OJALA SEA
UNA BROMA
El
Presidente de la Conferencia Episcopal
Paraguaya, Mons. Claudio Giménez, reveló ayer, según publica el Diario Ultima
Hora de la fecha, que durante la reunión de los obispos con el Presidente de la República , don Horacio
Cartes bromeó diciendo que “si no actúa bien le pueden iniciar un juicio
político”. “Lo tomamos como una broma, no fue una cosa en serio” se ratificó en
su comentario el titular de la
CEP.
Ojala sea
una broma y no ninguna indirecta. Se puede bromear sobre el tema con cierta
ironía, pero dentro de un raciocinio político mínimo no se puede descartar esa
posibilidad. Las condiciones siguen intactas desde el último golpe de estado. El
actual Parlamento, con el nivel general de sus miembros con serios problemas
con la ética política, difícilmente puede generar tranquilidad institucional.
Puede ser que por el lado de la ideología de la izquierda no corra riesgo,
porque sus seguidores están débiles y divididos. Pero el peligro puede provenir
justamente de los protagonistas del anterior juicio político, los
representantes de los partidos tradicionales, que muestran una gran resistencia
a los procesos de institucionalidad que plantea el actual titular del Poder
Ejecutivo.
Todavía no
se cumplen los 100 días de este gobierno y ya se anuncian convenciones para
juzgar a los Ministros del Poder Ejecutivo. Y ya están inscriptos varios
candidatos leales al partido para sustituir a los técnicos del Gabinete. No fue
suficiente que casi todos los presidentes de Seccionales Coloradas fueran nombrados para
los cargos públicos. No se trata solamente de los cargos, desde luego, sino de una praxis política, de la vigencia del
pragmatismo de siempre, con fuerte connotación de aprovechamiento de los
recursos del estado.
El problema
de momento no es con la ideología sino con la corrupción estructural instalada.
El
paradigma del “Ña manda” (Nosotros mandamos)
sigue vigente. En este esquema es normal que se defienda al
correligionario que tenga problemas con la justicia aunque se tenga que acudir
a un montón de justificaciones para ello. Además siempre se podrá contar con la
predisposición favorable del Poder Judicial, cuyos miembros en general son
también correligionarios, y por lo tanto sus cargos le deben al partido.
El Presidente de la República podría enajenar el país con la Ley
del acuerdo público privado, pero será difícil que ese hecho le cueste el cargo
(Aunque debería costarle). Pero sí puede costarle el cargo si pretende cobrar
más impuestos a los empresarios, si exige una administración honesta a los
funcionarios públicos, si intenta combatir en serio el narcotráfico, si plantea la
recuperación de las tierras malhabidas, si se propone derribar los portones de
usurpadores de tierras que cierran los caminos públicos, si se juega por
modernizar al país y si realmente se compromete en la lucha contra la pobreza.
Ojala que el juicio político sea sólo una broma. Porque el remedo último ha
sido muy costoso para las arcas del estado, para el proceso institucional, para las relaciones internacionales y
para la esperanza de la población.
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