LA JUSTICIA Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.

LA JUSTICIA Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.

El tema de la justicia actualmente ocupa la primera plana. Todo comenzó  con la problemática de la narco política y la irrupción cada vez más intolerante de los poderes de los narcotraficantes en  las estructuras  de las instituciones del estado. La muerte de un periodista en las manos de sicarios en una vasta región dominada por la mafia, fue el detonante. En la revisión de los procesos judiciales relacionados con los antecedentes de los políticos de la zona que hoy están imputados, surgió la probable incidencia de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Núñez, en la impunidad de los mismos. Al hablarse del juicio político del miembro mencionado, los partidos políticos predominantes, el Partido Liberal Radical y el Partido Colorado, que suman los votos suficientes en el Parlamento para decidir las destituciónes,  tomaron postura. El Partido Liberal a través de su Comité Político instruyó a sus parlamentarios para promover el inicio del proceso.  Por su parte, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, también se avino a apoyar el juicio político, pero no de un solo miembro de la Corte, que justamente es un correligionario, sino a tres más, dos colorados y dos liberales, más un miembro del Superior Tribunal de Justicia Electoral, el Dr. Ramírez Sambonini. El Partido Liberal, respondió, “bueno que sean cuatro, pero no aceptamos que se le enjuicie al miembro de la Justicia Electoral, que también es nuestro correligionario”. Así está la pulseada. Primero se considera la existencia de votos suficientes, después se habla de nombres, y recién después se hablará del libelo acusatorio.  ¿No tenía que ser al revés? La cuestión del juicio político no se reglamentó nunca por ley. Ya destituyeron por esa vía de manera sumarísima a un Presidente de la República. El libelo acusatorio también se resolvió después. Suponemos que la intención de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1992, habrá sido, “vamos a disponer un estricto control del Poder Judicial, para asegurar una justicia correcta y así evitar jueces corruptos”. Vamos a prever el control de la designación y enjuiciamiento de todos los magistrados, jueces y fiscales desde el Parlamento de la siguiente manera: Las candidaturas a los cargos, serán presentadas a través del Consejo de la Magistratura. Si los cargos son para miembro de la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Tribunal Superior de la Justicia Electoral, serán designados por el Parlamento con la venia del Presidente de la República, y si fallan, mantenemos el poder de destituirlos. Los demás cargos de jueces y fiscales, también serán designados a través de ternas del Consejo de la Magistratura y si fallan les controlamos a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Como los parlamentarios vamos a estar en ambos organismos, tendremos el control completo y así evitaremos que nuestra justicia se corrompa. Muy bien, lo pensaron muy bien, pero se les escapó un detalle: ¿Cómo hacer que los parlamentarios no sean corruptos? La corrupción parlamentaria mandó al tacho todas las posibles buenas intenciones. La situación se volvió dramática cuando fueron los mismos parlamentarios los que tenían que ser juzgados por delitos comunes. Dificultaron al máximo el desafuero de sus colegas, después estos amenazaron a los fiscales y jueces con el enjuiciamiento si intentaban llevar adelante sus procesos, y finalmente, también mantenían pendiente la posibilidad del juicio político contra los miembros de la Corte. No basta destituir y reponer a unos cuántos o a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sin que hagamos una transformación de todo el sistema de Justicia, dicen algunos. ¿Cuáles transformaciones? ¿Impedir que los parlamentarios decidan en la elección y destitución de los magistrados? ¿Hacer que los parlamentarios corruptos también sean destituibles? ¿Asegurar que los partidos políticos y la ciudadanía no elijan a corruptos como parlamentarios? ¿Cómo? No se trata de dos más dos ni de doce menos cuatro. El problema de fondo es que la justicia, lastimosamente, está cooptada por la corrupción política.