DROGA Y DESESPERACIÓN
La irresponsabilidad
del Estado frente al consumo de drogas por parte de los jóvenes y niños de este
país tiene doble dimensión: Por una parte demuestra la ineficiencia y la
incapacidad en el control de la distribución y el consumo de los
estupefacientes y por otra, la falta total de atención a los jóvenes
drogadictos. No se maneja estadísticas de cuánto ha crecido el consumo y la
tendencia de la sociedad y de los medios de prensa es promover la condena a los adictos que terminan en la
delincuencia, a las peores penas carcelarias, sin importar que sean inhumanas y
miserables y sin analizar ni debatir las causas reales de este terrible flagelo. El tránsito y el tráfico de las drogas
siguen teniendo a Paraguay como un importante puente de distribución y reenvío.
El clima es propicio debido a la alta corrupción política y policial. El caso denunciado por una madre en uno de
los canales de televisión abierta en estos días, describe fehacientemente y con
todo dramatismo la penosa situación a que se enfrenta una familia que llega a
tener un hijo adicto a las drogas. Comenzó
a los 14 años – dice la madre denunciante - y desde entonces ha dejado sus
estudios y deambula por las calles sin paradero fijo. Es el típico caso, se inicia en el grupo de
amigos que facilita la droga en una primera etapa, hasta que se vuelve adicto y
entonces se enfrenta al problema de conseguir las dosis que necesita. Pide
dinero a su familia, lleva y vende algunos objetos de la casa paterna y
finalmente se les obliga a convertirse en un distribuidor más. La señora madre
cuenta que algunas veces su hijo regresa después de tres días de ausencia, en
forma casi clandestina en horas de la noche, come todo lo que encuentra y
vuelve a la calle. En otras ocasiones se acerca a la madre para pedirle que le
ayude a salir de este estado porque se siente mal y se desespera. Los padres han contratado médicos y
sipcólogos, pero sin resultado porque es casi imposible que el adicto siga su
tratamiento. Cuentan que ya han gastado todo el pequeño ahorro de la familia y no
saben a dónde ni a quién recurrir. Preguntando, preguntando, por fin le dieron
un teléfono de un Centro de Asistencia privado. Le contestaron que por lo menos
se tiene que abonar unos nueve millones y medio de guaraníes para el
tratamiento por adelantado, equivalente
a unos 1.800 dólares más o menos, una fortuna para una familia pobre y
empobrecida. Este es el caso de una
familia que quiere ayudar a un hijo al que nunca le ha cerrado las puertas de
la casa. Eso es bueno y digno de ser destacado. Nunca hay que cerrar las puertas y todas las veces que vuelve a la
casa un hijo o una hija con dificultades, se le debe tratar con cariño y
comprensión. El no tener un lugar para
refugiarse aumenta terriblemente la desazón y la desesperación. Hay
familias que expulsan a sus hijos drogadictos, otras que piden incluso a la
policía que los detengan porque ya no los pueden soportar. Pero ya no es tiempo de simples
lamentaciones. Las organizaciones
sociales y juveniles, las iglesias y toda la sociedad, deben reclamar al Estado
esta grave falta de atención a la salud de numerosos jóvenes del país, que cada
vez aumentan más y terminan por acrecentar el oleaje de la delincuencia. Aparte
de solicitar que se extreme el combate de la grave corrupción política y
policial en la provisión y distribución de las drogas, hay que emprender
también grandes campañas por construir locales para centros de rehabilitación
que se requiere a esta altura en todo el país.
No se les puede simplemente enviarles a las cárceles para que mueran o
salgan peores. Esta situación implica una gran hipocresía y una tremenda
injusticia. Esta es una gran cruzada que
reclama la participación de todos los compatriotas de adentro y de afuera. Si se fracasa en esta campaña la cosecha será
terrible y nefasta. El costo final de alguna manera nos alcanzará a todos.
Comentarios
Publicar un comentario