UN PLAN SINIESTRO

UN PLAN SINIESTRO

Estuvimos en la plaza con mi señora venciendo nuestros achaques de los años que ya llevamos encima, el lunes 11 de julio, en el día de la sentencia del juicio de los 11 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty.  Cargábamos a cuesta la ingenuidad que nos alentaba tener  alguna esperanza de que el juicio se anule y que todos los acusados fueran absueltos. Pero bajó el telón del primer acto con todo su dramatismo.  La implacable condena de los acusados, prácticamente confirmaba los mismos términos del pedido de pena de la Fiscalía. Nos sumamos a los gritos de reclamos. Primero fue “Rachid, tu mano tiene sangre” después ya fue también “Cartes tu mano tiene sangre” Tampoco faltaron los de “Hijos de p…” Los rosarios de las monjas fueron acallados por los gritos y las manos crispadas. La decisión de seguir en la lucha por la libertad de los inocentes era palpable y reiterada. Continuarán las vigilias. Después ya supimos que la misma sala de la Corte había sido tomada. No podemos saber cómo seguirá el proceso, pero todo lo ocurrido hasta aquí nos llevó al pleno convencimiento de que estos hechos responden a un terrible plan siniestro donde no importan quienes mueren o quiénes son condenados, que se va cumpliendo con muy pocas variaciones. ¿Quién o quiénes maquinaron este plan? No lo sabemos. ¿Quiénes financiaron? Tampoco. . El guión de la película de lo que pasó en Curuguaty fue escrito mucho antes del acontecimiento mismo.  Ya se hablaba de que los campesinos tenían armas, que podrían estar relacionados con grupos rebeldes, que estaban dispuestos a resistir todo intento de desalojo. A su vez desde la prensa se atacaba a la policía por no cumplir un mandato judicial. Desde el parlamento se conminaba al Ministro del Interior a cumplir con la orden judicial, que ningún protocolo de procedimiento justificaba el excesivo retraso del operativo. Hasta el propio Obispo de Caacupé en su homilía del 8 de diciembre de 2011, reprochaba al gobierno por no hacer cumplir la ley. Casi no se mencionaba que MarinaKue  no pertenecía ni nunca perteneció a la familia Riquelme. El entramado judicial estaba montado por el juzgado y la fiscalía de la zona, manejados por el supuesto propietario eventual.  Las tres imputaciones ya estaban previstas antes de los acontecimientos: 1) Emboscada y muerte de policías 2) Invasión de propiedad privada y 3) Asociación Criminal. Estas tres imputaciones llegaron a ser utilizadas en la sentencia condenatoria, con muy pocas variaciones del guión principal.  El primer objetivo del operativo se refería a la muerte de policías, no de uno sino de unos cuántos. La teoría de la emboscada fue muy forzada. 320 policías altamente pertrechados, ubicados por los menos en dos o tres lugares estratégicos antes de la intervención del grupo policial encabezado por el Sub-Comisario Erven Lovera que – a propósito - sobrevoló el lugar con el helicóptero de la policía y comunicó al comandante de las operaciones, que no eran más de 50 personas. Fácilmente se podía dispersar y desalojar a los campesinos con balines de goma o gases lacrimógenos. Pero al parecer no era eso lo que se quería. Se hablaba de allanamiento, pero nunca se les presentó a los campesinos la orden respectiva, si es que existía. Todo hacía pensar que el siniestro objetivo era facilitar la muerte de los mismos policías. Para el instinto policial del Sub-comisario Erven Lovera, algo raro existía en el ambiente, pero ante sus dudas se le ratificó la orden.  No sabía que estaba condenado al sacrificio junto a otros camaradas. ¿Quién produjo el primer disparo que desató la masacre nunca pudo ser determinado? Las precarias armas que fueron arrimadas como pruebas por la Fiscalía en el juicio, no tenían capacidad de matar y herir a tantos policías. Solamente algunos dispararon sus balines.  Murieron 6 policías,  y que hayan muerto también 11 campesinos no importaba mucho para el siniestro plan. Para el siguiente paso se procedió a difundir  la versión de la masacre filmada desde la posición de los policías, con el sonido de fondo de sirenas del helicóptero y los incesantes repiqueteos de metrallas. Dramáticos pedidos de auxilios de policías heridos. La prensa sostenía la idea de la emboscada y que los policías entraron sin armas. La sistemática difusión en todos los medios televisivos y radiales por varios días comenzaba a impactar y se puso en marcha la idea del juicio político.  La Cámara de Diputados aprobó el juicio por mala gestión y la responsabilidad de la masacre que son de público conocimiento.  El Senado tuvo que aprobar un Reglamento de Juicio Político previendo un tiempo breve para la acusación y la defensa. Tres días después de iniciado el juicio, el 22 de junio del 2012, prestaba juramento el Vice-Presidente. El verdadero objetivo estaba consumado. El libreto ya estaba escrito de antemano.  