LOS DERECHOS INALIENABLES

LOS DERECHOS INALIENABLES

No son una concesión gratuita de la sociedad ni depende del reconocimiento de un gobierno. Son anteriores y superiores al poder del estado. Aunque constituyan una fuente del derecho positivo, este no agota su sentido y su riqueza  porque son inspiradores y trascendentes. Se trata de los Derechos Humanos que son inherentes a la condición de la persona humana y por lo tanto son irrenunciables, intransferibles y universales. Son inalienables, nadie ni siquiera el estado los puede eliminar y por lo tanto son inviolables e irreversibles. Son además imprescriptibles y progresivos, una vez reconocidos, su vigencia permanece y su alcance se desarrolla en el tiempo.

Ante un mundo devastado por la miseria de la guerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Es un documento de 30 Artículos y un Preámbulo que en su primer párrafo expresa: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Dentro de la clasificación de los Derechos Humanos, tenemos los considerados de primera generación: Los derechos civiles y políticos, los de segunda generación se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales y los de la tercera generación a los derechos de los pueblos o los derechos de la solidaridad. Ya se habla también de los derechos de la cuarta generación, los derechos de dimensión planetaria relacionados con la naturaleza que cobra fuerza a partir de la proclamación de la Carta de la Tierra o Declaración de Río (1992).

El conocimiento y la toma de conciencia así como la defensa y la promoción de los Derechos Humanos son tan fundamentales para toda sociedad civilizada. Obrar en contra o menoscabar su alcance pueden ser una grave y peligrosa regresión. En su aplicación la mirada está puesta fundamentalmente en la gestión del estado que tiene la obligación de garantizar su vigencia. Por eso es que si el estado, obligado a protegerlos, es el que los viola, el resultado es un acto terrible de consecuencias funestas. Pero la obligación de proteger y promocionar  su vigencia también corresponde a toda la sociedad y a cada uno en particular. La ciudadanía debe estar muy atenta porque la violación de los derechos fundamentales de cualquier persona en cualquier lugar, por su universalidad, viola también el derecho de cada uno. Pero hablamos de derecho no de venganza. Esa es la gran tentación cuando se plantea ¿y el derecho de las víctimas? En la lógica de la venganza estamos tentados a concluir que aquellos que violaron el derecho a la vida también deben morir. Con esto se justificaría la justicia por mano propia, la ley del Talión. Por eso es tan importante la vigencia del derecho y de la justicia. Es lamentable toda violencia, es lamentable la muerte de toda persona, pero es fundamental optar por la vigencia de un sistema de justicia. El delincuente por más reprobable que sean sus actos no pierde su condición de persona, tiene derechos que tienen que ser respetados, y si no se respeta caemos en la barbarie. Este es el desafío fundamental que se nos plantea. Han muerto cinco personas que trabajaban de guardias de una estancia, uno de ellos incluso era policía y todo el aparato del estado se puso en marcha, fueron movilizadas fuerzas armadas, se amplió el presupuesto y se forzó la Constitución para contar con una ley especial, todo para atrapar a los asesinos y desbaratar su maligna organización. Muy bien, el estado está cumpliendo con su obligación de proteger la vida, de combatir la delincuencia, de asegurar la paz y la tranquilidad de la población.  ¿Deben actuar de cualquier forma y obtener resultados a cualquier precio? Definitivamente, la respuesta es no.

Deben actuar conforme a la ley y a la justicia, de lo contrario los miembros de las fuerzas armadas y policiales,  también se convertirán en delincuentes, serán parte del terrorismo de estado, que en la reciente historia de los gobiernos autoritarios de la región, arrojó funestas consecuencias. El otro tema es la igualdad ante la ley. La vida de todos es valiosa y debe ser preservada. Dos días antes de la muerte de los cinco guardias, le matan a un dirigente campesino, funcionario municipal de su comunidad. La crónica dice que le emboscaron en la ruta y le dispararon desde una camioneta plateada. Por supuesto no portaba arma y tampoco tuvo ninguna oportunidad de defenderse. ¿Cuánto esfuerzo se está empeñando para esclarecer este miserable asesinato? Preguntado el Ministro del Interior, no recordaba el caso. En los servicios informativos se minimizó el hecho alegando que se trataba de un ajuste de cuentas entre abigeos. Incluso los Obispos, que condenaron con toda razón la muerte de los cinco guardias, no se acordaron de este campesino muerto. La muerte de este dirigente campesino también es el resultado del crimen organizado, igualmente perverso y miserable.

Al formular estas reflexiones se corre el riesgo de ser endilgado simpatizante del grupo terrorista, que en la práctica sería lamentable y negativa, porque mucha gente tendría reparos para considerarlas y sin embargo la única garantía que tenemos para combatir y superar con eficacia estos hechos delictivos, es proceder dentro del marco de la ley y la justicia, con la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales a los que debemos adherir con toda la luz de nuestra inteligencia y con toda la fuerza de nuestra voluntad.