RECOMENDACIONES
INCUMPLIDAS
¿Para qué sirven los observadores internacionales
que llegan al país en ocasión de las elecciones generales? En primer lugar, podríamos
decir, que una presencia de esta naturaleza podría ser importante para evaluar
el proceso y el acto comicial en sí, atestiguando las formalidades
correspondientes, el grado de participación, el cumplimiento de los requisitos
mínimos y si fuere el caso, formular las recomendaciones que se considere pertinentes.
En nuestro país estuvo presente en las elecciones del 2013 una delegación de
observadores de la Unión Europea, que elaboró un informe con 49 sugerencias de
las que 24 no fueron cumplidas. Eso se ha constatado ahora con la evaluación
realizada ante la presencia de una misión exploratoria de la misma Unión
Europea que llegó al país en diciembre pasado. El incumplimiento fue
justificado por el hecho de que las recomendaciones no fueron obligatorias. ¿A
qué se debió este incumplimiento? Desde la Justicia Electoral se lavaron las
manos diciendo que varias de las propuestas dependían más bien del Parlamento,
porque requerían de nuevas leyes o modificaciones de otras ya existentes. En
este punto podemos decir que las recomendaciones no estaban dirigidas a una
determinada institución en particular sino a todo el país, es decir competían al
Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y en especial a la Justicia
Electoral. En este punto podemos señalar que una de las recomendaciones no
cumplidas se refiere al financiamiento político cuya legislación fue
bastardeada por la clase política, con postergaciones y omisiones, con normas
aprobadas tardíamente por lo que su vigencia se postergó para las próximas
elecciones. Esta es una cuestión crucial porque al no ser controlado el
financiamiento político desde las mismas internas partidarias se dejó abierto
el camino al dinero sucio, a la intervención en nuestro proceso electoral del
narco tráfico, un hecho grave que desvirtúa y desacredita a todo el sistema
democrático. Otras de las
recomendaciones no cumplidas se refieren a la no reglamentación del juicio
político que deja abierto el camino a la discrecionalidad en su aplicación; a
la necesidad de una reforma judicial para impedir el sometimiento de jueces y
fiscales al poder partidario; a la necesidad de descentralizar las mesas de
votación para hacerlas disponibles en las zonas rurales. En este punto la
recomendación es también ofrecer transporte público gratuito o subvencionado el
día de las elecciones. Otras de las recomendaciones se refieren al
incumplimiento de penas por delitos electorales, así como la necesidad de
establecer penas por doble o múltiple afiliación y por otra parte se sugiere
ofrecer procedimiento sencillo, rápido, gratuito y efectivo para conocer la
afiliación o anularla y por último establecer cuotas mínimas y ubicación
adecuada para las candidatas que aseguren posibilidades de elección (Fuente: Diario
ABC color del día 3 de diciembre de
2017) No sabemos lo que decidirá la Unión Europea con relación al envío de otra
misión de observación para las próximas elecciones nacionales. Las
recomendaciones pueden ser consideradas de pura diplomacia que no servirán para
nada si internamente no se consigue superar las deficiencias que puede
representar el hecho de tener un Poder Judicial que no garantiza imparcialidad
para los conflictos de intereses que puedan surgir y contar con una legislación
electoral que deja abierta las puertas al dinero sucio y no impide que los
corruptos sigan en las nóminas de candidatos, sin condiciones y sin límite de tiempo. Nuestra
democracia seguirá siendo débil y meramente formal mientras no se fortalezcan
las instituciones y no se impida que la
corrupción siga dificultando el ejercicio ético
de la política tan necesario para poder reafirmar y confirmar una verdadera democracia participativa.
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