LA JODA DE LA TIERRA
En materia de acceso
a la propiedad de la tierra se advierte una gran diferencia en cuanto al trato
que se da a los potenciales adjudicatarios según su condición social. Resaltan
las injusticias que son cometidas cuando la situación es referida a humildes
campesinos y por el contrario, cuando los pretendientes son empresarios,
extranjeros o políticos son abismales los privilegios a favor lo que deja en
evidencia una clara política de marginación y de pobreza de los sectores más
vulnerables de la sociedad. En esta
misma dirección se manifiestan las autoridades del gobierno, los jueces y fiscales y hasta la policía y el
ejército. Con esta política el campesino pobre y los indígenas están
prácticamente condenados a vivir en la miseria. Hay numerosos hechos que respaldan estas afirmaciones. Mencionamos tres
de ellos. 1) El caso de Antebicué, una extensa superficie expropiada por el
estado para el asentamiento de colonias campesinas en el norte del país. Al
poco tiempo algunos políticos de la zona se instalaron en el mencionado
inmueble para dedicarse a la explotación ganadera no siendo beneficiarios de la
reforma agraria y por supuesto, no respetando la dimensión máxima que debían
tener cada lote. Nunca se les pudo desalojar. Cuando al final, se les quiso
vender la tierra, no aceptaron que se les cobre al precio de mercado. Insistían
que se les cobre al mismo precio subsidiado fijado para los campesinos
beneficiarios de la reforma agraria. Ahí están estos invasores y es posible
que no hayan pagado un peso, hasta ahora, por la tierra adquirida por el Estado
Paraguayo. 2) El caso de Guahory,
Departamento de Caaguazú. Es un asentamiento campesino establecido por el
INDERT, Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Cada uno de ellos venía
pagando por sus lotes en la regional de la Institución, algunos inclusive ya
habían terminado de pagar. Un funcionario deshonesto del INDERT caviló la forma
de obtener ganancias ilícitas y procedió a titular y vender esos lotes ocupados
no a los ocupantes sino a otros campesinos que a su vez vendieron sus
propiedades a colonos brasileños. En las transferencias la Escribana de la
zona, no respetó la prohibición de revender esos lotes, antes de que transcurran
los diez años como establece la ley agraria. Con estos títulos de dudosa legalidad consiguen el apoyo judicial para
montar un tremendo y miserable desalojo de los originales ocupantes, con
centenares de policías e incluso el apoyo de un helicóptero, dejando por tierra
inmisericordemente todas las viviendas y arrasando los cultivos. Tampoco respetaron el templo y la escuela del
lugar. Los desalojados, numerosos niños entre ellos, por varios días pasaron
hambre, porque no les permitieron ni siquiera recoger los frutos de sus
cultivos. 3) Pero el caso más
emblemático de la joda de la tierra, se está dando en Barbero Cué, Ex tierra de
Barbero, Departamento de San Pedro,
propiedad del gobierno italiano, donado al Estado paraguayo por un convenio
internacional para ser destinado a los campesinos ocupantes y a la reforma
agraria. Naturalmente queda a cargo del INDERT adjudicar las parcelas y a
titular a favor de los beneficiarios. Pero apareció un problemita. El inmueble
también tiene empresarios ocupantes ilegales que no están dispuestos a ceder
sus privilegios. Estos violan el tratado
porque no pueden ser beneficiarios. El
INDERT en un intento por beneficiar a los empresarios ocupantes ilegales, manda
realizar una mensura según la cuál la superficie del inmueble es de solamente
14.090 has. que los campesinos rechazan rotundamente, y consiguieron que la
Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección General de Registros
Públicos, ratifique que la finca 231 Padrón 682, conocida como “Barbero Cué”
tiene una superficie de 17.343 hectáreas. El INDERT, sin hacer caso a la
diferencia de superficie existente, fiel a su postura de favorecer a los
ocupantes ilegales, quiso entrar a
parcelar y adjudicar los títulos en base a las 14.090 hectáreas, pero los
campesinos a través de la asesoría jurídica consiguieron por orden judicial
impedir que la institución agraria ingrese al inmueble para cumplir con su
arbitrario cometido. ¿Qué hubiera pasado
si los ocupantes eran campesinos? Centenares de policías habrían procedido a un
brutal desalojo. Hay más casos que
pueden ser citados, pero con estos tres ejemplos, hay pruebas más que
suficientes para concluir que a este gobierno y a otros gobiernos
anteriores, les interesó muy poco la
suerte del campesinado paraguayo. Con
esta marginación y la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza,
será muy difícil que la pobreza y el hambre desaparezcan del país.
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