EL PRECIO DE LA INDEFENSIÓN

EL PRECIO DE LA INDEFENSIÓN

¿Cuánto puede costar a una persona la total indefensión o la defensa ineficiente de un profesional del derecho en el fuero penal o en el ámbito del derecho civil? En el fuero penal, la cárcel y la deshonra;  en el derecho civil cuantiosas pérdidas y hasta la muerte cívica. Sin embargo no es habitual que se les denuncie a los abogados negligentes o irresponsables que por desidia, incapacidad o deshonestidad ocasionan serios perjuicios a sus clientes.  Por eso llamó la atención el caso de una abogada que fue condenada a un año y nueve meses de cárcel con suspensión a prueba de la pena por haber cobrado dinero para litigar sin realizar los trámites judiciales correspondientes (Diario Ultima Hora, 18 de abril de 2016) Elegir un buen abogado no es tarea fácil, pero cualquiera puede requerir en algún momento los servicios de un profesional del derecho. En este punto es válido recordar el consejo de un amigo que decía: “Se necesita conocer lo suficiente en materia del derecho como la de medicina, para saber en qué momento hay que recurrir a un médico o a un abogado”  Habitualmente hay muchas quejas de abogados y defensores públicos por malas praxis o por abandono de causas pero poca denuncia formal que permita iniciar una causa penal. Cabe mencionar que las denuncias pueden ser presentadas ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. En esta misma línea de la indefensión ciudadana considero importante mencionar la iniciativa de un parlamentario que presentó un anteproyecto de ley para indemnizar por errores judiciales. La propuesta tiene por finalidad “reparar el daño material y atenuar el daño moral que se ocasiona a los imputados en un proceso mal llevado por jueces y fiscales y detenciones arbitrarias” (Diario Última Hora, edición del domingo 21 de febrero del 2016) Es tremendo que se le castigue a un inocente, es tremendo que se le impute y se le prive de la libertad a un inocente.  También es grave la alta morosidad de los procesos judiciales que extienden casi indefinidamente las prisiones preventivas. El proyectista,  Diputado Dionisio Amarilla, manifestó que según su anteproyecto, tendrán derecho a plantear una indemnización por error judicial toda persona cuya sentencia condenatoria sea revocada por acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia. También los que durante el juicio oral y público hayan sido absuelto y finalmente, los que, en etapa de la audiencia preliminar sean beneficiados con el sobreseimiento definitivo. Ojalá este anteproyecto se convierta en ley de la nación.  El Estado como ente con personería jurídica debe asumir la responsabilidad y las consecuencias de los errores del Poder Judicial. La vigencia de los derechos fundamentales de las personas es un presupuesto básico insoslayable de una sociedad democrática. Es la base del necesario fortalecimiento institucional de la República. Cuando se pisotean los derechos de las personas se abren pasos a los totalitarismos que vuelven a aflorar como reminiscencia de los miserables tiempos de la dictadura. Hay que fortalecer la defensa pública porque un país serio así lo necesita y hay que extremar esfuerzos para que ningún tipo de indefensión tenga vigencia en el país.