GUAHORY...ÑEMBOHORY

GUAHORY… ÑEMBOHORY

Mil doscientos policías con patrulleras, montadas y tractores, bajo las órdenes de supuestos propietarios brasileños y brasiguayos se llevó a cabo el desalojo brutal e inmisericorde de más de 200 familias en la localidad de “Guahory” en el Departamento de Caaguazú el 15 de setiembre pasado, dejando a más de mil personas sin techos, sin cultivos, sin escuelas y sin iglesia. De esa manera “Guahory” (lugar tranquilo de gente amable) se convirtió en tierra arrasada, con viviendas de muchos años algunos con material cocido, derribadas sin contemplación por tractores de los supuestos propietarios que alardeaban de haber pagado a las fuerzas policiales para cumplir el sacrílego objetivo. No pudieron retirar sus enseres ni sus herramientas, mucho menos sus pocos animales domésticos, que sin asco, aparecieron después cargados en un camión de los verdaderos invasores. Los niños tampoco pudieron recoger sus útiles escolares y sus pocos juguetes, arropados en llantos, se aferraban a las faldas de sus madres en busca de refugios. Los policías cumpliendo órdenes de los capangas brasileños dispusieron cordones de guardia de la tierra arrasada para impedir cualquier intento de retorno de los pobladores desalojados. Tampoco ya podían acceder a sus pozos de agua porque en una inaudita crueldad procedieron a inutilizarlos con productos químicos venenosos. Convirtieron así a “Guahory” en un “ñembohory” (Burlas, burlarse de) El hecho significó una burla miserable contra familias compatriotas. No podían hablar de invasión de tierra porque estaban radicadas en el lugar por décadas, con autorización del INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). Es más estaban pagando por sus lotes, incluso uno de los ocupantes, ya había cancelado su pago, pero igual fue desalojado con toda la brutalidad.  La corrupción interna del INDERT, habría permitido la transferencia de la mayoría de los lotes a nombre de allegados, que a su vez los vendieron a los colonos brasiguayos. Los documentos de compra e incluso los títulos que dicen tener,  tienen origen ilegal, por no ser sujetos de la reforma agraria y porque por ley está prohibida la venta de los lotes adjudicados  a los beneficiarios de la reforma agraria ante de los 10 años. La nulidad de los títulos aunque sean anulables puede llevar un buen tiempo que los campesinos no pueden esperar, por lo que se planteó que el estado, por ley de expropiación con media sanción del Senado, recupere esos lotes, pero eso también está trabado en la Cámara de Diputados.  Pero esta situación no es un caso aislado. Se trata de una política del estado que no protege a sus conciudadanos más vulnerables, a los campesinos e indígenas. Es decir desampara a alrededor del 40% de la población que requiere de tierra, agua, techo y una experiencia comunitaria para producir y satisfacer sus necesidades básicas. Lo que es peor, pone toda la estructura del estado, fuerzas públicas, legislaciones y la magistratura judicial, para proteger a personas o empresas que accedieron a la tierra de manera ilegal, haciendo que el hecho consumado se convierta en derecho de propiedad, lo que al final permite así que el saqueo se convierta en un principio constitucional. Es la gran incoherencia de este gobierno que dice que su objetivo es combatir la pobreza pero cada vez más condena a los compatriotas campesinos e indígenas a vivir en la miseria. Esa es una burla, un ñembohory muy doloroso que ya no se puede permitir.