EL ESTATUTO SOY YO

EL ESTATUTO SOY YO.

No se puede negar que la cultura autoritaria sigue tan presente en el país. Se intenta disimular pero apenas se rasga la piel reaparece con todas sus características y preponderancias. En la tradición popular existen figuras y expresiones que traducen con relativa fidelidad estos rasgos autoritarios como por ejemplo el caso de que un caudillo que intentaba imponer su voluntad a un grupo determinado que al ser cuestionado porque lo que proponía no se adecuaba a las disposiciones estatutarias, golpeó la mesa diciendo: El estatuto soy yo. O este otro caso todavía más pintoresco, que se dio cuando  una persona que asistía a una reunión de asociados de una entidad, de la que ni siquiera era miembro y que cuando se le reclamó la impertinencia de su participación, y se le dijo que no podía hablar porque no era asociado, respondió con vehemencia: Yo voy a hablar donde quiera porque yo tengo personería jurídica.

Algo parecido viene ocurriendo en ambas Cámaras del Congreso. Coincidentemente los Presidentes de las mismas, se niegan a proporcionar la nómina de funcionarios nombrados, contratados y comisionados. No les importaron hasta ahora todas las explicaciones de entendidos en derecho constitucional, de que esa información no podría ser negada porque se trata de funcionarios públicos, quienes reciben salarios del presupuesto nacional, y los ciudadanos que pagan sus impuestos tienen derecho a saber en qué se gasta sus aportes. En la Cámara de Senadores, se dio la paradoja, de que en el mismo acto en que su Presidente, suscribía un convenio sobre transparencia legislativa, declaró, al ser preguntado sobre el pedido de la prensa sobre la nómina de funcionarios que se le había solicitado, que dará la lista cuando él lo quiera.

Ni el Ministerio de Hacienda ni la Secretaría de la Función Pública tienen la nómina actualizada porque hasta ahora no les fue remitida.

Conforme a la Constitución Nacional el Congreso tiene más poderes que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por la vía del juicio político puede destituir al Presidente de la República y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero no existen vías para destituir a ningún parlamentario, al no preverse la revocatoria de poder en la Carta Magna. El Congreso aprueba su propio presupuesto y lo administra sin control de la Contraloría General de la República. En los últimos años ese presupuesto fue incrementado en 200%. Pide informes a todas las instituciones públicas casi al límite de la extorsión en algunos casos, como llegó a reclamar el Presidente de OPACI, Organización Paraguaya de Cooperación InterMunicipal.

Un Senador habló de intento de desprestigio de la prensa, pero sin embargo es el mismo Congreso es el que motiva la reacción de la ciudadanía con esta actitud prepotente de negar información pública. En el anterior período legislativo fueron organizadas importantes manifestaciones en contra del Parlamento, por entender que los legisladores no respondían a los intereses ciudadanos, llegando incluso a calificar a los mismos como “Senarratas” y “Dipuchorros”.

Las organizaciones ciudadanas siguen atentamente el comportamiento de los legisladores. Dentro del sistema democrático participativo es muy importante el control del pueblo organizado. Los legisladores son o deben ser representantes de la ciudadanía y por lo tanto deben prestar las mejores atenciones a las inquietudes y necesidades de la población. En ese sentido el diálogo y la audiencia pública deben potenciarse como el mejor camino en el relacionamiento entre los legisladores y la ciudadanía. Consideramos que debe ser desterrada cualquier actitud de prepotencia de parte de quienes fueron electos para dotar al país de las normas necesarias en la gestión y administración del bien común de la nación.