LA CUCARACHA Y EL SOJAL

LA CUCARACHA Y EL SOJAL.

Las declaraciones del señor Ministro de Agricultura y Ganadería sorprendieron a los campesinos. En realidad sorprendieron a todos. Manifestó que “los productos que más se utilizan en las fumigaciones de los sojales son los mismos que utilizamos en la casa cuando queremos matar insectos voladores. O insectos como la cucaracha”. Y agregó: “El uso correcto de los agroquímicos de ningún modo puede producir contaminación” (Ñandutí Digital, 4 febrero 2014). Por lo menos habló de “uso correcto” porque el problema y el centro de todas las denuncias es el uso incorrecto de los agroquímicos en las fumigaciones. Es probable también que no se esté utilizando productos supuestamente tan inofensivos. Y si hasta para utilizar un cucarachicida hay que tomar   toda precaución ¿porqué se debería obviar esta precaución en la fumigación de los sojales? Seguramente el Señor Ministro estará en conocimiento de que existe una Ley de la República, la 3742, que establece que: “No se podrá fumigar cuando haya una velocidad de viento mayor a 10 kilómetros por hora, una humedad ambiental inferior a 60% y una temperatura que supere los 32 grados. Además, establece, que solo hasta 100 metros de los lugares habitados se puede pulverizar los cultivos, y que cuando hay un camino de por medio, debe existir una barrera de árboles de dos metros de alto por cinco de ancho” Esta ley no se cumple y es una irresponsabilidad del Estado no hacerla cumplir, porque desacata lo que establece la Constitución Nacional en su Art. 68 que dice: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona”.  Y el daño a la salud existe. El propio Ministro de Salud reconoce que “las fumigaciones realizadas sin precaución causan cefaleas,  vómitos, náuseas, incluso reacciones alérgicas y molestias en el área ocular como ardor y picazón” (ABC Digital 4.2.2014). Esto ya sabe el Ministro de Salud, pero no obstante se crea una comisión interinstitucional para investigar los efectos adversos de los agroquímicos. Una comisión más que no sabemos cómo, de qué y cuando se pronunciará. Mientras tanto los pobladores campesinos afectados que han protestado por estas violaciones de las normas legales, están siendo imputados por la fiscalía. Solamente ellos, no los productores de soja, que son igualmente denunciados por infringir la ley. Por otro lado el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) reconocen que carecen de recursos para efectuar el control en todo el territorio nacional. Sumamente grave. El Estado reconoce que no está en condiciones de hacer cumplir la ley. Los productores no se van a autoregular, porque en su gran mayoría actúan dentro de lo que denomina capitalismo salvaje. Y esto no es ideología, es descripción de realidad: Depredan bosques, contaminan ríos y lagos, secan los humedales, desvían ríos para sus regadíos como el caso del Tebicuary y el Apa, compran derecheras, rodean de cultivos y fumigaciones a pequeñas poblaciones de campesinos o indígenas para desalojarlos y al final intentan no pagar ningún impuesto. Ante esta presión y gran poder de los empresarios, se necesita que el Estado proteja a los pequeños productores para que estos puedan producir los alimentos dentro del plan de lucha contra la pobreza extrema. Si no se les asegura la tierra y la ayuda técnica y crediticia necesaria, estos compatriotas terminarán engrosando los cinturones de pobreza de los centros urbanos del país, donde la lucha contra la pobreza se presenta mucho más difícil por la carencia de fuentes de trabajo que puedan absolver la oferta de manos de obra cada vez más incrementada.

Sin lugar a dudas la problemática social generada desde el campo va mucho más allá de la simple práctica referida al uso de cualquier cucarachicida.