PETICIÓN REITERADA
En un escenario sin precedente y
con amplia cubertura mediática, en estos días
se hablaba de la inminencia de un resultado militar exitoso en lo
referente al combate al autollamado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
Pasaron los días y las horas y todo se fue calmando. Los helicópteros dejaron
de disparar y los informes militares fueron bajando de intensidad y
perioricidad. Solamente se habría encontrado un campamento con algunos elementos que serán analizados. Lo que
más llamó la atención fue un panfleto en el que se anuncia la muerte del
Sub-Oficial Edelio Morínigo, el más antiguo de los secuestrados por el grupo
criminal, que fue llevado a la familia del mismo, sin tener ninguna
confirmación de su veracidad. Naturalmente el hecho causó más dramatismo porque
sumó a la incertidumbre de su fallecimiento el reclamo de la ubicación de sus
restos. ¿Dónde está entonces? ¿Si está muerto entréguenme los restos de mi
hijo, exclamaba su madre? Ante este nuevo fracaso del operativo militar
policial, el Clero de la Región Norte del país a través de un pronunciamiento
pidió que se derogue la Ley de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. La
razón expuesta por los obispos y sacerdotes de Concepción, Benjamín Aceval, San
Pedro y de los Vicariatos del Chaco y del Pilcomayo, es por los reiterados
atropellos a los derechos humanos y la fuerza desmedida empleada en sus
procedimientos. Reunidos en el local del Ex Seminario de Saladillo de
Concepción, los religiosos expresaron: “Nos unimos al dolor de la señora
Obdulia y de don Apolonio, padres de Edelio Morínigo, de los familiares de don Félix Urbieta y con
las demás víctimas de los secuestros. Expresamos nuestra oración y solidaridad
haciendo nuestro el testimonio y el
compromiso de los compañeros sacerdotes Pablo Cáceres de la Diócesis de
Concepción y Cristhian Paiva de la Diócesis de San Pedro Apóstol, porque han
dado testimonio de coherencia y entrega en el acompañamiento de las víctimas de
los abusos de las fuerzas públicas y de los organismos del Estado en los
conflictos que afectan a la zona norte del país” Más adelante el comunicado
sigue expresando: “Rechazamos las infundadas acusaciones y difamaciones por
parte de la FTC. Vemos con preocupación, los abusos y atropellos de poderes del
Estado contra la dignidad de las personas y sus derechos humanos, haciendo caso
omiso de las garantías constitucionales de un estado de derecho a través de la
presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, que utiliza la fuerza pública en
forma desmedida, atropellando los hogares y destruyendo sus humildes
pertenencias realizando intervenciones con detenciones irregulares, torturas,
extorsiones, acoso sexual, maltratos físicos y psicológicos” Además de repudiar todo tipo de violencia, los
religiosos del norte, exigen “la derogación inmediata de la Ley 5036/13 que
crea la Fuerza de Tarea Conjunta y la búsqueda de una solución más eficaz que
garantice el respeto de la dignidad humana. También condenan la corrupción
imperante y el escándalo de la impunidad de algunas autoridades y exhortan al
pueblo a elegir responsablemente en las próximas elecciones” (Diario Última
Hora, viernes 13 de abril de 2018) Este pronunciamiento no constituye un hecho
aislado. La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social Diocesana de
Concepción buscó acercamiento con el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta
para denunciar y buscar la aclaración de los actos de injusticia y la
reparación de los daños infligidos a las víctimas. Una de esas denuncias se
refiere al luctuoso episodio ocurrido en la comunidad San Francisco de los
asentamientos de Kuruzu de Hierro, ubicados en el distrito de Azotey, el 5 de
setiembre del año 2014, en el que
falleció Hermenegildo Ovelar y fueron heridos su hermano Marcos Ovelar, que
falleció poco tiempo después y la cuñada del primero, María Gloria González. El
informe oficial hablaba de un enfrentamiento que nunca existió. El caso nunca
se investigó quedando impunes los responsables de tan grave hecho. Anteriormente,
con fecha, 29 de abril de 2013, también fue dirigida una Carta Abierta al
Fiscal General del Estado Dr. Javier Diaz Verón en la que se denunciaba las
muertes de Agustin Ledesma, Benjamín Lezcano, Dionisio González y Francisco
Denis. La Iglesia Diocesana de Concepción exigía en su carta, la urgente
aclaración de los mencionados sucesos criminales. Estas muertes no fueron
aclaradas. ( Del Libro RELATOS QUE PARECEN CUENTOS, de Benjamín Valiente y Mons. Pablo Cáceres) Con estas manifestaciones y
pronunciamiento la Iglesia Católica del norte, lamenta la situación que se vive
en la región y deja constancia de que la presencia de la llamada Fuerza de
Tarea Conjunta no mejora la inseguridad reinante sino que la empeora por su
propia deficiencia y los atropellos a los derechos humanos en que incurre a
menudo por la fuerza desmedida que utiliza.
Muy buena...
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