LA JODA DE LA TIERRA

LA JODA DE LA TIERRA

En materia de acceso a la propiedad de la tierra se advierte una gran diferencia en cuanto al trato que se da a los potenciales adjudicatarios según su condición social. Resaltan las injusticias que son cometidas cuando la situación es referida a humildes campesinos y por el contrario, cuando los pretendientes son empresarios, extranjeros o políticos son abismales los privilegios a favor lo que deja en evidencia una clara política de marginación y de pobreza de los sectores más vulnerables de la sociedad.  En esta misma dirección se manifiestan las autoridades del gobierno,  los jueces y fiscales y hasta la policía y el ejército. Con esta política el campesino pobre y los indígenas están prácticamente condenados a vivir en la miseria. Hay numerosos hechos que respaldan estas afirmaciones. Mencionamos tres de ellos. 1) El caso de Antebicué, una extensa superficie expropiada por el estado para el asentamiento de colonias campesinas en el norte del país. Al poco tiempo algunos políticos de la zona se instalaron en el mencionado inmueble para dedicarse a la explotación ganadera no siendo beneficiarios de la reforma agraria y por supuesto, no respetando la dimensión máxima que debían tener cada lote. Nunca se les pudo desalojar. Cuando al final, se les quiso vender la tierra, no aceptaron que se les cobre al precio de mercado. Insistían que se les cobre al mismo precio subsidiado fijado para los campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Ahí están estos invasores y es posible que no hayan pagado un peso, hasta ahora, por la tierra adquirida por el Estado Paraguayo. 2) El caso de Guahory, Departamento de Caaguazú. Es un asentamiento campesino establecido por el INDERT, Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Cada uno de ellos venía pagando por sus lotes en la regional de la Institución, algunos inclusive ya habían terminado de pagar. Un funcionario deshonesto del INDERT caviló la forma de obtener ganancias ilícitas y procedió a titular y vender esos lotes ocupados no a los ocupantes sino a otros campesinos que a su vez vendieron sus propiedades a colonos brasileños. En las transferencias la Escribana de la zona, no respetó la prohibición de revender esos lotes, antes de que transcurran los diez años como establece la ley agraria. Con estos títulos de dudosa legalidad consiguen el apoyo judicial para montar un tremendo y miserable desalojo de los originales ocupantes, con centenares de policías e incluso el apoyo de un helicóptero, dejando por tierra inmisericordemente todas las viviendas y arrasando los cultivos.  Tampoco respetaron el templo y la escuela del lugar. Los desalojados, numerosos niños entre ellos, por varios días pasaron hambre, porque no les permitieron ni siquiera recoger los frutos de sus cultivos. 3) Pero el caso más emblemático de la joda de la tierra, se está dando en Barbero Cué, Ex tierra de Barbero,  Departamento de San Pedro, propiedad del gobierno italiano, donado al Estado paraguayo por un convenio internacional para ser destinado a los campesinos ocupantes y a la reforma agraria. Naturalmente queda a cargo del INDERT adjudicar las parcelas y a titular a favor de los beneficiarios. Pero apareció un problemita. El inmueble también tiene empresarios ocupantes ilegales que no están dispuestos a ceder sus privilegios.  Estos violan el tratado porque no pueden ser beneficiarios.  El INDERT en un intento por beneficiar a los empresarios ocupantes ilegales, manda realizar una mensura según la cuál la superficie del inmueble es de solamente 14.090 has. que los campesinos rechazan rotundamente, y consiguieron que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección General de Registros Públicos, ratifique que la finca 231 Padrón 682, conocida como “Barbero Cué” tiene una superficie de 17.343 hectáreas. El INDERT, sin hacer caso a la diferencia de superficie existente, fiel a su postura de favorecer a los ocupantes ilegales,  quiso entrar a parcelar y adjudicar los títulos en base a las 14.090 hectáreas, pero los campesinos a través de la asesoría jurídica consiguieron por orden judicial impedir que la institución agraria ingrese al inmueble para cumplir con su arbitrario cometido.  ¿Qué hubiera pasado si los ocupantes eran campesinos? Centenares de policías habrían procedido a un brutal desalojo.  Hay más casos que pueden ser citados, pero con estos tres ejemplos, hay pruebas más que suficientes para concluir que a este gobierno y a otros gobiernos anteriores,  les interesó muy poco la suerte del campesinado paraguayo.  Con esta marginación y la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza, será muy difícil que la pobreza y el hambre desaparezcan del país.