UN JUICIO SIN CORTE.

UN JUICIO SIN CORTE

Una grave crisis de institucionalidad viene trastornando la vida y la vigencia del estado de derecho de la República sin que, aparentemente, a nadie le importe demasiado.  Afecta a uno de los poderes del Estado, que al final incide en todos los poderes. Se trata de la misma Corte Suprema de Justicia. Desde diciembre del 2014 tres de los miembros de la Corte (En realidad fueron cuatro, uno de ellos el Doctor Víctor Núnez presentó su renuncia) soportan  un juicio político, con causales aprobadas por la Cámara de Diputados, la Cámara acusadora, sin que el Senado que actúa como el Jurado dentro del proceso se pronuncie sobre el caso.  En primer lugar hay que señalar que este procedimiento de destitución previsto en la Constitución Nacional nunca fue reglamentado adecuadamente por una Ley de la República.  Se dio el caso que para la destitución de un Presidente de la República se procedió en base a un reglamento interno del Senado aprobado específicamente para el juicio lo que le restó legalidad y legitimidad. También dos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, destituidos anteriormente, han recurrido a demandas internacionales y cuentan con dictámenes que no fueron del todo favorables al Estado paraguayo. La falta de una ley reglamentaria de los juicios políticos hace que no esté establecido el tiempo que debe transcurrir entre la aprobación de las causales por la Cámara de Diputados y el acto de juzgamiento por la Cámara de Senadores. En este caso, desde diciembre del 2014 hasta la fecha, han transcurrido 15 meses de incertidumbre a nada menos que a tres de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Este tiempo de indefinición se ha prestado al manoseo y a la especulación. Aparecen en el torbellino de las posibilidades el juego de los intereses partidarios y particulares donde entran a batallar por un lado, los juicios pendientes de dirigentes políticos, algunos incluso parlamentarios, que eventualmente podrían estar condicionando el voto para la aprobación de las destituciones pendientes, o por el otro lado las maniobras que puedan protagonizar como mecanismo de defensa los mismos miembros de la Corte que están acusados. “No existe el juicio político en nuestro país, todo es una farsa” señala uno de los Senadores y agrega: “No es juicio, no se juzga a nadie, de antemano ya se conoce el resultado, por eso todo lo que se discute es si se tiene o no los votos suficientes para la destitución” En este caso, el supuesto juicio ya lleva más de 15 meses. Pero el manoseo de la Corte Suprema de Justicia no se acaba con el juicio y la destitución. Nadie puede asegurar que los nuevos miembros a ser designados serán mejores que los anteriores, debido a la vigencia del miserable cuoteo político.  Durante el gobierno de Nicanor Duarte fueron designados 6 de los miembros actuales y los cambios no han significado mejorías.  Esta es una crisis institucional muy seria. El planillerismo, la corrupción, el narcotráfico, el armatráfico y los robos seguirán impunes. Los debates sobre la necesaria reforma judicial fueron postergados. Sin justicia este país no podrá superar el caos de la improvisación y el pandillerismo. El gran ruido del 2018 tapa y relega el tratamiento de temas fundamentales para el país. Sin un poder judicial saneado, fuerte e independiente, lamentablemente se está comprometiendo muy seriamente el futuro del país.