LA TORTURA SIGUE VIGENTE

LA TORTURA SIGUE VIGENTE.

El país suscribió todos los pactos internacionales en salvaguarda de la vigencia de los derechos humanos y sin embargo hasta ahora no se puede desterrar de nuestro medio la miserable práctica de la tortura. La denuncia fue formulada con todos los detalles por el Senador Nacional Luis Alberto Wagner este mediodía a través del  informativo del canal Telefuturo. Se trata de ocho campesinos apresados y torturados por la policía en la localidad de Capiíbary, Departamento de San Pedro. Según la policía actuaron sin orden judicial ante la denuncia, del administrador de la estancia que ocupa el terreno en litigio, de desaparición de algunas reses y el corte de una parte del alambrado. Según los campesinos fueron aprehendidos cuando se interesaron por la suerte de sus compañeros que intentaban defender sus pocos cultivos que quedaron en el lugar del desalojo. El Senador Wagner afirma que la policía miente y que la tortura fue inmisericorde, haciéndoles acostar a los detenidos a quienes pisotearon y golpearon sus oídos hasta lastimarles gravemente.

El litigio está planteado sobre la convicción que tienen los agricultores del lugar, de que el propietario, el abogado Gustavo De Gasperi, ocupa una extensión mayor del predio que le fuera adjudicado por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), es decir alambró terreno que pertenece al Indert, tierra que debe ser destinado a los productores campesinos.  Como antecedente cercano, está el desalojo del asentamiento campesino del lugar con la quema de alrededor de 300 viviendas, incluyendo la escuela del lugar que también fue derribada. Todo se hubiera solucionado con una mensura de la propiedad  que confirme si el predio en litigio, realmente le pertenece  al abogado en cuestión  o le corresponde al INDERT, pero extrañamente el señor De Gásperi se opone a la realización de la mensura y logra que el poder judicial dictamine a favor de su pedido. La oposición a esta mensura hace presumir que existe ese predio que no le corresponde. Si los campesinos ocupan un terreno son invasores ilegales y son violentamente desalojados, sin embargo cuando los grandes propietarios alambran tierras fiscales de manera ilegal, tienen la protección de jueces, policías y agentes fiscales. ¿Cómo el INDERT no puede transparentar esta situación de la tenencia de la tierra en el mencionado predio? ¿Cómo se puede desalojar, quemar ranchos, y destruir los cultivos de pequeños agricultores, a pedido de supuestos propietarios que no acrediten suficientemente la legitimidad de la propiedad? ¿Por qué el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado no investigan esta grave denuncia de torturas a que fueron sometidos estos compatriotas agricultores? Las fuerzas policiales están jugando con fuego al retornar a la práctica de la tortura y al constituirse no en el brazo armado de la ley y de la justicia, sino en malandrines al servicio de los mandones de turno. No hay que subestimar a la ciudadanía con el cúmulo de las injusticias. En nuestro país no se ha borrado del todo el rostro de la tiranía por lo que sigue latente y válido el grito rebelde que reclama y proclama:”Tortura y dictadura, nunca más”.