ENTRE EL DOLOR Y LA INDIGNACIÓN

ENTRE EL DOLOR Y LA INDIGNACIÓN

Todo el país reaccionó con dolor e indignación por la muerte de ocho jóvenes militares en la zona norte del país donde fueron emboscados por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Ocurrió el sábado 27 agosto a las 9 de la mañana en la proximidad de uno de los asentamientos de Arroyito a unos 90 kilómetros de la ciudad de Concepción, capital del Primer Departamento.  La ciudadanía reaccionó condenando el hecho criminal que enlutó no solamente a ocho familias paraguayas  sino a todo un país. En Concepción, centenares de personas salieron a las calles portando la bandera tricolor y en especial la bandera blanca de la paz, para condenar los actos de violencia que tantas vidas ya se han cobrado. A nivel nacional en ambas cámaras del congreso se abrió un amplio debate sobre el tema de la seguridad nacional y la lucha contra el grupo criminal que opera en el país desde hace dos décadas con relativa impunidad. En estos momentos mantienen secuestradas a tres personas, una de ellas por más de dos años, y las fuerzas públicas no han podido liberarlas. El hecho criminal que significó la muerte de 8 miembros del ejército se produce justamente en un momento en que en el Parlamento se analiza una propuesta para derogar la Ley 5036/13 (Que modifica y amplía los Art. 2, 3 y 56 de la Ley 1.337/99 (De Defensa Nacional y Seguridad Interna) lo que ha permitido al Poder Ejecutivo crear las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta, que ha militarizado el norte del país. Las razones que arguyen los que cuestionan la continuidad de la FTC son su poca eficacia, su alto costo de mantenimiento y la zozobra que crea en la población por la prepotencia utilizada a menudo en sus procedimientos.  Más allá del dolor y de la indignación que ha causado este hecho criminal, se impone una reflexión serena de la ciudadanía en la intención de manejar esta situación de manera positiva, en beneficio del país. En ese propósito mencionamos algunas consideraciones. Primero. Este grupo criminal está ganando un espacio de supuesta fuerza revolucionaria de manera totalmente atípica, totalmente extemporánea. La propuesta de conquistar el poder por la fuerza nunca fue considerada como alternativa en nuestro país, ni aún en la época de la dictadura. Algunos intentos de rebelión armada fueron rápidamente desbaratados. Nuestro pueblo sufrió una experiencia muy dura con la revolución del 47 y ni el más optimista aventurero puede pensar en esta opción en los tiempos actuales. Por eso la bandera blanca enarbolada por los concepcioneros es un signo de los deseos de vivir en paz. Segundo. No se puede descartar del todo que la creación, potenciación y utilización del autodenominado EPP no sea parte de la estrategia de los grandes terratenientes, agro empresarios y narcos hacendados.  Son los principales beneficiarios. El hecho es utilizado para justificar la eliminación o debilitamiento del movimiento campesino, con centenares de líderes desaparecidos, así como su utilización como pretexto para descalificar a todo movimiento político que no respondan a sus intereses económicos.  Si en algún momento el partido colorado se rebela contra sus intereses lo van a atacar también con todos los medios. Tercero.  Tampoco sería extraño que el terrorismo esté asociado al narco tráfico y a los narco ganaderos. A propósito el Presidente de la República en su mensaje de repudio del acto criminal se refirió por primera vez al  narcoterrorismo. Con esta asociación criminal los autodenominados EPP tendrían sus campamentos de refugios en alguna narco estancia donde no llegan las fuerzas de Tarea Conjunta.  Mantener y alimentar a tres secuestrados requieren de un campamento importante y ya no hay montes para guarecerse. El norte prácticamente es una zona liberada de los narcos. Cuarto. No se puede negar también la influencia de la narco política. El brazo político del EPP, no solamente puede estar en los movimientos de izquierda sino en la misma estructura del gobierno. Eso explicaría la funcionalidad con los intereses circunstanciales del poder político. Por ejemplo, justo en el momento en que el parlamento plantea la derogación de la Ley 5036 y se anuncia audiencias públicas en el norte, el EPP ejecuta esta masacre. Eso sería actuar contra sus posibles intereses. Eso significaría que no desea la derogación de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Quinto. Hay factores extraños en esta masacre. La dotación estaba compuesta por militares jóvenes sin experiencia, según lo reconoce el propio Ministro de Defensa a través de la prensa. ¿Porque operaba sin respaldo de otra dotación? Si ocurrió a plena luz del día, a las 9 hs de la mañana ¿cómo fue imposible perseguir a los autores? ¿Fueron sacrificados como víctimas? Es muy terrible tan siquiera pensar en esta posibilidad, pero después de lo ocurrido en Curuguaty dónde fueron sacrificados 6 policías, ya nada puede ser totalmente descartable. Sexto. Respecto a la utilización política del hecho se da en las dos direcciones. Por un lado se acusa de inoperancia al Gobierno en la lucha el grupo criminal, pero del lado de los partidarios del gobierno se acusa y se responsabiliza del crimen a todos los sectores de la izquierda, a todos los que critican al gobierno. Podría estar de por medio la intención de contrarrestar el alto índice de aceptación del ex Presidente Fernando Lugo según las últimas encuestas publicadas. Séptimo. El hecho de criticar a las Fuerzas de Tarea Conjunta, por su alto costo, su inoperancia o los excesos que puedan atentar contra la vigencia de las leyes, no significa precisamente estar a favor del EPP. Al contrario se pretende mayor eficacia de la lucha. A lo mejor lo que se necesita es una fuerza operativa más especializada y constante que quizás puede obtener mejores resultados que un ejército que cambia constantemente a sus comandantes, a sus equipos de investigación y comunicación. Octavo. Estamos totalmente de acuerdo de que toda la ciudadanía debe unirse a la lucha contra el EPP, por encima de los intereses sectoriales o de banderías políticas para desterrar al grupo criminal, pero debe ser estrictamente en el marco de la ley. No se puede conceder una carta blanca que pueda desembocar en el terrorismo de estado como muchos de los partidarios del totalitarismo lo pretenden. Combatir el crimen con el crimen, violando las leyes fundamentales de la República puede causarnos daños irreparables porque sería de alguna manera un retorno a las oscuras noches de la dictadura, cuyas consecuencias, nuestro pueblo todavía no puede superar.