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PETICIÓN REITERADA


PETICIÓN REITERADA

En un escenario sin precedente y con amplia cubertura mediática, en estos días  se hablaba de la inminencia de un resultado militar exitoso en lo referente al combate al autollamado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). Pasaron los días y las horas y todo se fue calmando. Los helicópteros dejaron de disparar y los informes militares fueron bajando de intensidad y perioricidad. Solamente se habría encontrado un campamento con  algunos elementos que serán analizados. Lo que más llamó la atención fue un panfleto en el que se anuncia la muerte del Sub-Oficial Edelio Morínigo, el más antiguo de los secuestrados por el grupo criminal, que fue llevado a la familia del mismo, sin tener ninguna confirmación de su veracidad. Naturalmente el hecho causó más dramatismo porque sumó a la incertidumbre de su fallecimiento el reclamo de la ubicación de sus restos. ¿Dónde está entonces? ¿Si está muerto entréguenme los restos de mi hijo, exclamaba su madre? Ante este nuevo fracaso del operativo militar policial, el Clero de la Región Norte del país a través de un pronunciamiento pidió que se derogue la Ley de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. La razón expuesta por los obispos y sacerdotes de Concepción, Benjamín Aceval, San Pedro y de los Vicariatos del Chaco y del Pilcomayo, es por los reiterados atropellos a los derechos humanos y la fuerza desmedida empleada en sus procedimientos. Reunidos en el local del Ex Seminario de Saladillo de Concepción, los religiosos expresaron: “Nos unimos al dolor de la señora Obdulia y de don Apolonio, padres de Edelio Morínigo,  de los familiares de don Félix Urbieta y con las demás víctimas de los secuestros. Expresamos nuestra oración y solidaridad haciendo nuestro el testimonio y el  compromiso de los compañeros sacerdotes Pablo Cáceres de la Diócesis de Concepción y Cristhian Paiva de la Diócesis de San Pedro Apóstol, porque han dado testimonio de coherencia y entrega en el acompañamiento de las víctimas de los abusos de las fuerzas públicas y de los organismos del Estado en los conflictos que afectan a la zona norte del país” Más adelante el comunicado sigue expresando: “Rechazamos las infundadas acusaciones y difamaciones por parte de la FTC. Vemos con preocupación, los abusos y atropellos de poderes del Estado contra la dignidad de las personas y sus derechos humanos, haciendo caso omiso de las garantías constitucionales de un estado de derecho a través de la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, que utiliza la fuerza pública en forma desmedida, atropellando los hogares y destruyendo sus humildes pertenencias realizando intervenciones con detenciones irregulares, torturas, extorsiones, acoso sexual, maltratos físicos y psicológicos”  Además de repudiar todo tipo de violencia, los religiosos del norte, exigen “la derogación inmediata de la Ley 5036/13 que crea la Fuerza de Tarea Conjunta y la búsqueda de una solución más eficaz que garantice el respeto de la dignidad humana. También condenan la corrupción imperante y el escándalo de la impunidad de algunas autoridades y exhortan al pueblo a elegir responsablemente en las próximas elecciones” (Diario Última Hora, viernes 13 de abril de 2018) Este pronunciamiento no constituye un hecho aislado. La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social Diocesana de Concepción buscó acercamiento con el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta para denunciar y buscar la aclaración de los actos de injusticia y la reparación de los daños infligidos a las víctimas. Una de esas denuncias se refiere al luctuoso episodio ocurrido en la comunidad San Francisco de los asentamientos de Kuruzu de Hierro, ubicados en el distrito de Azotey, el 5 de setiembre del año 2014,  en el que falleció Hermenegildo Ovelar y fueron heridos su hermano Marcos Ovelar, que falleció poco tiempo después y la cuñada del primero, María Gloria González. El informe oficial hablaba de un enfrentamiento que nunca existió. El caso nunca se investigó quedando impunes los responsables de tan grave hecho. Anteriormente, con fecha, 29 de abril de 2013, también fue dirigida una Carta Abierta al Fiscal General del Estado Dr. Javier Diaz Verón en la que se denunciaba las muertes de Agustin Ledesma, Benjamín Lezcano, Dionisio González y Francisco Denis. La Iglesia Diocesana de Concepción exigía en su carta, la urgente aclaración de los mencionados sucesos criminales. Estas muertes no fueron aclaradas. ( Del Libro RELATOS QUE PARECEN CUENTOS, de Benjamín Valiente y Mons. Pablo Cáceres) Con estas manifestaciones y pronunciamiento la Iglesia Católica del norte, lamenta la situación que se vive en la región y deja constancia de que la presencia de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta no mejora la inseguridad reinante sino que la empeora por su propia deficiencia y los atropellos a los derechos humanos en que incurre a menudo por la fuerza desmedida que utiliza. 

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