Los personajes que actuaron fueron adecuadamente seleccionados. Ramón Trinidad Zelaya, Presidente del Tribunal, cuando era Fiscal fue acusado de recibir coima.  La ex fiscala del caso, que actuó en la parte inicial, fue premiada. Hoy es jueza en San Pedro. Jalil Rachid, joven abogado, provenía de una familia de confianza republicana, tuvo a su cargo la investigación de la muerte de los policías, no así la de los 11 campesinos. Una investigación parcial y deficiente. No protegió la escena del crimen, ni se preocupó por el hallazgo de otros dos campesinos muertos, encontrados por la prensa y los vecinos al día siguiente de la masacre.  No se hizo la autopsia de los policías muertos.  Le presentaron en una bolsa casquillos de las balas disparadas que nunca fueron analizados como elementos de pruebas. Desapareció la filmación hecha desde el helicóptero de la policía porque no se pudo destrabar el chip – dijeron - pero nunca se presentó ese chip. Había dos versiones de médicos forenses. El doctor Flaviano Irala afirmó que los policías fueron muertos por heridas causadas por balas de arma de grueso calibre y el forense de la Fiscalía doctor Pablo Lemir afirmó que extrajo balines de los cuerpos presentando las placas correspondientes. Las placas desaparecieron. La Fiscalía se opuso a la exhumación de los cadáveres que podría confirmar el tipo de proyectil utilizado y el Tribunal confirma la oposición. El mismo Jalil Rachid, reconoce públicamente, que no tenía forma de probar quién mató a quién y por ello propuso como carátula de la imputación, “Homicidio en grado de tentativa”, totalmente insostenible habiendo 17 personas fallecidas. A Rachid se le premia con el cargo de Vice-Ministro de Seguridad, y se retira del caso. Los Fiscales que le sustituyen cambian la carátula de acusación por la de “Homicidio doloso” sin intervención de la defensa. El Tribunal acepta este cambio y sobre esta base dicta su sentencia condenatoria. Aquí hay que señalar también otro leve cambio en el guión. Consiguieron cambiar a los defensores originales con  alguna artimaña y así evitaron la fuerte internacionalización del caso que se había conseguido  a través de la defensa. Las otras dos imputaciones tampoco resisten los cuestionamientos tan contundentes de la defensa.  La invasión de inmueble es insostenible. MarinaKue, nunca fue de Campo Morumbí ni de la familia Riquelme.  Fue donada a la Marina Paraguaya por la Industrial Paraguaya y aceptada por Decreto del Gobierno Nacional.  Por otro decreto del Poder Ejecutivo, este inmueble fue destinado para la reforma agraria. Los ocupantes tenían una Comisión Vecinal reconocida por el INDERT, Instituto de Bienestar Rural y de la Tierra. La asociación criminal tampoco fue demostrada. En el alegato de la Fiscalía se habla de un listado de personas y de aportes que no fue arrimado como prueba porque – dicen – que se cayó al agua y desapareció.  Nada de las argumentaciones de la defensa tuvo en cuenta el Tribunal de la causa. No importó la condena de 11 campesinos inocentes, porque nada pudo probarse contra ellos.  Tampoco importó demasiado la muerte de los policías y los campesinos en el día de la masacre.  Quedan flotando las preguntas siguientes: ¿Quién o quiénes maquinaron este plan siniestro que indudablemente tenía como fin el derrocamiento del gobierno constitucional? ¿Quiénes lo financiaron? ¿Quiénes serían los actores intelectuales? A nivel local, existiría la posibilidad de que estén involucrados ganaderos, sojeros y terratenientes y algunos políticos que tuvieron protagonismo en el juicio político, como Blás Llano que manejaba el voto de la bancada liberal, Juan Carlos Galaverna que lideró el proceso parlamentario, Horacio Cartes que ya tenía fuerte incidencia en la bancada colorada y Federico Franco que nunca ocultó su ambición de acceder al cargo. A nivel internacional, habría que averiguar quiénes estuvieron y están involucrados en los casos de Honduras, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Finalmente podríamos preguntarnos qué puede pasar de aquí en adelante.  Se medirá la temperatura de la presión local e internacional por parte de los que manejan este caso. Si la presión local e internacional es fuerte, todavía podría anularse el juicio, de lo contrario se mantendrá la sentencia.  De ahí la importancia de que la ciudadanía siga participando en la protesta. Ojala que del juego de intereses más la suma del imperativo de la razón se pueda impedir que estos 11 campesinos compatriotas, cuya culpabilidad no fue demostrada, carguen con una condena tan grave, totalmente injusta e inmerecida. Y que este hecho, por más sombrío que pueda ser, se transforme en una oportunidad para que todos juntos, fortalecidos por una ética política diferente, nos comprometamos a cambiar el destino y la institucionalidad de la República.