¿UN PAÍS PRÓFUGO?
Un calificativo muy duro fue utilizado por miembros de
Amnistía internacional en ocasión de la presentación del Informe Anual 2017
sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en el capítulo que corresponde al
Paraguay. Hablaron de un país “prófugo
de la justicia” quizás porque las principales autoridades no aceptaron reunirse
con los activistas para recibir un resumen del mencionado informe que entre
otras cuestiones habla de la falta de una ley contra toda forma de discriminación,
del exceso de la represión policial contra
manifestantes opuestos a la Enmienda de reelección presidencial que derivó en la quema del Congreso; de la
falta de esclarecimiento de la muerte de Rodrigo Quintana y de los casos de
Curuguaty y Guahory y, en especial por la continuada persecución y violación
del derecho de los pueblos indígenas de contar con su tierra propia. “En ese
sentido resalta el caso reciente de la comunidad Ava Guaraní Tekoha Jetyty Miri
de Ybyrobana del Departamento de Canindeju que fue víctima de un violento
desalojo e incendio de sus hogares, cultivos y pertenencias que se llevó a cabo
a través de un operativo totalmente
irregular, conducido por un Fiscal fuera de su jurisdicción y sin orden
judicial” (Diario ABC color 28 de enero de 2018) Recordemos que sobre el
Paraguay pesan tres Sentencias Condenatorias dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitidas a favor de las comunidades
indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, del 2005, 2006 y 2010, respectivamente.
Nada menos que un juez de la mencionada Corte Interamericana visitó nuestro
país en noviembre del año pasado para verificar en el terreno el cumplimiento
de las mencionadas sentencias. Se trata
de una diligencia de monitoreo del cumplimiento de las sentencias emitidas que
se refieren a la restitución territorial. El Estado paraguayo debe asegurar,
además, la implementación de programas y asegurar la puesta en marcha de
programas y fondo de desarrollo comunitario para cada una de las comunidades
indígenas citadas y asegurar el acceso a los demás derechos hasta el momento
pospuestos (Diario Última hora, 30 de noviembre de 2017) De las
tres comunidades la de Yakye Axa, es la que se encuentra en condiciones más
precarias, ya que sus miembros aún permanecen al costado de la Ruta que une
Concepción con Pozo Colorado sin poder acceder a la tierra reclamada. Conforme
al Censo de Pueblos Indígenas del 2012, existen 117.150 indígenas distribuidos
en 19 pueblos, de los cuáles 58 % están ubicados en la región oriental y 42% en
la región occidental. Se estima que más del 75% de la población indígena vive
en la extrema pobreza y en el absoluto abandono. Un hecho simbólico destaca el Diario ABC
color, en su nota editorial del domingo 28 de enero del 2018, bajo el título.
“Drama indígena, en las narices de los legisladores” Se refiere a una mujer indígena del pueblo Ava Guarani, de
cuya expulsión ilegal e irregular se mencionó más arriba, que perdió a su bebé
en estado de gestación y terminó inhumándolo en plena plaza Independencia,
frente al viejo Cabildo, a pasos del edificio del Congreso y a dos cuadras del
Palacio de Gobierno. Retornó de esta manera a su tierra ancestral, a esa tierra
que alguna vez perteneció por entero a su pueblo. Allí ha quedado ante la
indiferencia de todos, de autoridades y legisladores, de toda una nación
incapaz de rescatar a nuestros hermanos indígenas de la más miserable condena
de olvido y de injusticia. Debemos estar consciente de que si a los más pobres
y discriminados se les niega sus derechos fundamentales, nunca seremos capaces
de mirarnos de frente con respeto ni de sentirnos honrados de pertenecer a una
nación con historia y dignidad.
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