EL PRETEXTO DE LA PERSECUCIÓN

EL PRETEXTO DE LA PERSECUCIÓN

A menudo cuando se les investiga a dirigentes políticos que ocupan cargos relevantes en la administración pública, lo primero que aducen en su propia defensa, es que se trata de una persecución política.  Es decir - según ellos - no se les investiga o se les imputa porque existan indicios suficientes, sino por una simple persecución política.  En los tiempos de la dictadura, con vigencia de leyes represivas, en las persecuciones que podían originarse en una simple intriga, no solamente estaban en juego la libertad, sino también todos los bienes y hasta la vida. Muchos, incluso, han perdido su derecho a tener una tumba. Pero desgraciadamente en el sentido en el que utilizan la llamada “persecución política” no dejan de tener alguna coherencia. Podemos tomar como ejemplo del caso a los administradores de todos los municipios del país, con algunas muy contadas excepciones,  que vienen incurriendo en defraudaciones y robos de manera alevosa y con burdas documentaciones utilizadas como respaldo contable o administrativo. Pero nadie les controla. La Controlaría General de la República, no quiere o no puede ejercer los controles adecuados y así sigue la función hasta que, una que otra Junta Municipal consigue aprobar un pedido de Intervención ante el Ministerio del Interior, que si le parece pertinente, remite a la Cámara de Diputados que puede  aprobar o no la intervención. Pero como en todos los municipios se cuecen habas, terminan protegiendo a sus Intendentes y a menudo la intervención no prospera.  Es un miserable pacto que rige desde hace un buen tiempo entre representantes de los partidos políticos tradicionales que ha significado un gigantesco robo de los recursos del Estado.  ¿Qué ocurre en otros ámbitos de la administración pública? ¿Cuántos Parlamentarios tienen cuentas pendientes con la justicia?  Y sin embargo por años con chicanas muy conocidas vienen difiriendo el momento de someterse a juicio oral y público como corresponde. Por presión de la ciudadanía se consiguió la renuncia de algunos parlamentarios y a otros se les impuso la investigación fiscal.  Naturalmente alegan inocencia y persecución política. ¿Hasta dónde podrá avanzar las investigaciones fiscales? ¿Realmente existe alguna intención de combatir la corrupción en nuestro país? ¿O simplemente es un proceso de blanqueamiento jurídico? Es más, con este Poder Ejecutivo y con esta Corte Suprema de Justicia, se podrá  avanzar realmente en el combate a la corrupción y al narco-tráfico? La presión ciudadana y los tenaces signos de combate a la corrupción  son esperanzadores. Pero se tiene que avanzar mucho más, el país ya no soporta tantos robos y escarnios.  ¿Se podrá cambiar el Poder Judicial con el simple juego del cuoteo político que sigue vigente? Ya está en plena marcha la estrategia de autodefensa de los corruptos.  En la Cámara de Diputados protegen la investidura de un parlamentario liberal como un factor de defensa corporativa. Hay que parar este proceso a cualquier precio- dicen -  y recurren al pretexto del reglamento de auto blindaje que ya había sido derogado. Ahora hablan de la paz interna del partido colorado; el retorno del abrazo republicano, entre el ex Presidente y el actual mandatario. ¿A qué precio se hará este reencuentro? Lo más probable es que sea al precio de la impunidad.  Hay que parar estas investigaciones de enriquecimiento ilícito, de evasión de impuestos y de lavado de dinero porque si avanzaran demasiado, podrán sacudir sin duda, toda la estructura del poder político nacional. Mientras el país siga debatiéndose en sus graves dificultades de pobreza y extrema pobreza, de pésima atención a la salud pública y una educación que se cae a pedazos, el pretexto de la persecución política se seguirá utilizando, sin rubor y sin disimulo, por los mafiosos que ocupan cargos preponderantes en la administración pública de nuestro país.