Hay un
principio del derecho que dice: “Siempre será mejor liberar a un culpable que
condenar a un inocente”. ¡Qué sabiduría y qué fuerza contiene este principio! No
hace falta forzar la mente para intentar entender la tremenda violencia que
conlleva el acto de condenar a un inocente. Sí, somos humanos y podemos
equivocarnos, pero por eso mismo el sistema de seguridad y de justicia debe ser
muy exigente en sus procedimientos y dictámenes. Porque el abuso de poder es
muy grave y siempre estará a un paso de convertirse en terrorismo de estado.
Estamos de
acuerdo en que la delincuencia debe ser combatida, provenga de donde provenga y
cualquiera sea su pretexto de justificación porque rompe el principio de
convivencia y atenta contra los derechos fundamentales de las personas, derecho
a la vida, derecho a la protección de sus bienes, seguridad y bienestar, que el
estado debe garantizar. Pero no a cualquier precio. Aquí se abre el debate. La
tentación a la violencia es muy fuerte. No son raros los llamados a que se
maten a todos los criminales. Que los derechos humanos no rigen para ellos
porque son asesinos.
En nombre del estado de derecho, Videla, Stroessner y
Pinochet torturaron y mataron a muchos guerrilleros, pero también mataron,
condenaron, y exiliaron a muchos inocentes. Incluso les robaron sus hijos a las
madres víctimas. Es la guerra dijeron, pero aún en las guerras existen
principios elementales que deben ser respetados. Estos autores de esta guerra
sucia fueron condenados porque ejercieron el terrorismo de estado que puede ser
considerado mucho más grave y violento, porque cometieron actos ilegales, en
nombre de instituciones que precisamente fueron creadas para proteger la vida,
y los derechos fundamentales de las personas.
Estas reflexiones
vienen al caso para considerar algunos aspectos del combate a los delincuentes
autodenominados EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, en la zona norte del país.
También urge tener resultados, pero hay que tener cuidado, porque tampoco puede
ser a cualquier precio. Nuestras fuerzas policiales no logran dominar el
escenario. Han conseguido algunos resultados pero también cometieron errores;
entre estos errores, figura la
muerte de dos inocentes. En estos momentos hay denuncias de pobladores de
Tacuatí Poty* contra las actuaciones policiales y fiscales, de que los
allanamientos no se ajustan a procedimientos legales, que intentan implantar
evidencias, y lo peor, en algunos casos hasta apuntan a niños con armas para
forzar a los padres a proveer las informaciones que buscan. Pueden no ser
ciertas estas denuncias pero por la gravedad deben ser investigadas. Porque
sería un grave error victimizar a toda la población. También sería un error
considerar que este combate es solamente
policíaco. Son comunidades abandonadas con grandes necesidades y al borde de la
desesperación.
No se puede
soslayar que entre las causas reales de estos conflictos figura, sin lugar a
dudas, la ausencia del estado.
* Zona del Departamento de San Pedro
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