ALIENACIÓN CONTRATADA
Las batallas por el
control político del poder en los tiempos modernos se desarrollan
fundamentalmente en el ámbito financiero y en el ámbito de la comunicación.
Siempre será muy difícil ejercer el control político si se denotara debilidad
en cualquiera de estos ámbitos. Los
ejemplos son abundantes. En esta ocasión
queremos referirnos más específicamente a la cuestión comunicacional. En
los estados totalitarios tanto de izquierda como de derecha el manejo y el
control comunicacional han sido estrictos. En nuestro caso, ese control ha
llegado a límites irracionales. Cito como por ejemplo que en tiempo de la
dictadura el nivel del río en las crecientes no podía superar cierto margen y
tampoco la temperatura podía ser mayor o menor de ciertos parámetros. No se
tenía que alterar los ánimos de la población. Hoy por hoy, los grupos
dominantes de los poderes políticos y económicos, están empleando todos sus
esfuerzos en comprar, concentrar y controlar los medios de comunicación. En cuanto a los medios audiovisuales existen
algunas restricciones pero con normativas imprecisas y difusas que no
constituyen vallas insalvables para la consecución de esos objetivos. La reminiscencia del totalitarismo volvió a
despertar últimamente. Al parecer ya no basta manipular los medios propios, hay
que intentar dominar, comprar, enajenar y alienar los mensajes y los servicios
informativos especialmente de las emisoras del interior del país. Eso quedó establecido en un reciente
encuentro de directores y propietarios de radioemisoras del interior ( privadas y comerciales) convocado
y presidido por nada menos que el Vice – Presidente de la República y el
titular de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. La
propuesta fue la creación de un gran pacto para hacer conocer las obras del
gobierno y recibir en compensación pagos
del Estado, en concepto de pautas publicitarias. Actuarían como nexos nada más y nada
menos que la SICOM (Secretaría de la Información y Comunicación) de la
Presidencia de la República y CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
que es el ente regulador de la utilización del espectro radioeléctrico. “Este
hecho trajo preocupación en el seno de la CIDH (Comité Interamericano de los
Derechos Humanos) a través del relator especial para la libertad de expresión,
el uruguayo Edison Lanza, porque esta situación podría afectar seriamente la
libertad de expresión en nuestro país. Mi intención es recordar – siguió
diciendo el mencionado funcionario – los estándares de la materia, porque
muchos recursos fueron usados para castigar a enemigos que el gobierno
considera oposición” (Diario Última hora, edición del sábado 11 de febrero de
2017) Estos son algunos de los
Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre aprobados por
el CIDH: “Es esencial asegurar que la
pauta oficial no sea utilizada como instrumento de castigo a medios de
comunicación independientes o críticos con el gobierno o como subsidio
encubierto que beneficie directa o indirectamente a los medios de comunicación
afines o condescendientes con las autoridades. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones,
así como también la imposición arbitraria de información y la creación de
obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de
expresión” De alguna manera esta
práctica de control y restricción de los medios radiales siguió teniendo
vigencia en todo este largo proceso de interminable transición democrática, como resabio del totalitarismo que nunca se ha
ido del todo, pero no deja de sorprender
que de pronto se haya hecho públicamente visible hasta el punto de llamar la
atención de un organismo interamericano de tanta importancia. Esto nos hace
pensar que la amenaza del totalitarismo sigue siendo tan real y tan presente en
nuestro país.
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