reafirmar de manera inequívoca el derecho de la participación ciudadana en la consideración y el debate de las leyes y normativas que regulan y afectan la vida y el destino de nuestro pueblo. En ese sentido no podemos transigir respecto a la obligatoriedad de la difusión de los proyectos legislativos. En esto están en juego el buen manejo de las cosas públicas y el bienestar de la República.