LA DOLOROSA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
La condena de la presión mediática se ha vuelto tan
característico de nuestro tiempo. Sus causas pueden ser varias y sus
consecuencias pueden ser terribles. Entre sus causas podemos señalar el
descubrimiento y la utilización de los medios de comunicación como poderosos
instrumentos de poder generado por su incidencia en el ver, sentir y pensar de
su masiva audiencia. En ese afán de dominio y competencia ya poco o nada
importa si solamente se apela al sentimiento o si se manipula la razón a través
de una versión sesgada de los hechos con tal de satisfacer objetivos
interesados y por sobre todo asegurar el impacto deseado. Cuando en un contexto de esta naturaleza se
crea una corriente predominante de opinión, cualquiera que intente
contextualizar el caso dado o analizar
los diversos aspectos relacionados con el mismo, corre el riesgo de la
descalificación o incluso de la acusación directa de empatía o
complicidad. Eso hace que desde la
prensa los formadores de opinión se llamen a silencio. Algo de eso está
ocurriendo con el caso de los considerados prófugos de la justicia paraguaya,
Arrón, Colmán y Martí, que desde sus refugios en el Brasil demandó al Estado
Paraguayo por detención ilegal y actos de tortura, ante la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. La Corte sesiona en estos días
para dictar sentencia sobre el caso mencionado.
No podemos predecir la decisión que
será tomada. Esperamos que sea por el
rechazo de la demanda porque de lo contrario la sentencia podría significar una
grave sanción al país si se nos impone el pago de la indemnización solicitada
por los demandantes. Cualquiera sea el monto ese castigo será oneroso y
ultrajante. Alentamos que Paraguay con
sus mejores juristas y el propio Presidente de la República consigan desvirtuar
tan tremenda acusación. También nos
parece interesante que víctimas de secuestro hayan lanzado la campaña de no
pagar un solo dólar a los secuestradores (se refieren a los demandantes, que están
acusados del secuestro de María Edith de Debernardi, aunque hasta ahora estos no fueron condenados) Nadie puede estar a
favor del miserable delito del secuestro. Pero en este caso – hay que aclarar - no se
les juzga a los que están acusados por el delito del secuestro sino al mismo
Estado Paraguayo, por supuesta violación de los derechos humanos fundamentales
de las víctimas que denunciaron haber sido torturados por fuerzas
policiales. Es esa la acusación que el
Paraguay deberá desmentir. Ojala se pueda
conseguir. Se habla de simulación,
autoflagelación y simulacro. Se habla de que los jefes policiales acusados han
demostrado que nunca estuvieron en los supuestos lugares de encierro, aunque
según publicaciones del periodista Andrés Colmán Gutiérrez en el Diario Ultima Hora, existiría la
casualidad de que uno de los inmuebles
en el que supuestamente fueron torturadas las víctimas, pertenecería a uno de
los jefes policiales acusados. ¿Fueron juzgados adecuadamente los Jefes
Policiales acusados? ¿Es totalmente confiable el sistema judicial del país?
Estas son algunas de las cuestiones que seguramente serán debatidas en el seno
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente sería oportuno
intentar entender el enfoque temático del significado de la vigencia de los
Derechos Humanos. ¿Acaso no fueron violados mis Derechos Humanos? Reclamó la
señora que fuera víctima de secuestro. Si señora “fueron violados” Es la única
respuesta correcta posible. Porque los Derechos Humanos son inherentes a toda
persona, son universales e irrenunciables, el delito de su violación es
imprescriptible. Ni siquiera un
delincuente condenado pierde su dignidad
de persona humana o deja de ser sujeto de esos derechos fundamentales ¿Quién debe defender y garantizar la vigencia
de esos derechos de todos los ciudadanos? Esta defensa le corresponde al
Estado. Para eso cuenta con fuerzas públicas, con fiscales, con jueces y con
las leyes correspondientes. ¿Pero qué
pasa cuando es el mismo Estado a través de sus fuerzas policiales o armadas es
el que viola esos derechos humanos fundamentales de una persona determinada? En
esta situación el caso se vuelve trágico y dramático. El que tenía que defender
y garantizar esos derechos, es el que los viola. El Estado es un ente jurídico que puede ser
demandado. Puede castigar a sus
funcionarios violadores pero eso no le exime de sus responsabilidades subsidiarias. El Paraguay ha ratificado el Pacto de San José
de Costa Rica y no puede renunciar a su responsabilidad. El Estado Paraguayo ya tiene sanciones
anteriores y eso implica que se debe cuidar nuestro sistema de justicia y
asegurar la vigencia plena de los derechos fundamentales de todos los
habitantes del país. Estamos ante una encrucijada difícil que esperamos sea superada con dignidad.
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