DAVID Y
GOLIAT.
La desigual
lucha de los campesinos contra las fumigaciones de sojales que envuelven a sus
ranchos y comunidades tiene mucho de parecido con el enfrentamiento bíblico. Es
una lucha totalmente desigual. Las fuerzas policiales, los fiscales y jueces,
no se juegan por garantizar los derechos mínimos de la defensa de la vida de
nuestros compatriotas campesinos, sino al contrario están para garantizar la
agresión. Actúan supuestamente en cumplimiento de la ley, y todo el mundo sabe
que la ley es violada por estos productores de soja. Es una agresión cobarde y miserable que no es
reconocida ni denunciada por los medios de prensas que manipulan la información
al presentar los casos como una oposición al cultivo de soja y la agricultura
empresarial. No se está contra la producción de soja, sino contra el
envenenamiento por el uso de los agroquímicos de la fumigación. Bueno, dirán,
pero cómo vamos a producir soja, si no procedemos a fumigar las plantaciones.
Tampoco se está contra las fumigaciones sino contra la utilización de
agroquímicos prohibidos en otros países, y contra la transgresión de las
disposiciones ambientales que prescriben la protección de la vida y la salud de
las poblaciones colindantes o cercanas. El estado no hace cumplir la ley, no
proteje a sus ciudadanos más humildes. No fija límites, no zonifica la
producción de soja, para proteger a las comunidades de pequeña agricultura y a
comunidades indígenas. La resistencia de los campesinos es de vida o muerte, o
es en todo caso contra el inevitable desalojo. No se dice la verdad. Los
productores más cuestionados en esta resistencia, juegan sucio. Por ejemplo se
apoderan de parcelas de campesinos comprando “derecheras” que ya es un acto
ilegal. Por este acto ilegal en vez de ser desalojados porque se apoderan de
lotes destinados a la reforma agraria, no teniendo derecho a ser beneficiarios,
terminan siendo reconocidos como “supuestos compradores de buena fe “ y con eso
ya tienen la protección de policías, fiscales y jueces. La compra de la derechera – entre paréntesis
el campesino tampoco está autorizado a
esa venta - se logra por el ofrecimiento
de buena plata, además de amenazas, extorsión y hasta connivencia de los
propios funcionarios del INDERT. En ese lote de 10 a 20 hectáreas , entra el
nuevo ocupante, generalmente brasileño, entra a cultivar la soja. Sus vecinos
inmediatos y colindantes, a partir de allí, tienen que soportar y luchar contra
las fumigaciones, que afectan directamente a su producción, a sus animales, a
sus hijos y a ellos mismos. En esas condiciones no es posible hablar de franja
de protección. Las opciones que tiene el agricultor en este caso, es también
vender su derechera, que es lo que quiere precisamente su nuevo vecino sojero,
abandonar el lugar, o luchar hasta donde pueda, a riesgo de su vida, con palos
y piedras, a cuerpo gentil, ante un Goliat, protegido por las fuerzas
policiales, jueces y fiscales, que defienden – dicen – el derecho a la
producción, el derecho de una ocupación, el derecho de un migrante que no
respeta las normas legales del país que lo recibe. Esto es realmente criminal y
miserable. Es una agresión, es un atropello. Se viola la garantía de los
compatriotas campesinos a vivir y a trabajar en su propia tierra. No hay
límites, no hay zonificación, no hay nada. Es una dramática lucha por la
supervivencia. Este no es solamente el
caso de algunos campesinos con algunos sojeros. Es una cuestión que interesa y
debe interesar a toda la ciudadanía porque están en juego la vida de muchos
compatriotas y la propia dignidad de la nación.
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