LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA.
Hablamos aquí no de la comunicación marginal sino de una
verdadera opción para la audiencia. Hablamos de efectivizar el derecho a la
comunicación en el campo audiovisual.
Hablamos de la comunicación como un factor importante en el proceso de
democratización de un país. Está demostrado, por experiencia de otros países,
que los dos factores que dificultan, retrasan o impiden las transformaciones
sociales y democráticas están relacionados con la comunicación y el sistema
financiero. Los medios de comunicación
del sector privado por naturaleza tienen como fin el lucro, no precisamente el
bien común, y defienden las condiciones en que operan y ejercitan sus negocios
que les aseguran las mayores ganancias. Controlan las normas de la regulación y
al ente regulador, crean monopolios abiertos o encubiertos, inciden en la
elección de autoridades nacionales y si por ahí algún desubicado pretende
hablar de control de publicidad o programación, será denunciado nacional e
internacionalmente, como un atentado contra la libertad de prensa. El estado,
que tiene como fin la gestión del bien común, no puede traicionar su
naturaleza, no puede renunciar a su soberanía, y dejar toda la problemática
comunicacional en manos del sector privado.
Esto es un decir porque tenemos un estado ausente. El poder ejecutivo no
es el estado, los poderes legislativo y judicial no actúan de conformidad a los
fines del estado, porque estos poderes están aprisionados por los poderes
económicos y la mafia. Es tremenda la experiencia argentina que con nueva
legislación, con un poder judicial autónomo, todavía tuvo que enfrentar maratónicas demandas para
desbaratar aunque sea en parte los grandes monopolios de un conocido grupo
empresarial. Con este gobierno que tenemos, con este poder judicial y con este
parlamento es imposible pensar en una ley que democratice la comunicación
audiovisual en nuestro país. Pero algo tendrá que hacer el estado, no puede
renunciar en este campo a su naturaleza y a sus fines. No pudiendo regular los medios comerciales ni hacer equitativo el acceso al espectro radioeléctrico, todavía le queda algo que puede hacer: 1) Apoyar y promover las radios y la
televisión comunitarias. Interesa al estado que la ciudadanía tenga su voz
propia. Lástima que en la práctica las persiga y las condene a la extinción. Su
vigencia está en la ley, pero los requisitos son imposibles de sortear y no les
permite tener recursos. Las estigmatiza como piratas, reduce al mínimo su
potencia y criminaliza sus promotores. Es una gran incongruencia que el estado
persiga a las radios y la televisión comunitarias. 2) Potenciar los medios
públicos. Aumentar la potencia de la televisión pública y las radios del estado
asegurándoles un presupuesto adecuado. No humillar a sus directivos en la
búsqueda de publicidad comercial, que es otra manera de someter a estos medios,
al control del sector privado. Tenemos el modelo de la poderosa televisión
pública argentina. O la experiencia de la radio y televisión francesa, radio
Nederland de Holanda, la BBC de Londres, entre otras redes públicas, que tienen
sus Consejos Directivos propios y la financiación asegurada a través de la
carga impositiva. Con esto se asegura la comunicación alternativa con la
calidad y el nivel cultural necesarios. Claro que los medios comerciales se
opondrán a esta reforma, con variados argumentos como por ejemplo la
competencia desleal. Las razones de
fondo no son económicas sino políticas. Una ciudadanía informada puede
representar un peligro para los intereses hegemónicos. Como lo afirmara la Senadora
Esperanza Martínez, en su intervención en el último Foro de la Comunicación:
“Lo que realmente está en juego, no es una nueva ley de comunicación, sino un
nuevo modelo de sociedad”
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