CONTRALOR DESCONTROLADO
Es increíble la forma en que importantes instituciones,
creadas por toda una Convención Nacional Constituyente, terminan siendo
manipuladas y totalmente desnaturalizadas respecto a la importante finalidad de
la que se les ha dotado. Es el caso de la Contraloría General de la República. Conforme a lo dispuesto en el Art. 281 de
la Constitución Nacional, es el órgano de control de actividades económicas y
financieras del Estado, de los Departamentos y de las Municipalidades y goza
por Ley de autonomía funcional y administrativa. En el Art. 282, de la misma
C.N. se dispone que la Contraloría General de la República dictamine e informe
a las Cámaras del Congreso sobre la liquidación del presupuesto del año
anterior que deberá enviar cada año el Presidente de la República. Respecto a
sus deberes y atribuciones, establecidos en el Art. 283, tiene a su cargo el
control, vigilancia y fiscalización de todos los bienes públicos y patrimonio
del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las
municipalidades, los de la Banca Central y los de los demás bancos del Estado o
Mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así
como los de todas las empresas del Estado o mixtas. Además puede requerir informes
sobre gestión fiscal o patrimonial a toda persona o entidad pública mixta o
privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado y exigir
la declaración jurada de bienes de todos los funcionarios públicos. Tiene la
obligación de denunciar a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del cuál tenga conocimiento en
razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable por
omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control. Qué
finalidades tan importantes se le ha concedido a la Contraloría General de la
República y sin embargo hay que lamentar el pobre resultado de su gestión, de
lo contrario, no tendríamos tanta corrupción en las instituciones estatales y
no se hubiera dilapidado tantos recursos que debían destinarse a la salud, a la
educación, a seguro social, a lucha contra la pobreza. Diez Diputados acaban de
presentar el libelo acusatorio solicitando el juicio político al Contralor.
Pago extraordinario a una secretaria, nombramiento como auditores a personas no
calificadas, y hasta contratación de un equipo de futbol amateur, figuran en el
mencionado libelo. Por sobre todo, lo que se destaca es la pérdida de confianza
en su gestión. Duele saber, que justamente la institución encargada de controlar,
vigilar y fiscalizar todos los bienes públicos incurra en abusos y despilfarros
de esos fondos públicos. Pero duele más saber que esta institución siempre fue
manipulada por la corrupción política que la sometió a la inacción y a la
irresponsabilidad. Decenas de Intendentes municipales denunciados por
malversación de recursos siguen protegidos por la dirigencia política corrupta.
Hay un pacto de impunidad vigente. Muchos de ellos que deberían estar en las
cárceles, aspiran a un nuevo mandato.
Algunos exponentes del Partido Liberal Radical Auténtico ya reclaman el
cargo para ese partido con el pretexto de ser de la oposición. Le recordamos
que el Primer Contralor nombrado, justamente fue de ese partido y que durante
su mandato acumuló más de diez imputaciones por delitos cometidos en el cargo
que no prosperaron por el amparo de la corrupción política. Podemos concluir
que a pesar del libelo acusatorio, el actual Contralor General de la República, seguirá
impune en su cargo, porque no habrá votos suficientes para enjuiciarlo y eso
porque en la corrupción, no hay oposición política sino miserable contubernio
en perjuicio de los intereses económicos de la nación.
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