UN BALANCE PERCEPTIVO.

UN BALANCE PERCEPTIVO

El alto rechazo de la gestión del gobierno revelado en estos días a través de las publicaciones del Diario Última Hora como resultado del sondeo de opinión realizado por una prestigiosa empresa encuestadora se ha instalado como un tema de debate político en la actualidad.  ¿Ha fracasado realmente este gobierno en su gestión de estos primeros tres años? Esta es una buena pregunta en estos momentos.  Indudablemente comenzó su mandato con buena expectativa y con amplio apoyo parlamentario. Proclamó como emblema el combate a la corrupción, combate a la pobreza y desarrollo del país con grandes obras de infraestructuras.  Se le aprobó la Ley del APP (Alianza Público Privada) Se le autorizó por ley de la nación la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Anunció una nueva modalidad política y seleccionó principalmente a técnicos para cubrir  los cargos  de su gabinete ministerial.  El primer punto de la propuesta: La lucha contra la corrupción puso a prueba la capacidad administrativa y el liderazgo de la Presidencia. Comenzó a ceder respecto a los cargos reclamados por los presidentes de seccionales, que al principio quedaron al margen, pero a poco terminaron conquistando sus respectivos nombramientos. El prebendarismo nunca se ha ido. La ley de la Transparencia aun con las dificultades de su aplicación permitió el acceso a la prensa a las planillas de pago de las diversas instituciones del Estado dejando al descubierto los abusos en las remuneraciones básicas y en los beneficios adicionales.  Pocos fueron los imputados o removidos de sus cargos.  En el ámbito municipal y en las gobernaciones la malversación de los recursos del FONACIDE y de los royalties, resultó tremenda sin que la justicia actúe como corresponda debido a la influencia política en las fiscalías y en todo el poder judicial. El contrabando y las evasiones impositivas siguieron campante.  En cuanto a la pobreza tampoco se obtuvo logro significativo. La pobreza extrema incluso se agudizó un poco más, especialmente en el campo y la desigualdad social aumentó su brecha.  Los programas de asistencia directa como el de “Tekó Pora” (Buena vida) o de atención a los adultos mayores se han incrementado, pero siguen lejos de alcanzar el nivel de la demanda real y hay denuncias de que las adjudicaciones tienen incidencia política.  El sector campesino sigue abandonado, la reforma agraria no ha sido prioridad de este gobierno.  No se les asegura a los campesinos las tierras para cultivar y formar sus asentamientos. El contrabando, la falta de caminos y el bajo precio de sus productos acrecientan sus vulnerabilidades. Algunos intentos de ayuda del gobierno han fracasado por la inexperiencia técnica administrativa o por corrupción.  Se dispuso comprarles sus productos en forma directa para los almuerzos escolares, pero los intermediarios hicieron fracasar la propuesta; se les ofreció recursos para mejorar la producción de hortalizas pero la ayuda se canalizó a través de intermediarios que cobraron pero no cumplieron con la obra estructural requerida. Lo mismo ocurrió con el plan de pozos para proveer agua potable a las comunidades pero otra vez los fondos fueron canalizados a través de ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que no realizaron las obras o no las completaron.  Otro fracaso significó la Colonia Santa Lucía de la zona de Itaquyry, que el INDERT  (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra) presentó como una obra modelo del gobierno de recuperación de tierras del poder de personas que las ocupaban y explotaban ilegalmente por no ser beneficiarias de la reforma agraria. Se trasladó a ese lugar unas 500 familias que estaban bajo las carpas en Ñacunday, se les dio un lugar para sus viviendas pero muchas de ellas hasta ahora carecen de las cinco hectáreas para el cultivo. En cuanto a la Alianza Público Privada hay que señalar que ha fracasado, no atrajo la inversión que se esperaba, dicen que se necesita más tiempo y para uno de los pocos proyectos aprobados: La ampliación del plazo de concesión a la empresa Tapé Porá, se tuvo que violar normas legales y constitucionales.  En cuanto a obras de infraestructuras el gobierno parece confiar que en este campo podrá ganar puntos y rectificar la percepción negativa. Pero tiene el problema de una muy baja ejecución presupuestaria en el Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto el retraso de muchas de las obras proyectadas. El caballito de batalla constituye sin lugar a dudas la construcción de viviendas económicas, pero no se debe olvidar que la vivienda no es todo, que viene detrás toda la problemática social.  Pero por sobre todo se debe anotar en este punto la creciente preocupación de la ciudadanía por  el rápido agravamiento de la deuda externa, que casi se duplicó en estos tres años. También está muy cuestionada la eficacia de las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta, cuya creación fue dispuesta por una Ley de la Nación, para la lucha en el  norte contra el grupo criminal EPP.  En el Parlamento y en la ciudadanía se discute la posibilidad de eliminar esas fuerzas por su alto costo operativo y por no haber conseguido el resultado que se esperaba.  Los voceros del gobierno minimizan los resultados del sondeo publicado y la percepción que tiene la ciudadanía. Dicen que todavía hay tiempo para revertir o que ha habido deficiencia en la comunicación gubernamental.  O quizás se carezca de un asesoramiento profesional. Por ejemplo no parece adecuado ni oportuno que el Poder Ejecutivo haya dictado el Decreto 5775/16, que vuelve a reducir el valor fiscal de las tierras rurales fijados a fines del año pasado para el pago del impuesto inmobiliario.  Y lo hace a pedido de la Asociación Rural del Paraguay y la Unión de Gremios de Producción, que normalmente vienen pagando una miseria en este concepto.  Y para peor lo hace retroactivo desde enero de este año, disponiendo que los municipios afectados devuelvan o acrediten la diferencia a los que ya pagaron sus impuestos con la referencia anterior con toda la complicación que eso representa teniendo en cuenta que solamente el 65% corresponde a los municipios, 15% a Ministerio de Hacienda, 15% a las Gobernaciones y el 1% al Servicio Nacional de Catastro.  El servicio de salud está colapsado, las escuelas siguen cayendo, no hay fuente de trabajo, la inseguridad está cada vez más grave y no se supera la corrupción en las filas policiales. Hay que ser y no solamente parecer, dice el refrán. El gobierno tiene un buen desafío. Tiene dos años para cambiar la percepción de la ciudadanía.