UNA PROFESIÓN TODAVÍA DENIGRADA

UNA PROFESIÓN TODAVÍA DENIGRADA.

Una profesión de gran relevancia para formalizar la vida económica y social de nuestro país sigue siendo relegada y denigrada. Se trata de la profesión de Contadores y Auditores. “Es inadmisible que para acceder a un trabajo se siga instando a que se facilite la evasión de impuestos, o a adulterar ingresos” se quejó muy contrariado y con toda razón, en un amplio reportaje publicado en el Diario ABC el día domingo 26 de mayo pasado, el actual Presidente del Instituto de Auditores Internos del Paraguay, doctor Javier Sosa Da Costa.

“La profesión se encuentra muy manoseada por terceros, llámense empresarios, el Estado, no hay excepción”. “Estamos en un escenario que ya resulta insostenible – siguió diciendo – que para acceder a un trabajo los profesionales sean obligados a adulterar ingresos, a evadir impuestos, que tengan que llevar dos, tres o cuatro contabilidades dentro de una misma empresa, para poder mantener su trabajo”

No hay conciencia de la importancia de esta profesión o, por el contrario, existe un siniestro convencimiento de que  para seguir en la informalidad y en la corrupción se requiere que esta profesión siga siendo relegada con un marco legal obsoleto con leyes que datan inclusive del año 1930. Eso explicaría que los proyectos de leyes para actualizar la profesión sigan encajonados en el Congreso Nacional. Ni siquiera se tiene una Ley de regulación de honorarios lo que hace que muchos profesionales se vean obligados a aceptar paupérrimos ingresos para su sobrevivencia.

Y  en medio de todas estas circunstancias que denigran a la profesión todavía los auditores y contadores tienen que afrontar las responsabilidades civiles y penales que conlleva el ejercicio de estas profesiones.

Es fácil comprender que en estas condiciones se desvirtúe con tanta facilidad el concepto de la justicia tributaria. El que gana más no es el que paga más impuesto, porque tiene la posibilidad de adulterar sus ingresos y sus gastos con el respaldo, inclusive de documentos legales, pero  a menudo de contenido falso. También los funcionarios públicos, en los ministerios, municipios y gobernaciones tienen la posibilidad de fraguar documentos que disfrazan la legalidad de sus rendiciones de cuentas, desviando recursos que son tan vitales para una sociedad tan carenciada y marginada como la nuestra.