LA COMUNICACIÓN ES
PODER.
Decíamos en el comentario anterior que hemos titulado “El
Poder de la Comunicación” que actualmente está en proceso un proyecto de
modificación de la Ley 642/95 por la que se ha creado la CONATEL (Comisión
Nacional de Telecomunicaciones) y que el
proceso no es el adecuado porque se está omitiendo hasta ahora una serie de
audiencias públicas que deben ser consideradas imprescindibles, porque no se
trata de mejorar más o menos el ente regulador, sino del debate de una
verdadera y necesaria política de telecomunicaciones para todo el país.
Decíamos también que en las condiciones actuales el estado ha renunciado y
claudicado en su responsabilidad de proteger y preservar un bien público como
lo es el espectro radioeléctrico, al dejar en manos del sector privado el 98%
de uso y ocupación de ese espectro. Esto
va en contra de lo que dispone el Art. 30 de la Constitución Nacional, en su
segundo párrafo, que dice: “La Ley asegurará en igualdad de oportunidades, el
libre acceso al aprovechamiento del espectro electromagnético” ¿Cómo asegurará
la igualdad de oportunidades si ya no dispone de frecuencias? Ni siquiera para
los medios públicos o estatales y mucho menos para el sector comunitario.
Estamos hablando de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva. Cabe preguntar
¿es política del estado enajenar y
entregar al sector privado comercial todo el espectro electromagnético del
país? El proyecto de Ley no habla en ninguna parte de una redistribución
equitativa del espectro. Así como están las fuerzas de poder vigente, es
totalmente imposible pensar en una redistribución del 33 % del espectro para
los sectores comerciales, medios públicos o estatales y el educativo
comunitario. Ni siquiera habla de la posibilidad de que se recuperen las
frecuencias de medios comerciales en la medida en que venzan sus licencias
respectivas. Tampoco se puede hablar de
política comunicacional con una CONATEL muy dependiente del juego político
coyuntural. Depende del Poder Ejecutivo que en la práctica puede destituir
a su presidente y miembros, a pesar de que la Ley habla de estabilidad durante
cinco años en el cargo. Por cuestiones de los intereses políticos la CONATEL no
cumple ni puede cumplir con sus roles como ente regulador del espectro
electromagnético y por ese hecho ya se ha causado graves daños al país en lo
que respecta a soberanía en la administración de frecuencias. Tampoco tiene una política de ampliación y
fortalecimiento de los medios estatales que deberían ser públicos con
financiación aprobada por el Congreso Nacional. Mientras que a las radios
comunitarias, a pesar de figurar en la ley su existencia, desde la CONATEL, se
le ha dificultado por todos los medios su autorización respectiva, y se las ha
perseguido tenazmente. Se limitó por Ley su potencia, y se criminalizó su
tenencia sin la autorización respectiva. No se les ayuda a las entidades sin
fines de lucro a obtener la autorización sino que se les imputa a sus
directivos por delito de uso ilegal del espectro. Con la persecución de los medios comunitarios
no se garantiza la pluralidad de la información y se violenta el derecho de la
libertad de expresión.
(VOCES PARAGUAY ha preparado una excelente propuesta para
una Ley de Telecomunicaciones y al mismo tiempo ha presentado una denuncia de
la violación de la libertad de expresión a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos)
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