ZONA LIBERADA

ZONA LIBERADA

El tema de la seguridad está en la preocupación de toda la ciudadanía. La política implementada por las autoridades nacionales es deficitaria tanto en las ciudades donde aumentaron los asaltos callejeros de los llamados “motochorros” por la modalidad operativa de los delincuentes, como así también en la zona norte del país donde un grupo criminal que se autodenomina “Ejército del Pueblo Paraguayo – EPP”   por más de una década viene creando zozobra con ataques a establecimientos ganaderos y empresas agrícolas y el manteniendo en cautiverios, actualmente, de tres personas secuestradas por las que piden rescate. ¿Qué exactamente es lo que está pasando? ¿Porqué un grupo criminal de no más de 30 personas no puede ser desbaratado por las Fuerzas de Tarea Conjunta, conformadas por aproximadamente 1.200 miembros del ejército, la policía y funcionarios de la Secretaría Nacional de Antidrogas? Esta dotación fue creada a pedido del Poder Ejecutivo por la Ley 5036/13, la que amplía la Ley 1337/99, de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que faculta al Presidente de la República desplazar militares y policías para combatir a grupos criminales armados.  El periodista Edwin Brítez, en su comentario publicado en el Diario ABC color, el 14 de agosto del 2.016, bajo el título “Qué combate la FTC?” señala que la “región delineada como territorio de operaciones de la FTC es prácticamente una zona liberada, dónde en vez de la ley rigen la orden , el criterio y a veces el humor de caciques del narcotráfico, aliados con miembros de las fuerzas públicas y a su vez con tentáculos en la elite política y social del país” dejando asentado de esa manera probablemente la causa principal del fracaso de las Fuerzas de Tarea Conjunta que es el no dedicarse al  combate del narcotráfico con el que estarían aliados miembros de las fuerzas públicas quizás acicateados por tentáculos de la elite política y social del país. El imperio del narcotráfico y de la narco política imposibilita la eficacia de la acción de las FTC porque el grupo criminal del EPP estaría operando bajo la protección y la connivencia de los narcotraficantes. ¿Dónde puede tener sus bases de operaciones el mencionado grupo de delincuentes? ¿En el bosque? Ya no hay bosque o hay muy poco y con la tecnología que existe serían fácilmente localizables, máxime ahora que tiene en cautiverio nada menos que a tres personas.  La única explicación razonablemente posible es que el grupo criminal esté operando desde alguna hacienda de algún narcotraficante.  ¿A quiénes les puede convenir que el EPP no desaparezca? Mil doscientos hombres armados y organizados a un costo de más de 70 millones de dólares con un pobre resultado pueden hacer pensar como lo afirma Edwin Brítez en el artículo mencionado que “finalmente las FTC necesitan del EPP, tanto como este necesita de aquellas. Las dos organizaciones se consideran enemigas, y sin embargo se sostienen y consolidan en la medida en que se atacan, tanto que podría pensarse maliciosamente que cada una de ellas le debe su vitalidad y energía a la otra parte para seguir subsistiendo” Una tesis verosímil.  Esto mismo ha ocurrido con la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que explicaría porque duró tanto esa guerrilla y porque hasta hoy hay sectores que no quieren acabar con ella. En este momento está en debate en el Parlamento y en la ciudadanía si se debe mantener o desarticular a las Fuerzas de Tarea Conjunta derogando la Ley de su creación. “Si se decide eliminar las FTC el Estado daría una muy mala señal” afirmó el Secretario General de la Presidencia de la República. La Asociación Rural del Paraguay y el gremio de los productores agrícolas, también se opusieron a la eliminación de esas fuerzas. “Al menos ha disminuido el abigeato”  dijo un empresario.  El Senado llamará a audiencia pública en las localidades de Arroyito (Concepción)  y Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) para debatir sobre el proyecto de ley de eliminación de las Fuerzas de Tarea Conjunta. La idea es consultar con los pobladores de los lugares donde actúan los miembros de las mencionadas fuerzas. Es posible que no digan mucho porque están amedrentados.  Los delegados de la Pastoral Social de las Diócesis reunidos en Ipacaraí los días 11 y 12 de agosto pasado con el Obispo Responsable Mons. Juan Bautista Gavilán, Obispo de Caaguazu, publicaron un documento en el que denuncian el asesinato de dos miembros y herida grave con ensañamiento a un tercer miembro de la familia Ovelar Candia en Kuruzu de Hierro y violentos allanamientos de viviendas en horas de la noche en los Núcleos 3 y 6 de Arroyitos, entre otros actos ilegales violatorios de los derechos humanos  que en vez de disminuir, agrava la inseguridad en la zona norte del país. Es posible que finalmente no se derogue la Ley que creó las Fuerzas de Tarea Conjunta, pero es importante expresar que está fuera de lugar que voceros del gobierno y de otros sectores de la sociedad acusen de simpatizantes del EPP a toda crítica que se formula contra los abusos de las Fuerzas de Tarea Conjunta.  La lucha contra el crimen debe plantearse bajo la vigencia estricta de la ley porque de lo contrario se entraría en el campo del terrorismo de Estado de nefastas consecuencias en el operativo Cóndor de los gobiernos militares de nuestro continente.  No se debe permitir que la lucha contra el EPP simplemente se convierta en una pantalla para ocultar el grave problema del narcotráfico y la narco política que operan con impunidad en el norte. Tres intendentes fueron asesinados sin determinarse los responsables intelectuales de estos crímenes. Ya nadie menciona que las propias autoridades del norte atacaron a las fuerzas de la SENAD, Secretaría Nacional Antidrogas, para liberar una carga de marihuana. La impunidad es vigente y alarmante.  En estas condiciones es muy difícil que las Fuerzas de Tarea Conjunta logren resultado en la lucha contra el EPP sino dirige su ataque también al narcotráfico y a la narcopolítica.