LA PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA
El grave deterioro de la clase política está ocasionando
situaciones muy preocupantes para la estabilidad institucional del país. El
hecho de tener una dirigencia huérfana de los principios éticos que simplemente
apuesta al contubernio y se moviliza detrás de las prebendas, no puede aportar
nada positivo para la gobernanza de nuestra nación. Al contrario, se puede observar que cada vez
más, se va perdiendo la estabilidad y legitimidad de las instituciones de la República.
La predominancia de la perversión política es la causa más inmediata de esta
situación. ¿Quién o quiénes tenían que protegernos de esta situación tan
perversa y perjudicial? Y en cualquier intento de responder a esta grave
interpelación, necesariamente terminaremos cayendo en un círculo vicioso porque
los que debían protegernos es la misma clase política, la ciudadanía
organizada, los poderes del Estado, las organizaciones civiles y laborales. En
síntesis los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Unos más que otros,
todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en esta materia. La nación
cuenta con el sistema jurídico necesario y están creadas las instituciones que deben regir la organización y
funcionamiento del Estado Paraguayo y entonces, ¿a qué se debe el deterioro de la convivencia ciudadana
que se percibe a través de la
inestabilidad y pérdida de legitimidad de nuestras instituciones democráticas? La conclusión a esta altura es muy penosa y
lamentable. La causa inmediata debe
atribuirse a la perversión política que a su vez ha ocasionado de manera
directa o indirecta la perversión de las instituciones de la República. ¿Cómo
podemos vivir en paz y en armonía, por ejemplo, con un sistema judicial
perverso? Tenemos un poder judicial sometido a la dirigencia política
partidaria que incide en el nombramiento de sus miembros y en todo su accionar
cotidiano y, que también tiene control de los órganos de enjuiciamiento y
castigo. Tenemos un Poder Judicial que carece de autonomía y por ende de legitimidad.
En el juego político, cada vez más miserable que se viene dando, las
confrontaciones son cada vez más radicales, porque la institución que debe
dirimir los casos de controversia como la Corte Suprema de Justicia ha perdido
legitimidad tanto por no pronunciarse a tiempo sobre los casos o cuando se
pronuncia lo haga erróneamente. En marzo
del año pasado se incendió el Parlamento como resultado de la confrontación
entre los que sostenían que la reelección presidencial solamente era posible
por la vía de la Reforma y los que sostenían que también valía la vía de la
Enmienda. La Corte Suprema de Justicia no dijo nada, no se pronunció sobre el
caso. Tampoco dijo nada, cuando los parlamentarios dictaron una ley de auto
blindaje en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional que establece
que para la pérdida de investidura se requiere de la mayoría absoluta y no la
mayoría calificada de dos tercios de votos. Y esta vez el tema es, si los ex
presidentes de la República, pueden acceder a otros cargos electivos, o solamente pueden
ser “Senadores Vitalicios” En esta ocasión la Corte dijo que sí, en
contravención expresa del Art. 189 de la Constitución Nacional. Y no se trata
en este caso de que la disposición sea justa
o injusta, sino de que sea o no una normativa constitucional. La opinión de la Corte no cierra el debate,
no solamente porque procedió a modificar la Constitución Nacional sino que, por
sobre todo, carece de toda legitimidad ¿Qué
pasará en los próximos días? Nadie lo sabe. En este momento hay demandas y
acusaciones. El anterior Presidente del Senado no convocó para el juramento al
Ex Presidente Nicanor Duarte Frutos, por ser un Senador Vitalicio. Tampoco el Presidente actual en ejercicio
podía jurar por incompatibilidad. En reemplazo de los mismos convocó a dos
senadores de la lista de titulares conforme al Reglamento Interno de la Cámara correspondiente.
La confrontación está hecha. ¿Podrán
incorporarse al Senado los dos aspirantes ex presidentes al cargo? ¿Qué se hará con los dos Senadores
incorporados? ¿ En qué otras violaciones se incurrirá en este cometido? Las posiciones están bastante divididas. Lo
más probable es que para esta solución se aplique el “Artículo 23” afirmó el
destacado constitucionalista Jorge Seall, refiriéndose irónicamente a la
mayoría de votos que se podría utilizar para imponer una salida
inconstitucional a esta cuestión. ¿Hasta
cuando este país seguirá soportando esta perversión de sus instituciones? Ojala
ya no sea por mucho tiempo. Porque de seguir así, serán impredecibles los
tremendos daños y las graves consecuencias que esta situación de inseguridad
jurídica podrá ocasionar a la historia y al futuro de nuestra nación.
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