OTRA PRUEBA
DE AUSENCIA DE ESTADO
El abandono
y desamparo de los campesinos son la constancia más fiel de la ausencia de Estado
en el interior del país. Ausencia que se traduce de alguna manera en violencia
estructural de la que son víctimas los agricultores que requieren de la tierra
para cultivar y sobrevivir con su familia. El desamparo que deviene de hace
mucho tiempo atrás se agrava seriamente con la introducción del cultivo de la
soja y la agricultura empresarial que acorrala, golpea, enferma y desplaza a
los campesinos de su hábitat que pasan así a conformar los cinturones de
pobreza de los centros urbanos. Esta situación exige que se defina una política
de estado. ¿Desaparecerán los pequeños agricultores? Si es así, ¿qué se
hará con el 40 por ciento de la
población rural que será desplazado? Es cierto que la tendencia es la
urbanización pero el estado no tiene respuesta para más de 2 millones y medio de
personas sin fuentes de trabajo y sin capacitación laboral que pasarán a
engrosar los centros urbanos.
La
situación en el campo hoy por hoy no resulta nada sencillo. Hay violencia y hay
represión. Se criminaliza de alguna manera los reclamos de atención y de
justicia de quienes todavía sobreviven en el campo. Los empresarios no se
detienen ante nada. Cada día nuevas extensiones son incorporadas al cultivo de
la soja. No importa si son parques o terrenos ocupados por pequeños
agricultores. Compran derecheras o desplazan a los que se resisten. Manejan
jueces y fiscales y tienen impunidad. No hacen caso de la política de
deforestación cero ni de daños ambientales. El nuevo reino de la soja se afianza.
El estado no protege a sus ciudadanos agricultores.
Un ejemplo
más de ello ocurrió este 10 de octubre en el lugar denominado Laterza Cue, o ex
Laterza, en el distrito Mariscal López del Departamento de Caaguazú. Una
comitiva fiscal-policial desalojó a 100 familias del lugar, sin importar que
algunas de ellas tengan 40 años de ocupación. Tampoco importaron que haya una
iglesia y dos escuelas en el lugar. Destruyeron los cultivos y árboles
frutales, incluso se llevaron algunos animales de los pobladores. La historia
se remonta a la época de la dictadura.
El terreno
de 3000 hectáreas donde se produjo el desalojo fue expropiado para la reforma agraria a cargo del entonces IRA (Instituto de
Reforma Agraria) que loteó la propiedad y procedió a la entrega a los
campesinos, unas 100 familias. Del resto de los lotes de unas 2000 hectáreas se
adueñaron o reservaron los políticos y autoridades. En ese entonces apareció un
terrateniente griego apellidado Ionidis, protegido por la dictadura, que se
apropió simplemente de toda la propiedad, procediendo a entregar los lotes no
ocupados a nuevas familias e incluso a
brasileños. Unos 20 años después, el griego convenció a los pobladores para
plantear un recurso de usucapión para poder titular la tierra. Se hizo así pero
el título salió a nombre de una sola persona, José Díaz Filho. Este señor vendió
la propiedad a la empresa Arcadia SA, con todos los pobladores adentro. Tras
sucesivos dueños la propiedad finalmente llega a ser adquirida por la empresa
Agrícola Entre Ríos (Bioenergy), que pidió y obtuvo el desalojo final. Apenas
consumado el desalojo sus maquinarias entraron a preparar la tierra para la
siembra de soja. ¿A quién importó la violencia del desalojo? ¿A quién importa
adónde irán los campesinos que perdieron sus casas, sus cultivos y sus
escuelas? Tenían 40 años de ocupación, se habían afincado con autorización del
estado, pero el estado no los defendió. Tampoco les asesoró para gestionar sus títulos en base al recurso de usucapión. La tierra fue
vendida con ocupantes y todo, así como se viene haciendo con las poblaciones
indígenas. Es posible que en este caso se hayan cumplido las formalidades
legales, pero el acto en sí induce a pensar que en Laterza Cue, acaba de
consumarse otro grave atropello a los derechos fundamentales de nuestros
conciudadanos campesinos.
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