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ALIENACIÓN CONTRATADA

ALIENACIÓN CONTRATADA


Las batallas por el control político del poder en los tiempos modernos se desarrollan fundamentalmente en el ámbito financiero y en el ámbito de la comunicación. Siempre será muy difícil ejercer el control político si se denotara debilidad en cualquiera de estos ámbitos.  Los ejemplos son abundantes.  En esta ocasión queremos referirnos más específicamente a la cuestión comunicacional. En los estados totalitarios tanto de izquierda como de derecha el manejo y el control comunicacional han sido estrictos. En nuestro caso, ese control ha llegado a límites irracionales. Cito como por ejemplo que en tiempo de la dictadura el nivel del río en las crecientes no podía superar cierto margen y tampoco la temperatura podía ser mayor o menor de ciertos parámetros. No se tenía que alterar los ánimos de la población.  Hoy por hoy, los grupos dominantes de los poderes políticos y económicos, están empleando todos sus esfuerzos en comprar, concentrar y controlar los medios de comunicación.  En cuanto a los medios audiovisuales existen algunas restricciones pero con normativas imprecisas y difusas que no constituyen vallas insalvables para la consecución de esos objetivos.  La reminiscencia del totalitarismo volvió a despertar últimamente. Al parecer ya no basta manipular los medios propios, hay que intentar dominar, comprar, enajenar y alienar los mensajes y los servicios informativos especialmente de las emisoras del interior del país. Eso quedó establecido en un reciente encuentro de directores y propietarios de radioemisoras del interior ( privadas y comerciales) convocado y presidido por nada menos que el Vice – Presidente de la República y el titular de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. La propuesta fue la creación de un gran pacto para hacer conocer las obras del gobierno y recibir en compensación  pagos del Estado, en concepto de pautas publicitarias.  Actuarían como nexos nada más y nada menos que la SICOM (Secretaría de la Información y Comunicación) de la Presidencia de la República y CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es el ente regulador de la utilización del espectro radioeléctrico.  “Este hecho trajo preocupación en el seno de la CIDH (Comité Interamericano de los Derechos Humanos) a través del relator especial para la libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza, porque esta situación podría afectar seriamente la libertad de expresión en nuestro país. Mi intención es recordar – siguió diciendo el mencionado funcionario – los estándares de la materia, porque muchos recursos fueron usados para castigar a enemigos que el gobierno considera oposición” (Diario Última hora, edición del sábado 11 de febrero de 2017)  Estos son algunos de los Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre aprobados por el CIDH: “Es esencial asegurar que la pauta oficial no sea utilizada como instrumento de castigo a medios de comunicación independientes o críticos con el gobierno o como subsidio encubierto que beneficie directa o indirectamente a los medios de comunicación afines o condescendientes con las autoridades. Las restricciones  en la circulación libre de ideas y opiniones, así como también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”  De alguna manera esta práctica de control y restricción de los medios radiales siguió teniendo vigencia en todo este largo proceso de interminable transición democrática,  como resabio del totalitarismo que nunca se ha ido del todo,  pero no deja de sorprender que de pronto se haya hecho públicamente visible hasta el punto de llamar la atención de un organismo interamericano de tanta importancia. Esto nos hace pensar que la amenaza del totalitarismo sigue siendo tan real y tan presente en nuestro país.

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