PEREGRINAJE DISCRIMINATORIO
El Paraguay se destaca como una de
las pocas naciones que tiene a una lengua nativa como idioma oficial. El país es realmente bilingüe teniendo en
cuenta que el mayor porcentaje poblacional utiliza al mismo tiempo el
guaraní y el español. Incluso los que
solamente hablan en español, en general, también comprenden el idioma guaraní.
Ocurre algo similar con los que son guaraní parlante. Desde el 2005 el guaraní es el tercer
idioma del Mercosur, luego del castellano y el portugués. El idioma guaraní es
tema de estudios en Brasil, Argentina, Francia, Alemania y Estados Unidos. Esta
lengua ha aportado grandes conocimientos a la ciencia, en especial a la
botánica y a la medicina. ¿Pero qué pasa
con la población indígena en el Paraguay? Ese es el gran contraste, los
indígenas viven en la miseria, perseguidos y abandonados por el Estado a pesar
de importantes leyes consagradas en la misma Constitución Nacional a favor de
los mismos. Conforman 17 etnias localizadas en toda la geografía nacional con
una población de aproximadamente 100 mil personas. Los bosques han
desaparecido en gran parte y las comunidades sufren persecuciones y expulsiones
de sus tierras ancestrales por el avance de la ganadería y la agricultura
empresarial. Carecen de asistencia médica y de fuente de vida. Sus niños
padecen hambre y desnutrición. Y todo eso a pesar de que sus derechos están
consagrados plenamente en la Constitución Nacional de 1992, que en su Art. 64 dispone:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra,
en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus
formas peculiares de vida. El Estado les proveerá de estas tierras, las
cuáles serán inembargables,
indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de
garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas, así mismo, estarán
exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el
expreso consentimiento de los mismos” A pesar de estos contundentes derechos,
en estos días, como en tantas otras
ocasiones, sin orden judicial alguna, con peones armados de una empresa privada, fue arrasada una comunidad indígena en la zona de Itakyry,
Alto Paraná. Procedieron a quemar los ranchos y la escuela del lugar. Un atropello más, que tiende a quedar en la impunidad. ¿Qué pasará con la
justicia? El sistema de justicia
imperante es incapaz de proteger los derechos fundamentales de los sectores más
vulnerables. El Estado Paraguayo ya ha
sido advertido y castigado por reiteradas violaciones por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
En medio de esta situación lamentable, sin embargo, es también justo reconocer la existencia de
algunos signos positivos que emergen de las poblaciones indígenas en los
últimos tiempos, como por ejemplo, el hecho de contar con profesionales
universitarios y la concesión de becas y cupos a jóvenes indígenas para
ingresar a la Universidad Nacional de Asunción. Es además auspicioso que ya
estén pensando en una participación organizada en la política nacional con
pretensiones de acceder a la legislatura. Pero,
desgraciadamente, la discriminación miserable que sigue vigente ensombrece
estos esfuerzos. Eso queda demostrado, por ejemplo, con el caso del joven indígena Rehynol García, de la parcialidad
Chamacoco, que se graduó como médico en una Universidad de Venezuela a la que
concurrió con ayuda del Estado y de la que egresó con calificaciones
destacadas. En base a sus merecimientos académicos, incluso, se le habría ofrecido cargos directivos en
centros hospitalarios del mencionado país. Pero su decisión fue volver, por el deseo de ayudar a la comunidad que le vio nacer: Puerto
Diana de Bahía Negra, Alto Paraguay. Desde su regreso, hace dos años,
lamentablemente, no consiguió ninguna
contratación, por parte del Ministerio de Salud y por las exigencias del sustento
de su familia, nuestro joven médico se vio obligado a dedicarse a vender frutas y verduras en un puesto callejero de la
ciudad de Mariano Roque Alonso, donde vive en este momento. Y eso sin dejar de
prestar su servicio como médico voluntario en algunos puestos de salud. Es
terrible la forma en que este país discrimina a los pobres y en especial a su
población indígena. Es una tremenda
situación de injusticia que tiene que ser revertida cuanto antes.
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