En el
pasaje del Evangelio de Juan (8:1-7) los fariseos quisieron tenderle una trampa
a Jesús y para eso le embretaron con el tema del cumplimiento de la ley “Esta
mujer fue sorprendida cometiendo actos de adulterio y según la Ley de Moisés, debe morir
lapidada, ¿tú que dices?” Ya sabemos la respuesta del Nazareno. “El que nunca
ha pecado que lance la primera piedra”. Jesús no incumplió la ley, lo que pasó
finalmente fue que los que tenían que ejecutar la ley no estaban en condiciones
de hacerlo. El pasaje tiene algún parecido con la situación que se vive en el
país. En nuestro caso no sólo los encargados de hacer cumplir la ley sino los
mismos hacedores de la ley, incurren en faltas y por ello la ciudadanía formula
denuncias y serios cuestionamientos respecto a la conducta abusiva de los
mismos.
Las
publicaciones de la nómina de funcionarios nombrados, contratados y
comisionados y sus respectivas
asignaciones revelan un verdadero carnaval de nepotismo y tráfico de influencia
que se traducen en nombramientos y contrataciones de familiares y allegados con
toda su implicancia de recargos de gastos presupuestarios, realmente
escandalosos, frente a la grave situación de pobreza y de limitaciones de los
servicios públicos esenciales que padece el país.
La
situación se agrava cuando se intenta justificar. Dicen que tienen derecho a
hacerlo aunque no existan disposiciones escritas que avalen ese supuesto
derecho. Dicen que siempre se hizo así y por eso se sigue haciendo. Que la ley
contra el nepotismo no les incluye. Confunde cargos de confianza con persona de
confianza para solicitar la designación de sus allegados y familiares. No
reconocen que al beneficiar a familiares, como esposas, concubinas, hijos e
hijas, se benefician a sí mismos, es decir obtienen un beneficio extra que se
convierte en abuso de cargo. Omiten considerar la responsabilidad y la
obligación del funcionario público de denunciar los delitos o las infracciones
de los que tenga conocimiento, porque es impensable que un familiar o allegado
cercano pueda denunciar actos de corrupción que llegue a su conocimiento, lo
que en la práctica significa complicidad y no precisamente “confianza”. Dicen
con todo cinismo que no hay fuente de trabajo y entonces solucionan el problema
a unos cuantos allegados pero terminan perjudicando a todo el país.
Pero a
pesar de la gravedad de las denuncias hay que mirar con optimismo y valorar como
triunfo de la presión ciudadana la difusión de la información pública. Como
nunca antes esta vez aparecen iniciativas de crear leyes que amplíen y
penalicen el nepotismo, que pongan límites a la cantidad de asesores, que fijen
topes de gastos en estos rubros, que los contratados dependan de la duración
del ejercicio del contratante y no queden reclamando antigüedad engrosando aún
más la nómina del parlamento. Que se exija el concurso para el ingreso de
funcionarios y que aquellos que ingresaron sin concursos o que no cumplan las
exigencias sean desvinculados. La
Fiscalía , por su
parte, procedió a iniciar de oficio las investigaciones de los casos de abusos
denunciados por la prensa y la ciudadanía lanzó una campaña que plantea la
revocatoria de mandatos de legisladores que hayan inflingido las disposiciones
constitucionales. Hay esperanzas, pero todo puede acabar en el clásico opareí (terminar sin nada), si no subsisten la
presión y participación de la ciudadanía. En el pasaje bíblico mencionado la Magdalena salvó su vida,
pero en nuestro caso la lapidación es actual, inmisericorde y generalizada. Lapidan
a una dama muy querida y distinguida. La agredida es la señora “La Nación ”, y eso nos obliga a
recuperar y precautelar su dignidad. Dignidad en la está en juego también la
nuestra en particular, la de cada uno y cada
una, y la de toda la ciudadanía. La Dama ya está herida pero no podemos dejarla morir
en manos de los truhanes de la politiquería.-
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