Este título
podría ser más apropiado para una novela, algún drama barato o una película del
farwest. No importa mucho porque para la cuestión temática a la que nos
queremos referir le puede venir cualquier título.
La cuestión
recobra actualidad con la muerte del ganadero Luis Lindstron en Tacuatí, una
pequeña población del Departamento de San Pedro.
Le
tendieron una emboscada y le acribillaron y las reacciones no se hicieron
esperar. El gobierno dice que perseguirá a los delincuentes por tierra, aire y
agua y que reforzará el contingente de lucha contra el EPP (Ejército del Pueblo
Paraguayo) grupo de guerrilleros terroristas o de maleantes según los
calificativos que les aplican la prensa o las fuerzas policiales. Hay que
militarizar la zona y barrer con esta banda delictiva, dicen los ganaderos y
empresarios. No es posible que las
fuerzas de seguridad de más de 700 hombres no puedan acabar con este pequeño
grupo de maleantes, dice otro. Un congresista por su parte, dijo que planteará
la reforma del Código Penal, para aplicar la pena de muerte. Puede ser también
la mafia, hay que investigar en esa dirección, dice otro. Mientras que la Coordinadora de los
Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), advierte sobre los abusos y violaciones
que se puede cometer en los
procedimientos de investigación por la ineficiencia, falta de resultado y la
presión de la prensa, como por ejemplo detener a personas por el simple hecho
de tener en el hogar algún folleto o panfleto del grupo terrorista ( o que sea
implantado a ese efecto). Cuidado ya me doy por advertido dice el nuevo
gobernante electo. La Fiscala
de la causa de Lindstron, declaró por su parte en un conocido programa
televisivo, que ella sabe y los periodistas también, que hay parlamentarios
mafiosos que desde sus asientos en el Congreso dictan orden de muerte en
nuestro país.
La muerte
no cabalga sola. Los actos criminales no
son defendibles y deben ser severamente combatidos. Pero caeríamos en
infantilismo si solamente concentráramos la atención en los posibles criminales, sin mirar el
contexto. Si no se ataca las condiciones, ¿qué impediría, que apresados los
miembros de este grupo, aparecieran otros? El contexto de la zona norte hace
rato que ha venido deteriorándose, sin que el gobierno ni nadie hiciera nada.
Conocidos mafiosos brasileños han comprado casi todas las estancias del norte,
convirtiendo a sus inmuebles en verdadero bunquer, donde no accede nadie. Sus
guardias, en general, son reclutados del bajo mundo del Brasil, que ingresan al
país de manera incógnita e ilegal. Hace rato que los caminos del norte están
controlados por estos narco-ganaderos y nadie puede cruzar los portones sin
autorización de ellos. Rodean a poblaciones indígenas, cuyos integrantes no
pueden entrar ni salir de sus asentamientos, después de las cinco de la tarde,
bajo riesgo de muerte. En ese contexto opera desde hace 10 años este grupo
armado. Es más que probable que esté asociado a la mafia. Hace rato que la
principal actividad de los lugareños es el cultivo de mariguana, que financia
la mafia. En esta tarea también están comprometidos los dueños de las
estancias, las autoridades locales y naturalmente la policía local, e incluso,
miembros de la policía antidroga. Cinco miembros de la SENAD , Secretaría Nacional
Antidroga, fueron denunciados por protección y venta de estupefacientes. Las
verdaderas víctimas son los pobladores de la zona. Sin agua, sin escuela, sin
hospitales y sin caminos. Viven bajo la coacción y la amenaza del grupo armado
o de la mafia y ahora se les agrega la presencia de las fuerzas policiales que
en sus procedimientos se tornan igual o más peligrosas para sus seguridades. Y
los narcos felices. Resguardan sus operaciones locales e internacionales, con
las connivencias policiales y políticas, en la impunidad y en el silencio. Mientras
tanto el llamado EPP distrae y desvía la atención pública.
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