SOBERANÍA COMUNICACIONAL

SOBERANÍA COMUNICACIONAL

Es terriblemente preocupante que el estado haya cedido  casi totalmente toda la fuerza comunicacional al sector comercial, sin control, sin limitación, sin regulación alguna. Es evidente que el objetivo de los medios comerciales es el lucro a cualquier precio. El servicio a la verdad nunca será prioritario para este sector de la prensa. En los últimos tiempos peligrosamente para los verdaderos intereses del país, viene dándose la concentración cada vez más creciente de los medios, convirtiéndose de esa manera en instrumentos de poder político y económico.  La participación de los medios comerciales ha sido decisiva en el golpe de estado de junio del 2012 y en la quema del Palacio Legislativo de marzo del 2017.  ¿Qué hacer frente al tremendo bombardeo de la presión mediática? “Hay que desoír y descreer a los grandes medios de comunicación porque siempre responden a intereses económicos y políticos. Hay que estar en guardia, potenciar los medios alternativos y construir la unidad. Las organizaciones políticas y los movimientos sociales deben encarar muy en serio la problemática comunicacional para combatir y desentrañar las mentiras de los grandes manipuladores de la comunicación” (Atilio Borón, Radio Fe y Alegría, programa “Red públicas” 21-IV-2017).  El derecho a la comunicación, es un derecho humano fundamental y también en nuestro caso un derecho constitucional como consta en la Carta Magna al establecer en su Art. 28 “El derecho de recibir información veraz y ecuánime” y el Art. 30 dispone que: “El espectro electromagnético son del dominio público del estado. La ley asegurará el libre acceso al espectro en igualdad de oportunidades” En las condiciones actuales están siendo violadas estas disposiciones constitucionales. El 90% del espectro electromagnético ocupan los medios comerciales y apenas un 10%  queda destinado a los medios estatales y alternativos.  La distribución del usufructo del espectro no responde a una política comunicacional. Se procede según el criterio de la oferta o del favoritismo político partidario.  Si se obrase en base a una política comunicacional la tendencia tendría que ser una redistribución del espectro electromagnético que contemple solamente el 33% para los medios comerciales, 33 % para los medios alternativos y culturales, y el 34% para los medios públicos. Estamos cada vez más lejos de esta posibilidad ya no hay reserva ni siquiera para los medios públicos. El ente regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, no tiene suficiente autonomía, está siempre sujeto a la presión de los intereses políticos y económicos y su deficiencia y debilidad han causado grandes perjuicios  a los intereses nacionales. Es urgente plantear una política comunicacional de telecomunicaciones que contemple un especial interés en promover la expansión y el fortalecimiento de los medios alternativos: Radios y televisión comunitarias y culturales, que hoy son perseguidas por el ente regulador.  Debe ser un objetivo primordial la promoción de canales televisivos a cargo de las principales instituciones universitarias del país. Pero donde el estado debe concentrar todo su esfuerzo es en la consolidación, ampliación y fortalecimiento de los medios públicos.  Deben ser autónomos, no depender del Poder Ejecutivo sino del mismo Parlamento con presupuesto anual adecuado.  Deben estar dirigidos por un Consejo de Notables para asegurar la calidad de las programaciones y de un buen servicio informativo.  Deben ser necesariamente una alternativa para la ciudadanía.  Mientras no se pueda ejercer un control de la calidad y ecuanimidad de los servicios comerciales, hay que asegurar una opción competitiva.  También se debe combatir la concentración de medios por medio de la ley, porque las reglamentaciones internas del ente regulador resultan violadas con cualquier pretexto.  También debe ser regulada la inversión extranjera que nunca debería ser mayoritaria porque la comunicación es un bien estratégico de cada estado.  En conclusión,  esta cuestión no es un tema menor para el país. Lastimosamente hay poca conciencia y mucho desconocimiento. El estado no puede renunciar a este rol tan importante. No puede dejar en manos de medios comerciales el total control de la telecomunicación nacional. Eso representa una irresponsabilidad porque constituye una renuncia a la soberanía que puede comprometer seriamente la institucionalidad de la República.