LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Nuestro país ha tenido la experiencia de  vivir bajo uno de los gobiernos totalitarios más longevos de América y por lo tanto conoce lo que significa la imposición de la censura, la privación de todas las libertades,  incluida la de expresión, que se ha puesto en práctica a través de las torturas, las prisiones y el destierro para quienes osaron desafiar su acatamiento.  Es cierto, se ha derrocado al dictador, pero no se ha podido superar del todo los tentáculos del totalitarismo que siguen vigentes de manera solapada, impidiendo de alguna manera el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. ¿Es plena la libertad de expresión que tenemos en el país? Aparentemente sí. Pero no es como para bajar la guardia. La libertad de expresión, de la que deriva la libertad de prensa, es un derecho fundamental, un derecho humano, consagrado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  La libertad de prensa es la existencia de las garantías que permiten que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado.  Si bien la libertad de prensa no es absoluta, no se acepta la censura previa. Si la información difundida es falsa o a través de la misma se incita a la violencia o al delito, el informante puede enfrentar cargos ante la justicia. En nuestro país el primer riesgo que corre un comunicador que intente ser fiel a la veracidad de su información es la falta de garantía de la misma justicia con fuertes indicios de estar sometida a los poderes del estado, o a los poderes fácticos del orden económico o político.  El otro riesgo proviene del control de los medios de comunicación con la concentración de la propiedad de los mismos, de manera directa o indirecta, hecho que se está dando en nuestro país. Sobre este punto, la Declaración de Principios del Comité Interamericano de los Derechos Humanos, establece en el Art. 12, que: “Los monopolios u oligopolios de la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información a los ciudadanos” En Paraguay esas leyes no existen y el control y manipulación de los medios de comunicación por los sectores políticos predominantes, se hacen cada vez más patentes. En este momento existe un ejemplo claro del ejercicio del poder discrecional.  Es el caso del periodista Enrique Vargas Peña que por sus críticas al gobierno, fue despedido de los medios que pertenecerían al grupo empresarial del Presidente de la República. Va a otro medio y al poco tiempo, también resulta despedido porque el dueño no habría resistido la supuesta presión del titular del Poder Ejecutivo. El mencionado periodista recibió el apoyo de destacados colegas de nuestro medio. Oscar Acosta: “Pensar diferente, tener opinión política contra el poder, siempre tuvo alto precio pero nunca tan bajo y ruín” Menchi Barriocanal: “El disenso nunca puede dar lugar al atropello a la dignidad de las personas”  Igualmente el periodista Santiago González se expidió en términos parecidos (Diario Extra, edición del 24 de febrero del 2015) Uno puede estar de acuerdo o no con el periodista Enrique Vargas Peña, puede simpatizar o no con él, pero lo que se está haciendo con él es un intento de silenciarlo o de marginarlo. El mensaje es “no te metas con el poder” lo que significa que la libertad de prensa está en riesgo, es una libertad condicional o condicionada para los periodistas.  No se le plantea un juicio por lo que haya dicho, se le está obligando a la autocensura o a su desaparición como profesional de prensa. Es probable que ninguno de los medios esté en condiciones  de soportar presiones de esta naturaleza. Por  eso no se trata de un caso aislado. Interesa a toda la prensa. Interesa a toda la sociedad. La manipulación política de los medios de comunicación sigue vigente. Una vez más la libertad de prensa y de opinión está comprometida y amenazada en nuestro país.