DAVID Y GOLIAT

DAVID Y GOLIAT.

La desigual lucha de los campesinos contra las fumigaciones de sojales que envuelven a sus ranchos y comunidades tiene mucho de parecido con el enfrentamiento bíblico. Es una lucha totalmente desigual. Las fuerzas policiales, los fiscales y jueces, no se juegan por garantizar los derechos mínimos de la defensa de la vida de nuestros compatriotas campesinos, sino al contrario están para garantizar la agresión. Actúan supuestamente en cumplimiento de la ley, y todo el mundo sabe que la ley es violada por estos productores de soja.  Es una agresión cobarde y miserable que no es reconocida ni denunciada por los medios de prensas que manipulan la información al presentar los casos como una oposición al cultivo de soja y la agricultura empresarial. No se está contra la producción de soja, sino contra el envenenamiento por el uso de los agroquímicos de la fumigación. Bueno, dirán, pero cómo vamos a producir soja, si no procedemos a fumigar las plantaciones. Tampoco se está contra las fumigaciones sino contra la utilización de agroquímicos prohibidos en otros países, y contra la transgresión de las disposiciones ambientales que prescriben la protección de la vida y la salud de las poblaciones colindantes o cercanas. El estado no hace cumplir la ley, no proteje a sus ciudadanos más humildes. No fija límites, no zonifica la producción de soja, para proteger a las comunidades de pequeña agricultura y a comunidades indígenas. La resistencia de los campesinos es de vida o muerte, o es en todo caso contra el inevitable desalojo. No se dice la verdad. Los productores más cuestionados en esta resistencia, juegan sucio. Por ejemplo se apoderan de parcelas de campesinos comprando “derecheras” que ya es un acto ilegal. Por este acto ilegal en vez de ser desalojados porque se apoderan de lotes destinados a la reforma agraria, no teniendo derecho a ser beneficiarios, terminan siendo reconocidos como “supuestos compradores de buena fe “ y con eso ya tienen la protección de policías, fiscales y jueces.  La compra de la derechera – entre paréntesis el campesino tampoco  está autorizado a esa venta -  se logra por el ofrecimiento de buena plata, además de amenazas, extorsión y hasta connivencia de los propios funcionarios del INDERT. En ese lote de 10 a 20 hectáreas, entra el nuevo ocupante, generalmente brasileño, entra a cultivar la soja. Sus vecinos inmediatos y colindantes, a partir de allí, tienen que soportar y luchar contra las fumigaciones, que afectan directamente a su producción, a sus animales, a sus hijos y a ellos mismos. En esas condiciones no es posible hablar de franja de protección. Las opciones que tiene el agricultor en este caso, es también vender su derechera, que es lo que quiere precisamente su nuevo vecino sojero, abandonar el lugar, o luchar hasta donde pueda, a riesgo de su vida, con palos y piedras, a cuerpo gentil, ante un Goliat, protegido por las fuerzas policiales, jueces y fiscales, que defienden – dicen – el derecho a la producción, el derecho de una ocupación, el derecho de un migrante que no respeta las normas legales del país que lo recibe. Esto es realmente criminal y miserable. Es una agresión, es un atropello. Se viola la garantía de los compatriotas campesinos a vivir y a trabajar en su propia tierra. No hay límites, no hay zonificación, no hay nada. Es una dramática lucha por la supervivencia. Este no es solamente  el caso de algunos campesinos con algunos sojeros. Es una cuestión que interesa y debe interesar a toda la ciudadanía porque están en juego la vida de muchos compatriotas y la propia dignidad de la nación.