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LA DOLOROSA BÚSQUEDA DE LA VERDAD


LA DOLOROSA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

La condena de la presión mediática se ha vuelto tan característico de nuestro tiempo. Sus causas pueden ser varias y sus consecuencias pueden ser terribles. Entre sus causas podemos señalar el descubrimiento y la utilización de los medios de comunicación como poderosos instrumentos de poder generado por su incidencia en el ver, sentir y pensar de su masiva audiencia. En ese afán de dominio y competencia ya poco o nada importa si solamente se apela al sentimiento o si se manipula la razón a través de una versión sesgada de los hechos con tal de satisfacer objetivos interesados y por sobre todo asegurar el impacto deseado.  Cuando en un contexto de esta naturaleza se crea una corriente predominante de opinión, cualquiera que intente contextualizar el caso dado o  analizar los diversos aspectos relacionados con el mismo, corre el riesgo de la descalificación o incluso de la acusación directa de empatía o complicidad.  Eso hace que desde la prensa los formadores de opinión se llamen a silencio. Algo de eso está ocurriendo con el caso de los considerados prófugos de la justicia paraguaya, Arrón, Colmán y Martí, que desde sus refugios en el Brasil demandó al Estado Paraguayo por detención ilegal y actos de tortura, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. La Corte sesiona en estos días para dictar sentencia sobre el caso mencionado.  No podemos  predecir la decisión que será tomada.  Esperamos que sea por el rechazo de la demanda porque de lo contrario la sentencia podría significar una grave sanción al país si se nos impone el pago de la indemnización solicitada por los demandantes. Cualquiera sea el monto ese castigo será oneroso y ultrajante.  Alentamos que Paraguay con sus mejores juristas y el propio Presidente de la República consigan desvirtuar  tan tremenda acusación. También nos parece interesante que víctimas de secuestro hayan lanzado la campaña de no pagar un solo dólar a los secuestradores (se refieren a los demandantes, que están acusados del secuestro de María Edith de Debernardi,  aunque hasta ahora estos  no fueron condenados) Nadie puede estar a favor del miserable delito del secuestro.  Pero en este caso – hay que aclarar - no se les juzga a los que están acusados por el delito del secuestro sino al mismo Estado Paraguayo, por supuesta violación de los derechos humanos fundamentales de las víctimas que denunciaron haber sido torturados por fuerzas policiales.  Es esa la acusación que el Paraguay deberá desmentir.  Ojala se pueda conseguir.  Se habla de simulación, autoflagelación y simulacro. Se habla de que los jefes policiales acusados han demostrado que nunca estuvieron en los supuestos lugares de encierro, aunque según publicaciones del periodista Andrés Colmán Gutiérrez  en el Diario Ultima Hora, existiría la casualidad de que  uno de los inmuebles en el que supuestamente fueron torturadas las víctimas, pertenecería a uno de los jefes policiales acusados. ¿Fueron juzgados adecuadamente los Jefes Policiales acusados? ¿Es totalmente confiable el sistema judicial del país? Estas son algunas de las cuestiones que seguramente serán debatidas en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente sería oportuno intentar entender el enfoque temático del significado de la vigencia de los Derechos Humanos. ¿Acaso no fueron violados mis Derechos Humanos? Reclamó la señora que fuera víctima de secuestro. Si señora “fueron violados” Es la única respuesta correcta posible. Porque los Derechos Humanos son inherentes a toda persona, son universales e irrenunciables, el delito de su violación es imprescriptible.  Ni siquiera un delincuente condenado  pierde su dignidad de persona humana o deja de ser sujeto de esos derechos fundamentales  ¿Quién debe defender y garantizar la vigencia de esos derechos de todos los ciudadanos? Esta defensa le corresponde al Estado. Para eso cuenta con fuerzas públicas, con fiscales, con jueces y con las leyes correspondientes.  ¿Pero qué pasa cuando es el mismo Estado a través de sus fuerzas policiales o armadas es el que viola esos derechos humanos fundamentales de una persona determinada? En esta situación el caso se vuelve trágico y dramático. El que tenía que defender y garantizar esos derechos, es el que los viola.  El Estado es un ente jurídico que puede ser demandado.  Puede castigar a sus funcionarios violadores pero eso no le exime de sus responsabilidades  subsidiarias.  El Paraguay ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y no puede renunciar a su responsabilidad.  El Estado Paraguayo ya tiene sanciones anteriores y eso implica que se debe cuidar nuestro sistema de justicia y asegurar la vigencia plena de los derechos fundamentales de todos los habitantes del país. Estamos ante una encrucijada difícil que esperamos sea superada con dignidad.

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