UN PAÍS EN UNA GRAN PRISIÓN

UN PAÍS EN UNA GRAN PRISIÓN.

La tragedia en una de las penitenciarías del país acaparó la atención de la ciudadanía en los últimos días.  Fueron asesinados 10 reclusos. El impacto no fue solamente por la cifra sino por la forma en que fueron ejecutados;  5 fueron decapitados y tres incinerados, estando maniatados. Otros dos fallecieron por estocadas. Durante 4 horas, una de las facciones dominó el penal de la ciudad de San Pedro del Segundo Departamento.  El director de esa penitenciaría y la mayoría de los guardias habrían sido designados por favores políticos, sin contar con la preparación profesional necesaria.  Se descubrió, además,  que 4 traficantes de drogas gozaban del privilegio de cumplir su prisión en una supuesta granja, localizada fuera del recinto penitenciario, sin guardia, con sus familiares, con todas las comunidades y hasta con vehículos disponibles. El gobierno reaccionó prometiendo más cárceles. ¿Cuántas cárceles más serán necesarias?  Actualmente la población penal es de 16.800 presos y la capacidad carcelaria es de apenas 4.800 presos.  Cada año ingresan 1000 nuevos presidiarios y los liberados son unos 100 lo que arroja un saldo anual de 900, por ahora, puede ser más. La situación de los presidiarios es dramática e inhumana. Si no mueren por estocadas mueren por hambre o enfermedades.  La Comisión Revisora de los Derechos Humanos, llegó a comprobar que en una celda para 3 personas estaban hacinados nada menos que 19 presos en la Cárcel de Tacumbú, de Asunción.  También se comprobó que muchos de ellos duermen en la intemperie sin colchón ni nada, sin importar que llueva o haga frío. El ex Fiscal General del Estado, Germán Latorre, afirmó “que se debe atacar las causas del hacinamiento y no construir más cárceles” Señaló que el Estado es responsable por la vida de los presidiarios y que al no impedir las graves violaciones de los derechos fundamentales de los mismos, puede ser demandado y condenado al pago de sumas siderales. La ex directora de Institutos Penales, Olga blanco, afirmó a su vez que la “impunidad y los negocios turbios son dos de los principales factores de la crisis penitenciaria” (Diario Última Hora, páginas 52 y 53, de la edición del día 20 de junio de 2019) También se hace constar en la mencionada publicación que la corrupción mueve alrededor de 1.500 millones de guaraníes mensuales solamente en la Cárcel de Tacumbú. En este penal se cobra todo, hasta por anticipar visita de familiares. Gran parte del hacinamiento es responsabilidad del Poder Judicial con su deficiencia e irresponsabilidad. El 76% de la población penal no tiene condena. Se abusa de la prisión preventiva.  La gran mayoría de los presidarios son jóvenes.  Grandes traficantes asociados al poder político proveen y distribuyen drogas en el país siendo la juventud su presa favorita. Convierten a los jóvenes en víctimas y victimarios. Las drogas más la pobreza extrema  multiplican la inseguridad y los asaltos, que terminan por generar el aumento exponencial de la población penitenciaria.  Se les tira a las cárceles sin considerar su situación de droga dependencia. No hay centros de rehabilitación. Los ex presidiarios liberados no tienen otra opción que seguir siendo delincuentes. No existe ninguna política de reinserción a la sociedad. Debido a eso se les obliga a terminar reclutados por las grandes organizaciones criminales. La corrupción y la impunidad son la gran causa de esta tragedia humana y ciudadana.  En este país se miente y se roba a mansalva, con total impunidad. A tal punto llega esto que si se le encerrara al país dentro de un gran muro, no sabemos cuántos, legalmente, podrían ser liberados por la justicia.